Los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) discutían ayer la respuesta que darán a la Contraloría y Fiscalía del Estado respecto a los procedimientos de investigación que quieren hacer al sistema informático de proclamación de resultados de las elecciones generales del 7 de febrero.

El domingo pasado sí habían llegado a un acuerdo para entregar a la Fiscalía la información de la base de datos de los comicios, dentro de la investigación previa abierta por una denuncia penal planteada por dirigentes del movimiento Pachakutik (PK), que alegan un presunto fraude electoral.

Aunque ese pacto interno se había “roto” por la presidenta, Diana Atamaint.

El consejero Luis Verdesoto lo reclamó ayer en un memorando dirigido a su colega, que lo hizo público en su cuenta de Twitter.

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Relató que el domingo los vocales resolvieron hacer dos copias certificadas por notario público de la base de datos para entregarlas a las 08:30 de ayer.

Pero Atamaint “en una decisión arbitraria suspendió” el procedimiento.

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La Fiscalía tiene pendiente ejecutar este “acto urgente” que tuvo la autorización del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera, para que “se registre y se retenga” la base de datos del CNE y se realice una pericia informática forense y una recolección digital de la información.

El consejero José Cabrera expresó su postura personal respecto de estas diligencias, y anticipó que se está preparando una respuesta no solo a la Fiscalía, sino a la Contraloría, que el sábado último también les solicitó que aprueben una resolución para hacer una auditoría informática, porque reconoció que se encuentran en periodo electoral.

Cabrera no está de acuerdo con esas acciones y evidenció su extrañeza de que quisieron hacerlas justo cuando se proclamaron resultados de la dignidad de binomio presidencial, en los que, según el CNE, con “resultados definitivos pasan a la segunda vuelta Andrés Arauz de la alianza UNES y Guillermo Lasso de CREO-PSC”.

“Fiscalía quiere entrar a las bases de datos en pleno proceso electoral. Nos causaría problemas”, dijo ayer en una entrevista en radio Sucesos.

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En tanto, el pedido de la Contraloría tampoco sería factible, porque no terminan de cerrar resultados de la primera vuelta. Pero tras el balotaje del 11 de abril, “las puertas estarán abiertas, y voy a solicitar que todos los respaldos se mantengan para que puedan hacer la auditoría”, explicó.

Verdesoto cree que sí puede auditarse, pero en un plazo de siete días (y no en 20 días como ofreció la Contraloría) y con observadores internacionales.

Y, aunque la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) no se pronunció en su informe preliminar de la elección sobre estos hechos, sí dejó sentada su preocupación de que otras entidades ajenas al proceso electoral intervengan.

Refirió que, a pocos días de la jornada electoral, la Fiscalía solicitó de oficio información sobre un supuesto financiamiento ilícito a la campaña del candidato Andrés Arauz, recogido en la revista Semana de Colombia.

“La Misión considera que son los órganos electorales los que deben asumir las competencias. La Misión ve con preocupación el hecho de que otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de los organismos electorales y la propia elección, y generar posibles interferencias, lo que está además proscrito” en el Código de la Democracia.

Y también observó las “tensiones” entre los cinco consejeros del CNE y les entregaron recomendaciones para mejorar la comunicación interna, aunque no todas habían sido cumplidas.

“Los consejeros emitieron pronunciamientos que resultaron contradictorios, confusos o que reflejaban falta de unidad institucional. La ausencia de una estrategia de comunicación institucional y la relación compleja (...) se tradujo en falta de certeza en algunos aspectos del proceso y, según ciertos actores, causó desconfianza”, cita el informe.

En medio de estos incidentes, dos consejeras están ausentes: la vocal principal, Esthela Acero, que anunció que se ausentará (con cargo a vacaciones) hasta el 2 de marzo; y su reemplazo, Mérida Nájera, que no ha participado en las últimas sesiones plenarias. (I)