En las vocalías suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hacen falta dos que no se posesionaron ante el pleno de la Asamblea Nacional: Eduardo Franco Loor y Jazmín Enríquez Castro.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está integrado por siete vocales principales y sus suplentes, quienes están en funciones desde el 14 de mayo de 2023, cuando fueron posesionados en la Asamblea Nacional. El acto se dio 72 horas antes de que esta fuera cesada por el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Los catorce vocales son producto de la votación popular de las elecciones seccionales y del CPCCS del 5 de febrero, cuyos resultados fueron proclamados y certificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en una resolución del 20 de marzo de 2023.

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Luego de recibir sus credenciales por parte del CNE, el 14 de mayo, se posesionaron ante la Asamblea como consejeros principales Augusto Verduga, Alembert Vera, Andrés Fantoni, Mishelle Calvache, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz; y Johanna Verdezoto, por los pueblos y nacionalidades.

Como suplentes: Juan Esteban Guarderas, Gonzalo Albán, Piedad Cuarán, Vielka Párraga y Ángel Chela, este último por los pueblos y nacionalidades.

Los ausentes fueron Eduardo Franco Loor y Jazmín Enríquez Castro, quienes no acudieron a ese acto formal y obligatorio.

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La Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 16, da un término de quince días para posesionarse del cargo público, contados a partir de la notificación; y, en caso de no hacerlo, caducarán.

Según Franco, no pudo viajar a Quito y, por ello, no se posesionó del cargo. Pero días antes, como consejero electo del CPCCS, se postuló a participar en el concurso público para la renovación parcial de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que realiza una comisión ciudadana.

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La convocatoria se publicó entre el 21 de marzo y el 3 de abril de este 2023, y Franco fue uno de los postulantes mejor puntuados en sus méritos, con casi 48/50.

Actualmente, el concurso está suspendido por efectos de una acción de protección que ordenó la repetición del proceso desde la fase de convocatoria a postulaciones.

Franco, abogado en libre ejercicio y defensor del exvicepresidente de la República Jorge Glas, sentenciado por hechos de corrupción en el caso Sobornos 2012-2016 en el gobierno de Rafael Correa, fue parte de la denominada “liga azul”.

Esta fue una coalición de candidatos entre Alembert Vera, Yadira Saltos, Augusto Verduga, Eduardo Franco y Vielka Párraga, cuyos nombres se divulgaron en redes sociales, mediante una polla electoral titulada “La liga azul”, que la auspició el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), liderado por el activista Rafael Correa.

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En el caso de Jazmín Enríquez, no se dio a conocer por qué no asistió a su posesión.

Los consejeros suplentes se principalizan de acuerdo con el total de votos obtenidos en una elección.

Es decir, en el caso de que se configure la ausencia definitiva o temporal de uno de los vocales principales, tanto hombres como mujeres, se principaliza el primer suplente que haya obtenido el mayor número de votos, y así sucesivamente. Los suplentes son:

  1. Juan Esteban Guarderas, con 769.974 votos.
  2. Eduardo Franco Loor, con 722.186.
  3. Gonzalo Albán, con 695.017.

De las mujeres:

  1. Jazmín Enríquez, con 957.869.
  2. Vielka Párraga, con 762.284.
  3. Piedad Cuarán, con 671.064.

En los pueblos y nacionalidades:

Ángel Chela, con 1′048.484.

Actualmente, los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana enfrentan un examen de la Corte Constitucional (CC) que determinará si hubo incumplimiento o no de un dictamen interpretativo del 2019 que les impide revisar las actuaciones de sus antecesores que integraron el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T).

La Corte Constitucional activó el seguimiento de este dictamen por la concurrencia de dos hechos. El primero, porque se aprobó un informe de investigación en contra de la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, quien pide la destitución de cuatro de los siete consejeros: Alembert Vera, Augusto Verduga, Johanna Verdezoto y Yadira Saltos, por votar a favor de ese informe en el que se menciona revisar los documentos que entregó la fiscal para ser electa en ese cargo.

El segundo punto, por disponer la formación de una veeduría ciudadana para revisar las actuaciones administrativas del CPCCS de Transición en la elección de los actuales jueces de la CC, acogiéndose al fallo de un juez de Montecristi (Manabí), Leiver Quimís, quien aceptó una acción de protección de una mujer que pidió crear dicha veeduría.

El último lunes, 25 de septiembre, se realizó la audiencia pública en la que el pleno de nueve jueces escuchó elementos de cargo y descargo en esta fase de seguimiento y evaluación de las actuaciones de los siete consejeros de Participación Ciudadana, funcionarios y el juez Leiver Quimís.

Los jueces tomarán su tiempo para deliberar internamente si contemplan medidas de reparación integral para hacer cumplir su dictamen o si evalúan disponer la destitución de los funcionarios por incumplimiento de su fallo, con base en el artículo 86, numeral 4, de la Constitución.

De producirse un desgrane en el pleno del CPCCS, de uno de los vocales hombres, asumiría el primer suplente, Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción y asesor del exvocal del Consejo Nacional Electoral Luis Verdesoto.

Guarderas impulsa en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia por presunta infracción electoral grave en contra de Alembert Vera, por su promoción política en redes sociales con el respaldo del movimiento Revolución Ciudadana, pese a que la Constitución y la Ley del Consejo de Participación Ciudadana lo prohíben.

En una primera instancia, el juez Guillermo Ortega no dio paso a su denuncia, alegando que el ordenamiento jurídico no controla la publicidad electoral en las redes sociales.

El accionante apeló a ese fallo y actualmente está en conocimiento del pleno del Tribunal para una sentencia en última y definitiva instancia.

La segunda suplencia fue de Eduardo Franco Loor, quien no se posesionó.

El tercer suplente es Gonzalo Albán, docente y exfuncionario de la Corporación Financiera Nacional y de la Prefectura del Guayas.

En el caso de las mujeres, la primer suplente es Jazmín Enríquez, abogada que laboró en la Empresa Pública Mancomunada del Trópico Húmedo y ha colaborado en asociaciones locales en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.

Vielka Párraga es abogada y docente. Fue asistente administrativa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Jipijapa (Manabí), entre el 2018 y 2019.

Ella también se postuló para ser vocal del Consejo Nacional Electoral en este último concurso público y obtuvo 46 puntos.

La última de las mujeres suplentes es Piedad Cuarán, funcionaria del CPCCS desde sus inicios, por el 2011, cuando lo presidía la exconsejera Marcela Miranda.

La vocalía suplente de los pueblos y nacionalidades le corresponde a Ángel Chela, que ha sido parte de organizaciones sociales y fue exservidor de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades entre el 2021 y 2022. (I)