Este 14 de abril, el presidente de la República, Guillermo Lasso, pidió a la Corte Constitucional iniciar la fase de seguimiento del Dictamen 1-23-DJ/23 referente al juicio político en su contra y que se procesa en la Asamblea Nacional a nivel de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

La comisión, el pasado 4 de abril, conoció la solicitud de juicio político planteada por los legisladores Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID), por presunto delito de peculado que se habría cometido en los contratos para el transporte de hidrocarburos entre Flopec y Amazonas Tankers.

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El presidente de la República, Guillermo Lasso, fue notificado del juicio el pasado 6 de abril y desde esa fecha corre el plazo de diez días para que presente las pruebas de descargo y además conteste las acusaciones. Ese plazo vence el domingo 16 de abril.

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Petición

En el oficio que remitió el presidente de la República, Guillermo Lasso, y que también lo suscribe su abogado, Édgar Neira Orellana, señala que el dictamen de admisibilidad del juicio político es vinculante para la Asamblea Nacional y es preceptiva para todos los asambleístas y para la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Por tanto, los cargos de la acusación para enjuiciamiento político por supuesto delito de peculado quedaron fijados en los hechos conclusivos enunciados en los numerales 93, 94, 97 del dictamen de la Corte Constitucional. Los hechos conclusivos determinados en el dictamen son expuestos más adelante.

En el escrito, el primer mandatario alerta a los jueces: “Varios asambleístas que promueven el juicio político en mi contra han mostrado comportamientos desafiantes respecto del dictamen de la Corte Constitucional y su interés manifiesto de ventilar un debate referido a aspectos relativos a la confianza en el Gobierno, al endeudamiento externo y a otros temas que se apartan del objeto del juicio”.

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La gravedad de estos hechos que amenazan al estado constitucional de derechos y que desnaturalizarían la institución del juicio político exige una intervención vigilante de la Corte Constitucional para que haga cumplir su dictamen, sostiene el mandatario.

“Pido especialmente tener en cuenta el carácter extraordinario de juzgamiento político al presidente, inédito en la historia republicana del Ecuador, no solamente porque el otro caso, excepcional, ocurrió hace noventa años, cuando el 17 de diciembre de 1933 el Senado de la República enjuició políticamente y declaró vacante el cargo de presidente que a la fecha ocupaba Juan de Dios Martínez Mera, sino fundamentalmente porque así, con carácter excepcional y restrictivo, ha sido pensado y establecido este instituto jurídico constitucional que, bajo ningún respecto, mide un voto de confianza o popularidad, como pretenden con insistencia asambleístas que irrespetan las reglas constitucionales”, indica el oficio remitido a la Corte Constitucional.

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Este es el segundo pedido de seguimiento y control constitucional que se presenta ante la Corte Constitucional durante el procesamiento del juicio político al primer mandatario. El primero en presentar la solicitud fue el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, con fecha 7 de abril.

En ese escrito, Villavicencio señaló que ninguno de los asambleístas solicitantes del juicio político respetó a cabalidad lo dispuesto en la providencia de la Comisión de Fiscalización emitida el 3 de abril relativa a la singularización de la prueba, contraviniendo el dictamen constitucional. (I)



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