La Comisión de Fiscalización pidió cinco días más de prórroga para presentar el informe respecto al juicio político en contra de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), acusados de supuesto incumplimiento de funciones.

La mesa de Fiscalización tramita esta solicitud de juicio planteada por los legisladores Ricardo Vanegas, José Chimbo, Mireya Pazmiño y Ángel Maita, todos pertenecen a la bancada Pachakutik. Si bien ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se plantearon dos pedidos de interpelación para cuatro y siete integrantes del CPCCS, la Comisión de Fiscalización resolvió unificar las solicitudes y lo tramita como un solo juicio.

Las acusaciones están dirigidas a los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, Juan Dávalos, David Rosero y Francisco Bravo. Todos acudieron a presentar las pruebas de descargo, y ahora corresponde a la mesa de Fiscalización procesar la información y el testimonio de los convocados, y con base en ello presentar el informe correspondiente para conocimiento del pleno.

Comisión de Fiscalización cierra etapa de prueba de cargo y descargo dentro del juicio político a los siete consejeros del CPCCS

Este 1 de noviembre con seis votos se aprobó la moción planteada por el legislador Pedro Velasco (BAN), quien pidió que se aplique el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se establece que la Comisión, de considerarlo necesario, podrá solicitar al presidente de la Asamblea una prórroga de hasta cinco días adicionales para la remisión del informe.

El grupo asesor de la mesa de Fiscalización informó que existe un avance del 75 % en la elaboración del informe borrador, que al momento se cuenta con toda la estructura como objeto, antecedentes, la base legal para el tratamiento del juicio político, las causales, la presunta responsabilidad política, se recogieron las comparecencias efectuadas, argumentos de cargo y de descargo.

Lo que resta es elaborar las conclusiones, recomendaciones y resolución final, para lo cual se reunirán los equipos asesores de los legisladores que integran la comisión.

Acusaciones planteadas

- Supuesta arrogación de funciones al reformar el reglamento de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, cuando el proceso se habría iniciado.

- Ausencia de transparencia en el proceso de designación del cargo de superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

- Remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura.

- Irregularidades en el proceso de designación del cargo de superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

- Supuesto conflicto de interés en la designación del defensor del Pueblo, César Córdova. (I)