Para que más de 5.000 personas privadas de la libertad (PPL) sin sentencia ejecutoriada puedan votar en los comicios del 5 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá conocer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios y evaluar la posibilidad de instalar las Juntas Especiales Receptoras del Voto (JRV).