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La empresa Montgar empezó la distribución de los paquetes electorales para los comicios del 5 de febrero, de los que 60 fueron para el voto de las PPL. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

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Actualizado el 

Para que más de 5.000 personas privadas de la libertad (PPL) sin sentencia ejecutoriada puedan votar en los comicios del 5 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá conocer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios y evaluar la posibilidad de instalar las Juntas Especiales Receptoras del Voto (JRV).

De acuerdo con el calendario electoral, el próximo 2 de febrero las personas privadas de la libertad que no tengan sentencia ejecutoriada ejercerán su derecho al voto tres días antes de las elecciones del 5 de febrero, cuando se votará por las autoridades de los gobiernos seccionales, de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y del referéndum de ocho preguntas de enmienda a la Constitución.

No obstante, los hechos de violencia registrados en las cárceles del país obligarán al Consejo Nacional Electoral a definir si existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo esta jornada.

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Desde el 11 de enero pasado, el organismo puso en vigencia un reglamento denominado para el Registro y sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada que establece los procedimientos para instalar las JRV.

En una de sus últimas disposiciones se determinó que para prevenir acontecimientos de violencia en el interior de los centros de privación de libertad que atenten contra la “integridad de los servidores electorales, debido a los graves hechos suscitados en la actualidad en los centros de Privación de la Libertad y Centro de Adolescentes Infractores, el Consejo Nacional Electoral solicitará al ente rector un informe pormenorizado que determine si existen las condiciones de seguridad para el ejercicio del sufragio, con el fin de evaluar la pertinencia de instalar las juntas receptoras del voto y llevar a cabo el proceso”.

La presidenta del Consejo, Diana Atamaint, aseguró que en conjunto con el Ministerio del Interior y otras autoridades de la Mesa de Seguridad están analizando las medidas preventivas, con ese efecto.

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“Estamos tomando medidas, buscando dar seguridad, no solamente el día de la votación para las PPL, sino también en las provincias en donde lamentablemente se puede advertir el nivel de inseguridad. Haremos lo posible para que se dé bajo absoluta normalidad y dar tranquilidad a la ciudadanía y a los funcionarios electorales”, manifestó Atamaint, al ser consultada sobre las acciones que se tomarán frente a posibles acciones violentas.

La Constitución en su artículo 62 numeral 1 establece que el voto será obligatorio para las personas mayores de 18 años y también lo ejercerán las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

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Es así que los registros oficiales señalan que hay 5.497 PPL sin sentencia ejecutoriada que están habilitadas para votar en estos comicios. De ellos, 5.174 son hombres y 323 mujeres.

Este total está distribuido en 43 centros de privación de la libertad en 20 provincias.

Para facilitar su derecho, el Código de la Democracia determina la creación de juntas especiales en los mismos centros.

Para adoptar los procedimientos, el reglamento mencionado dispone que estas juntas especiales estarán conformadas por dos servidores del CNE, quienes actuarán como presidente y secretario y serán designados por las juntas provinciales electorales.

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Asimismo, actuará una PPL que conste en el listado remitido por el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), que es la institución encargada del control de los centros carcelarios.

El director del centro penitenciario será quien elija a la PPL que integre esa mesa de votación observando sus aptitudes, comportamiento y nivel de instrucción.

Los miembros de la junta especial receptora del voto tendrán el resguardo de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional mientras se realice el proceso de votación.

Estas juntas especiales se instalarán en aquellas cárceles que cuenten con más de 50 PPL sin sentencia ejecutoriada y si no llegan a ese número, no se integrará la junta. No obstante, se permitirá el ejercicio del voto a través del procedimiento de sobre cerrado.

La normativa señala que el día de las elecciones, la Policía Nacional será la encargada de garantizar la seguridad en las cárceles que funcionen como recintos electorales.

El escrutinio de las papeletas se realizará en las juntas provinciales electorales el día de las elecciones, es decir, el 5 de febrero.

Para ello, la junta electoral designará previamente a tres ciudadanos, quienes nombrarán a un presidente y secretario y procederán al escrutinio a partir de las 17:00 del día de las elecciones. Luego, levantarán el acta de escrutinio para su procesamiento y difusión, recoge el reglamento.

Las juntas especiales se instalarán 30 minutos antes de la hora fijada para la votación y en el caso de las PPL que participen en estas instancias, recibirán una compensación económica en cumplimiento del reglamento para la selección de las JRV; es decir $ 40, que es el monto que fijó el CNE.

El general en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Wagner Bravo cree que el Consejo Nacional Electoral, en conjunto con las autoridades del Frente de Seguridad, deben implementar un operativo especial para la jornada de votación de estos ciudadanos.

Para evitar posibles actos violentos, Bravo consideró que debería mantenerse en secreto el momento en que se va a realizar el evento y que el CNE disponga a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que doten de seguridad las cárceles que serán recintos electorales.

Incluso, propuso que el Ejecutivo debería analizar la posibilidad de que ese día rija un estado de excepción para permitir el normal funcionamiento del sufragio.

“Los operativos para este procedimiento deben ser rigurosos y mantenerse en reserva los detalles, pues ingresarán personas encargadas de receptar los votos y lamentablemente las bandas criminales comienzan a organizarse para ingresar armamento, teléfonos y otros artículos… Es más, no debería anticiparse de que van a sufragar las PPL, pues ellos no se van a ir a ninguna parte, simplemente decirles a las 08:00 ‘por favor hacer una columna’, presentar su cédula y sufragar. Estamos frente a un grave nivel de violencia y con los anuncios de que habrá votaciones se están creando expectativas”, opinó Bravo.

De su parte, Diana Atamaint ofreció que en los próximos días se informarán las decisiones que tomará la autoridad electoral y las autoridades del Estado para llevar a cabo el proceso electoral. (I)

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