Consejo de la Judicatura defiende permanencia ante anuncios de su eliminación por consulta popular

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, al presentar su informe de labores de 2021 defendió la constitución de este organismo de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial.Dijo que la gestión realizada en el 2021 permitirá a los asambleístas y a ciudadanos comprender la verdadera dimensión del trabajo y el rol trascendental dentro del Estado que tiene la institución que preside, que no es de reciente creación, sino que se debe a la Constitución de la República de 1992, y que vastos fueron los argumentos de orden político, técnico y jurídico que dieron paso a la conformación de la institución.El presidente de la República, Guillermo Lasso, no descarta una posible eliminación del Consejo de la Judicatura a través de una consulta popular para evitar conflictos que se presentan entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura.Maldonado en su exposición ante el pleno de la legislatura afirmó que el Consejo de la Judicatura cumplió con el país, que ningún Consejo de la Judicatura será recordado por haber respetado la independencia judicial como lo ha hecho este Consejo, que se ha demostrado control disciplinario riguroso.Como análisis del comportamiento disciplinario en el 2021 se registraron 66 destituciones entre funcionarios, servidores administrativos, jueces, fiscales y defensores públicos, anotó.En el informe de gestión de la Fiscalía General 2021, la máxima autoridad del organismo, Diana Salazar, destacó que hubo una ejecución presupuestaria del 99,84 % de un presupuesto que se ubicó en $ 141′388.207; que hasta diciembre de 2021 esa institución de justicia cuenta con 3.767 servidores y funcionarios, de los cuales 2.804 son misionales y 963 de apoyo.A diciembre de 2021, la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional gestionó un total de 200 casos, de los cuales 77 son nuevos, procesó a 122 personas, incautó 24 vehículos, una embarcación y más de $ 344.000.La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción gestionó 205 casos, 34 de los cuales se apoyan en la unidad Fuerza de Tarea. En las investigaciones fueron procesadas 137 personas, se incautaron más de $ 3 millones entre valores monetarios, vehículos y bienes inmuebles. Y en comiso sin sentencia se obtuvo más de $ 1 millón.En cambio, la Fuerza de Tarea gestionó 188 casos, de los cuales 169 continúan en investigación previa, los demás en instrucción fiscal, evaluación y preparatoria de juicio, y otros en juicio. En esta unidad existen 17 personas con sentencia condenatoria, dijo Salazar.A través de la Unidad de Antilavado de Activos se tramitaron 560 casos, de los cuales 32 tienen llamamiento a juicio y 8 sentencia condenatoria. Se registraron 132 procesados, se incautaron vehículos, bienes inmuebles y muebles que superan los $ 15 millones.Las seis fiscalías de fuero nacional gestionaron 951 casos, de ellos seis se investigan dentro de la fuerza de tarea, se ha procesado a 43 personas, de las cuales 17 se encuentran en instrucción fiscal; 2 llamados a juicio y 22 con sentencia condenatoria, se incautaron $ 140.000.Salazar destacó el papel que jugó la Fiscalía General del Estado dentro de los tres casos de alta connotación nacional: Las Torres, Helicópteros Dhruv y Freddy C.El procurador del Estado, Íñigo Salvador, al presentar su informe de gestión 2021 ante la Asamblea Nacional mencionó que en los últimos cuatro años la institución que dirige evitó el pago de $ 14.000 millones, en tanto que hay un pasivo contingente por $ 57 millones.Pero el funcionario aprovechó su exposición para hablar del proyecto de la Procuraduría del futuro como medio estratégico para la defensa jurídica del Estado, lo cual implica la creación de un cuerpo de procuradores del Estado que coordinarán y articularán a todos los equipos jurídicos de los organismos e instituciones del sector público, donde la Procuraduría será la entidad rectora.Para implementar ese nuevo modelo de gestión y el funcionamiento del sistema nacional de defensa jurídica del Estado, la Procuraduría tendrá una presencia institucional con oficinas en todas las provincias del país, articuladas por siete direcciones regionales. Este despliegue institucional en territorio permitirá la coordinación y el seguimiento en territorio de las actuaciones de los equipos jurídicos de las entidades del Estado.La implementación de la Procuraduría del futuro será progresiva y dependerá de la apuesta del valor constitucional que reconoce su autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. En el 2021 se socializó esta propuesta a nivel de los Gobiernos autónomos descentralizados, estudiantes y sociedad civil.El monto promedio anual que demandará la implementación de este nuevo modelo de gestión es de $ 6 millones adicionales a su presupuesto ordinario, anotó el procurador.Íñigo Salvador destacó que en el ámbito de la representación judicial y patrocinio del Estado y sus instituciones ante jueces y tribunales nacionales, durante el 2021, se registraron 114.939 causas activas, de las cuales 20.000 fueron procesos nuevos y se obtuvieron 12.433 sentencias que en un 58 % fueron favorables para el Estado.En cuanto a la defensa jurídica del Estado en asuntos internacionales y arbitraje, la gestión en el 2021 da cuenta de que hay 86 procesos activos, de los cuales 10 se refieren a arbitrajes en materia de inversión, 13 arbitrajes comerciales, 15 a juicios en sede extranjera, 7 a procesos ante el tribunal de justicia de la comunidad andina y 40 notificaciones de controversias.Respecto de la representación del país ante eventuales demandas presentadas contra el país por violación de derechos humanos, hasta el 31 de diciembre de registraron 321 causas activas, de ellas 35 son nuevas y 4 están en etapa e admisibilidad.Tras la comparecencia de los funcionarios, el pleno de la legislatura encargó a las comisiones de Transparencia y Participación Ciudadana; Régimen Económico y Tributario; Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; y, a la Comisión de Justicia para que analicen los informes presentados y que en un plazo de 30 días. (I)

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