Un análisis al financiamiento de la campaña presidencial de 2021 de Guillermo Lasso, candidato por la alianza entre el movimiento Creando Oportunidades (Creo) con el Partido Social Cristiano (PSC), reveló que 12 de las 17 personas que aportaron a la campaña -incluyendo al actual jefe de Estado- ocupan u ocuparon cargos públicos en el Gobierno Nacional.

El informe fue elaborado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FDC), a través del Observatorio de Gasto Público y del Observatorio al Financiamiento de la Política.

Se examinaron los reportes entregados por el equipo del actual presidente de la República al Consejo Nacional Electoral (CNE) y se revisaron los aportes realizados por el sector privado a la campaña de Lasso, con el fin de transparentar el origen de cerca de $ 1,2 millones recaudados y el uso que tuvo ese dinero, precisa el documento.

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También se estudiaron las bases de datos públicas de diferentes entidades gubernamentales, principalmente los reportes quincenales de ingresos y gastos de campaña presentados por las organizaciones políticas ante el CNE. Y se exploraron nóminas del sector público desde mayo de 2021 a diciembre de 2022.

Entre los 17 contribuyentes se recaudó un total de $ 1′164.230 para toda la campaña electoral, en primera y segunda vuelta. Quien más recursos entregó fue el propio Guillermo Lasso, con varios aportes que sumaron $ 460.000, equivalentes al 39,5 %.

Después del candidato, las dos personas que más dinero transfirieron fueron su hermano Carlos Lasso Mendoza, con $ 350.000, y su cuñado Danilo Carrera Drouet con $ 250.000. Ninguno de los dos ha ejercido cargos en el Estado desde que asumió Guillermo Lasso.

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Los hermanos Lasso Mendoza y Carrera Drouert financiaron el 91 % de la campaña presidencial, destaca el informe de la FDC.

Actualmente, Danilo Carrera está en el centro de la polémica por la investigación del caso Encuentro relacionado con presuntos actos de corrupción en el sector público, que salpican al Gobierno.

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En la lista de los 12 aportantes que pasaron a la función pública, una vez que Lasso llegó a Carondelet, constan Eduardo Bonilla Salcedo, exsecretario de general de Comunicación de la Presidencia del 24 de mayo de 2021 al 16 de junio de 2022. Bonilla entregó a la campaña presidencial $ 9.980, además fue director de comunicaciones en las campañas de 2017 y 2021.

Fabián Pozo Neira, exsecretario general jurídico de la Presidencia, entre el 24 de mayo de 2021 y el 9 de febrero de 2023, aportó a la campaña de Lasso $ 9.970. Ha sido mencionado en el caso Danubio, una investigación acerca de tráfico de influencias y ofrecimiento de cargos en distintas instituciones públicas.

Sergio Iannuzzelli Lecaro dio $ 7.000. El 28 de mayo de 2021 se convirtió en subsecretario general de Despacho Presidencial. De Ralph Suastegui Brborich salieron $ 4.990 para la campaña y el 31 de agosto de 2021 asumió la gerencia de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Fernando Villacís Cadena contribuyó con $ 10.090. Desde el 1 de junio de 2021 es el titular de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

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Otras personas que dieron dinero a la campaña y luego ingresaron al sector público fueron Omar Zambrano Zambrano ($ 11.580), jefe político de la Gobernación del Guayas, del 15 de julio de 2021 al 1 de abril de 2022. Y Edmundo Valdez ($ 4.000), analista de auditoria y control económico de la Agencia de Regulación y Control de Energía.

Para los comicios de 2021 el límite de gasto electoral se fijó en $ 5′238.660 para la primera vuelta y $ 2′095.864 para la segunda. De acuerdo con el Código de la Democracia, los aportes de personas naturales pueden financiar el gasto electoral hasta un 5 % y el aporte del candidato no puede superar el 10 %.

Entre las conclusiones que arroja el informe de la FCD resalta que la recaudación de fondos de origen privado para la primera y segunda vuelta no supera el límite de gasto electoral.

El exsecretario de Comunicación, Eduardo Bonilla figura fue la personas que receptó los fondos recaudados para la campaña, a través de la empresa Lettera, de la cual es presidente y accionista. Esta firma, además, fue la principal beneficiaria de los gastos de la campaña de Lasso.

Ninguna empresa vinculada con alguno de los aportantes registra contratos con el Estado desde el 24 de mayo de 2021, cuando Lasso asumió la Presidencia, hasta diciembre de 2022.

Por otro lado, la FDC advierte que en los montos iguales o superiores a $ 10.000 no se cuenta con un mecanismo que genere alertas sobre el origen del dinero entregado en montos que no superen el techo legal más allá de la declaración pública del aportante o los reportes de la organización política. Dichas declaraciones no son públicas en el portal web del CNE.

A dos años de los comicios de 2021 no existe hasta el momento un registro público del CNE sobre el examen a los informes de la liquidación de ingresos y gastos para la campaña.

Frente a ello, la FDC sugiere reformar la norma electoral a fin de fijar un plazo máximo para la revisión, aprobación y difusión de los informes consolidados de ingresos y gastos de campaña.

Propone además que se obligue a las organizaciones políticas a solicitar a los aportantes la entrega del formulario de origen lícito de fondos, cuando sus contribuciones económicas sumen $ 10.000. (I)