Entre el miércoles y jueves el Comité de Ética de la Asamblea Nacional se instalaría para proceder con la práctica de pruebas en la investigación que se realiza a la asambleísta Bella Jiménez (independiente), por presunta gestión de cargos públicos.

La Comisión ha conocido y calificado alrededor de 20 pruebas presentadas por los asambleístas denunciantes, Alejandro Jaramillo (Izquierda Democrática) y Victoria Desintonio (Unión por la Esperanza), en contra de Jiménez, quien es además segunda vicepresidenta de la Legislatura.

Ella ha planteado al menos trece pruebas, entre ellas, el pedido de testimonios para ejercer su defensa.

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Jaramillo y Desintonio acusan a Jiménez por presumiblemente haber gestionando cargos públicos, incurriendo en la prohibición señalada en el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL); y en el numeral 4 del mismo artículo, sobre cobrar por ello.

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Hasta el viernes pasado, las partes debían entregar sus pruebas de cargo y descargo en este proceso, que están en fase de calificación por parte del Comité.

El asambleísta Jaramillo solicitó que se le entregue la grabación del 15 de mayo, cuando Jiménez fue nombrada segunda vicepresidenta y dio un discurso en el que nombró a sus colegas “héroes de la patria”.

El objetivo es remitir la grabación a la Policía Nacional para que realice una pericia para el reconocimiento de voz de Jiménez, con el audio que consta en la publicación de los medios de comunicación Periodismo de Investigación y la Historia EC, que revelaron chats, audios y presuntos cobros por gestionar cargos.

También solicitó la notarización y calificación de estas publicaciones periodísticas; y en el caso de la solicitud a dos instituciones financieras de que remitan información sobre depósitos a cuentas bancarias, estas no se entregaron por el sigilo bancario.

Como prueba de cargo se llamó al ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, para que comparezca, ya que es nombrado en un audio con la supuesta voz de Jiménez; se plantean los testimonios de los ciudadanos Pablo Luna Fuentes y Jorge Peláez Jiménez, que estarían involucrados en el caso.

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Desintonio, por su parte, planteó como pruebas que se convoque a la exasistente de Jiménez, Scarlett Lindao, quien la denunció en la Fiscalía por presunta concusión.

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Lindao denunció que la asambleísta le habría ofrecido un cargo por cuatro años en su despacho por $ 6.000. Sin embargo, tiempo después habría sido desenrolada del cargo.

En ese sentido, Desintonio pidió que el departamento de Talento Humano de la Asamblea Nacional certifique la motivación de por qué Jiménez dio por terminada la relación laboral.

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La asambleísta denunciada pidió la prueba testimonial de funcionarios de la Asamblea; de su denunciante Victoria Desintonio; del ministro Cabrera y de la ministra de Salud, Ximena Garzón; de Lindao, de Fuentes, de Jimmy Jiménez.

El viernes pasado, Jiménez difundió un comunicado en el que aseguró que las denuncias de Jaramillo y Desintonio y las pruebas que presentan carecen de validez probatoria, pues se basan en notas de prensa “cuyas fuentes son endebles y fácilmente manipulables”.

Además reprochó a la Fiscalía General de perseguirla. “Mi familia y yo hemos sufrido atropello y vejámenes con el único fin de amedrentarme, puesto que en la incipiente investigación no existe sustento alguno para proceder con allanamientos”, señaló la legisladora.

El pasado 3 de septiembre, agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron ocho allanamientos en Quito y Guayaquil, uno de ellos al despacho de Jiménez, en el marco de la investigación de la denuncia que presentó el legislador Fernando Villavicencio (independiente) en su contra por presunta concusión. (I)