El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, interpuso un recurso de acción de protección en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), por su decisión de suspenderlo 90 días en el ejercicio de sus funciones al tramitar dos denuncias en su contra.

Iván Saquicela ingresó este 22 de mayo en Cuenca (Azuay) una acción de protección con medida cautelar que recayó para su tratamiento en el despacho del juez Carlos Jervez Puente, de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la mujer, o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva.

Jervez convocó a la audiencia de sustanciación el próximo jueves 26 de mayo a las 11:00 en el Complejo Judicial de Cuenca; y resolvió negar la solicitud de medida cautelar, porque no se verificaron los presupuestos de admisibilidad.

Saquicela pretendía con esa medida cautelar que se suspendan los efectos de la sanción, sin embargo, el juez Jervez argumentó que esta está vigente y que se ha confundido una medida tutelar por cautelar. “Se considera que existe un daño grave verificable al haber sido suspendido como medida cautelar dentro de un proceso disciplinario seguido en su contra, esta solicitud guarda relación con la pretensión de la acción misma, acción que pide se deje sin efecto el acto que la contiene, del texto de la demanda se aprecia que la señalada medida ha empezado a surtir efectos, en consecuencia, no podríamos hablar de una amenaza, sino de hechos en curso, por lo que se solicita una medida de carácter tutelar y no cautelar, confundiéndose con el fondo mismo de la presente acción”, señala el fallo.

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La medida se planteó en contra de los vocales Fausto Murillo, presidente de la Judicatura; José Morillo; la vocal suplente Yolanda Yupangui, quienes votaron por sancionarlo; y del director del organismo, Santiago Peñaherrera.

El presidente de la CNJ informó de esta acción en su cuenta de Twitter, en la que argumentó que se vulneraron “burdamente” sus derechos y se ha afectado a la Función Judicial. “Presenté una acción constitucional en el lugar de mi domicilio, Cuenca. Como hombre de derecho me defenderé personalmente, el Ecuador podrá escuchar mis argumentos en audiencia pública y a la luz del día”, expresó.

El conflicto entre la CNJ y la Judicatura se ahondó este 16 de mayo, cuando Saquicela anunció que retiraba la terna que envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que designe a la vacante del CJ, luego que María del Carmen Maldonado renunció en febrero pasado.

Su reclamo es que se cumpla el artículo 179 de la Constitución, en la que se establece que el CJ se componga por delegados elegidos por ternas enviadas por la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Presidencia de la República y, del delegado de la Corte Nacional de Justicia, quien debe presidir el organismo.

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Con la renuncia de Maldonado asumió la presidencia Fausto Murillo, quien provino de una terna de la Legislatura, cuando se realizó el proceso de designación en el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, en el 2019.

Por ello, Saquicela exige que se elija al nuevo vocal para que el electo presida el Consejo de la Judicatura.

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Sin embargo, el CPCCS no ha avanzado en el proceso de designación, y luego de tres meses de tener la terna no la han conocido en su pleno.

Recién el domingo último, el presidente del Consejo, Hernán Ulloa, convocó a la instalación de una sesión extraordinaria este lunes, 23 de mayo, a las 18:00, para resolver sobre un criterio jurídico de los abogados del organismo, que recomiendan no realizar el proceso de designación de un nuevo vocal.

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Argumentan que existe un fallo de la Corte Constitucional (CC) que blindó las designaciones que realizó el CPCCS Transitorio, en las que se designó a los miembros del órgano administrativo de la función Judicial.

Finalmente, el 20 de mayo último, la Judicatura tramitó dos denuncias planteadas en contra de Saquicela procediendo a su suspensión del cargo por 90 días, al haberse determinado que habría incurrido en infracciones disciplinarias contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Una de ellas fue presentada el 19 de mayo por Álex Guamán, al no dar trámite al proceso de extradición del expresidente de la República Rafael Correa, desde Bélgica, quien es un sentenciado a ocho años de cárcel dentro del caso Sobornos 2012-2016.

Otra denuncia fue planteada el 18 de mayo por el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, procesado por un delito sexual, quien reclama que no se ha conformado en los últimos cuatro meses el Tribunal que resuelva sobre la caducidad de la prisión preventiva, lo que implicaría una “denegación de justicia”. (I)