Juez Walter Macías convoca para este viernes a audiencia contra dos vocales de la Judicatura acusados de tráfico de influencias

Una vez el juez Walter Macías retomó los casos que se encontraban en su despacho de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), una de las primeras decisiones que adoptó fue fijar el viernes 22 de septiembre próximo como la fecha para que finalmente se concrete la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de tráfico de influencias contra los actuales vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhayya.

Esta es la cuarta fecha definida para esta diligencia, pues anteriormente se difirió el 25 de agosto, el 7 y el 11 de septiembre pasados. Mercedes Caicedo fue la jueza que reemplazó a Macías, luego que el magistrado, el 19 de agosto pasado, fue destituido con solo los votos del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del vocal de ese organismo, Xavier Muñoz.

Antes de su destitución, Macías dispuso que la audiencia en la que se analicen si existen o no vicios que anulen lo actuado por la Fiscalía y se escuche el dictamen fiscal contra los procesados, se dé el 25 de agosto último. Desde ese primer llamado la audiencia no ha podido instalarse.

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En esta causa Macías como juez fue recusado y también denunciado administrativamente ante una supuesta manifiesta negligencia por la vocal Barreno. En el primer caso un juez de la Corte Nacional desestimó la recusación, mientras que con 17 votos a favor en el pleno de la CNJ no se aprobó el informe que recomendaba se declare la manifiesta negligencia de su compañero.

La investigación del denominado caso Vocales arrancó el 15 de junio de 2022, luego de conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del vocal Morillo, quien en presencia de la vocal Barreno pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución.

Jhaya, quien antecedió a Osejo en la presidencia de la Corte de Pichincha, estaría siendo implicado en el caso por supuestamente haber convocado a los funcionarios judiciales a la reunión.

La Fiscalía mantiene dentro de sus elementos de convicción para acusar a los tres procesados el testimonio anticipado de una jueza de Pichincha, el cual fue entregado a mediados de marzo pasado. La testigo, quien hace parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, sostiene que presenció la conversación investigada y asegura haberla grabado debido a que no se sentía ni cómoda ni segura de lo que se iba a dar en una cita a la que fue convocada por su “jerárquico superior”: Morillo, a ese momento presidente del CJ encargado.

Aparentemente la cita en la que estuvo Morillo, Barreno, Jhaya y otros se dio a inicios de junio de 2022, en una oficina ubicada en un edificio que estaba junto a la Corte de Pichincha, en el norte de Quito, pero no tenía nada que ver con la Función Judicial. De la conversación existiría el audio completo y el mismo sería parte del expediente.

“Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”, ha señalado en su momento la fiscal general, Diana Salazar, funcionaria contra quien la ahora exteniente político de la parroquia de Nayón, en Quito, emitió medidas de protección inmediata por una supuesta violencia de género de Salazar contra Maribel Barreno.

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En el documento firmado por la destituida teniente político Nancy Ruiz se prohíbe al “agresor” (Diana Salazar), por sí o por terceros, generar acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia (Maribel Barreno) o de cualquier integrante de su familia. También se dispone la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos de alerta en la vivienda de la mujer víctima de la violencia.

Desde la Fiscalía se calificó de ilegal la resolución de la teniente política de Nayón. Se aclara que el ejercicio de las atribuciones que ostenta el ente persecutor oficial del Estado, como el procedimiento de notificación de inicio de una investigación previa, que por mandato legal le corresponde cumplir, de ninguna forma se subsume en algún tipo de violencia de género, pues claramente este concepto no engloba el ámbito del ejercicio de las funciones y competencias constitucionales que posee la Fiscalía.

Freddy Ron, abogado en materia de género de la vocal Barreno, sostiene que existe una violencia permanente de Diana Salazar contra Maribel Barreno. Sostiene que si bien la violencia en contra de una mujer puede ser física, psicológica, sexual, también puede ser política y ejercida por entes privados y públicos.

Ron cree que en este caso existe una “violencia política por parte de Diana Salazar”. Para explicar lo que se estaría dando, pese a que el abogado reconoce la potestad de la fiscal general para notificar a Barreno dentro de la causa por el delito de obstrucción a la justicia, Ron califica que han existido “actos de hostigamiento” por parte de policías que para notificar la asistencia a una versión debieron cumplir con la normativa para ese procedimiento y no hacerlo ‘obstruyendo un ascensor en cuyo interior estaba una mujer’.

La Fiscalía anunció que al no estar sustentada en derecho la resolución de Ruiz, solicitará al órgano jurisdiccional la respectiva revocatoria. Hasta el momento no se conoce si las medidas administrativas de protección inmediata han sido revocadas.

Abogados consultados creen que de no resolverse este tema hasta antes del viernes próximo, la instalación de la audiencia en el caso Vocales podría ser incierta, ya que el tema de las medidas de protección podrían ser usados como argumento para separar a Diana Salazar de la causa penal por tráfico de influencias e incluso alcanzar a la relacionada con la obstrucción de la justicia, delito por el que son investigados los vocales Barreno y Muñoz, el presidente de la Judicatura, Terán, y otros cinco funcionarios de ese organismo.

Desde las 08:30 del próximo viernes 22 de septiembre están convocados a una sala ubicada en el mezanine de la Corte Nacional los sujetos procesales que actúan dentro del proceso penal del caso Vocales. (I)