Aunque no hay una disposición legal específica que impida la renovación de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de un periodo electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hará consultas para decidir si avanza en los concursos públicos para elegir a esas autoridades y así no interferir en la organización de comicios futuros.
Esto, pese a que los actuales cinco consejeros están próximos a cumplir los seis años en funciones como lo ordena la Constitución, sin que se haya cumplido ni con la primera renovación parcial.
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La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, confirmó que dirigirá un oficio a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para que le informe si se encuentran en periodo electoral.
«Pediremos un pronunciamiento a la presidenta del CNE para que nos informe si se encuentran en periodo electoral, para tampoco interferir en el proceso, porque no podemos avanzar en el concurso si se encuentran en periodo electoral. Eso vamos a solicitar», dijo.
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Otra consulta jurídica se extenderá en los próximos días a la Procuraduría General del Estado para que aclare «si podemos avanzar en el concurso público de renovación», añadió.
Una de las transitorias del Código de la Democracia define al periodo electoral como el ciclo que integra todas las actividades y operaciones que se desarrollan, de manera ordenada, durante un lapso de tiempo dentro de las etapas preelectoral, electoral y poselectoral.
Este se inicia con la convocatoria a elecciones y se extiende hasta la fecha de posesión de las autoridades electas.
Sobre esa base, Bonifaz espera que el CNE le confirme si está en periodo electoral, pues está realizando las elecciones de vocales de juntas parroquiales en cantones de Pichincha, Manabí y Sucumbíos.
Luego, en febrero del 2024 iniciaría el periodo electoral para la organización de las elecciones presidenciales y legislativas del 2025, a la que se sumaría una consulta popular y referéndum que prevé proponer el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, entre febrero y marzo.
A propósito del trámite de un juicio político en la Asamblea Nacional, la anterior Comisión de Fiscalización consultó a la Procuraduría si podía avanzar en el proceso en contra de cuatro de los cinco consejeros, que estaban en periodo electoral para organizar las elecciones anticipadas presidenciales de este 2023.
La Procuraduría respondió que una vez que se ha iniciado el periodo electoral hay prohibición para cualquier autoridad extraña a la organización de las elecciones.
Esto, acorde al artículo 16 del Código de la Democracia, que establece que «ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales».
De esa forma, el organismo jurídico precisó que desde la convocatoria a elecciones y hasta la proclamación de resultados está «prohibido intervenir, directa o indirectamente» en la Función Electoral.
Para el catedrático y analista en la materia Esteban Ron, «no existe prohibición de ninguna circunstancia, mientras haya periodo electoral» para cambiar consejeros.
Si bien «no hay una determinación legal o inteligencia normativa de la Procuraduría que prohíba el cambio de consejeros mientras haya periodo electoral, se entendería que desde la existencia de una convocatoria a elecciones no se podría cambiar de autoridades por la trascendencia que llega a tener el proceso, pues empieza lo fuerte de una elección», opinó.
El CNE está integrado desde noviembre del 2018 por: Diana Atamaint, Esthela Acero, Enrique Pita y José Cabrera. Tras la renuncia de Luis Verdesoto se incorporó en junio del 2021 Elena Nájera, electa consejera suplente en el mismo concurso que realizó el extinto CPCCS de transición.
En el 2017, la Procuraduría puntualizó al Consejo de Participación Ciudadana que los vocales del Consejo Nacional Electoral «están sujetos a un periodo fijo de seis años».
Según los plazos establecidos en la Constitución, la primera renovación correspondía hacerse en noviembre del 2021 y la segunda debería concretarse en noviembre del 2024, cuando se cumplirá el periodo de seis años.
En cuanto a la posibilidad de interferir en un proceso electoral, el Código de la Democracia contempla dos artículos relacionados con las funciones del Consejo en esa fase, en los que no se hace referencia a la renovación de sus cinco vocales principales o suplentes.
El 16 antes mencionado y el artículo 19 que dispone que los miembros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) son servidores públicos sujetos a control ciudadano y enjuiciamiento político por incumplimiento de funciones.
Mientras ejerzan sus funciones «no podrán ser privados de su libertad, ni procesados penalmente, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales y de violencia de género sin autorización del pleno del CNE o del TCE, por requerimiento de la Sala correspondiente de la Corte Nacional de Justicia, de cuyo fuero gozan».
La Función Legislativa (Asamblea Nacional) no podrá designar reemplazos de funcionarios electorales destituidos por juicio político y estará impedida de iniciarlo una vez que se hubiere efectuado la convocatoria al proceso electoral y hasta que concluya con la proclamación de resultados.
Los cinco consejeros actuales están en funciones prorrogadas con base en un pronunciamiento de la misma Procuraduría para «garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y actividades institucionales» hasta que sean legalmente reemplazados.
En este 2023, el concurso para renovar a dos vocales avanzó con la conformación de la comisión ciudadana, que llegó hasta la calificación de méritos de 165 concursantes inscritos.
Pero, tras una acción de protección planteada por un expostulante, el proceso retrocedió hasta la primera etapa: la convocatoria y para que se haga con un nuevo reglamento.
Es decir, por orden judicial, el CPCCS debería aprobar una reforma reglamentaria y hacer una nueva convocatoria a postularse. Sin embargo, no se ha avanzado en esos procedimientos.
Además, se dejó abierta una evaluación a los miembros de la comisión ciudadana por reclamos de falta de transparencia en la calificación de méritos de varios postulantes y el poco acceso a información. (I)