La Comisión de Fiscalización, este 28 de octubre, cerró la etapa de actuación de las pruebas de cargo y de descargo dentro del juicio político en contra de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), acusados por supuesto incumplimiento de funciones.

Concluida esta etapa, la mesa de Fiscalización tiene cinco días de plazo para presentar un informe al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, donde se tendrán que detallar motivadamente sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al pleno de la Asamblea Nacional el archivo de trámite o el inicio del juicio político. Pero la Comisión puede pedir cinco días adicionales de prórroga para la remoción del informe.

Durante tres días, los consejeros acusados: Sofía Almeida, David Rosero, Juan Dávalos, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, tras sus exposiciones, solicitaron el archivo de la solicitud de juicio, porque a su criterio no incumplieron sus funciones, como los acusan.

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El último en exponer sus pruebas de descargo fue el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, quien dijo que la institución a su cargo actuó con transparencia en la convocatoria para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

Una de las acusaciones que se presentaron dentro del juicio fue haber modificado el reglamento para la designación del contralor cuando el proceso había ya empezado, lo cual fue refutado por cuatro consejeros que fueron acusados por esta causal: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

Ulloa informó que el concurso para designar al contralor recién fue convocado, y que este 28 de octubre se procedió a la posesión de los integrantes de las comisiones ciudadanas de selección, quienes llevarán adelante el concurso. Por lo tanto, mal se podría afirmar que hubo cambios en el reglamento luego de la convocatoria a los postulantes a ocupar la máxima autoridad de ese órgano de control.

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De su lado, la vicepresidenta del CPCCS, María Fernanda Rivadeneira, defendió su accionar al frente del CPCCS, y también afirmó que el proceso de selección del contralor del Estado no ha comenzado; que este se inicia con la convocatoria para que los ciudadanos presenten su postulación; y que, de momento, no se ha convocado.

Respecto a la acusación sobre la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias, dijo que no aprobó el informe de admisibilidad de requisitos; que su delegado, Roberto González, votó en abstención en ese informe, pero que luego designó a Iglesias porque el concurso siguió, pues su facultad es elegir.

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En la acusación sobre la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura dijo que actuó por un acto administrativo solicitado por el exministro del Trabajo Andrés Isch.

Francisco Bravo, consejero del CPCCS, indicó que no se configura ningún incumplimiento de funciones en la designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial, pues no se valoraron los méritos, sino requisitos de idoneidad.

Que esa designación se realizó cinco meses después de la destitución de Christian Cruz como consejero, y que menos se puede hablar de conflicto de interés entre el consejero Francisco Bravo y Pablo Iglesias. “No tengo vela en ese entierro”, anotó.

En esta exposición, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, expuso documentos respecto a la empresa ACME, donde aparece como propietario Christian Cruz, expresidente del CPCCS. Según las aseveraciones de los interpelantes, Ricardo Vanegas y José Chimbo, el actual superintendente, Pablo Iglesias, realizó doce trabajos de consultoría a la empresa ACME, lo que configuraría un conflicto de interés.

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Las acusaciones también se refieren a la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, donde la consejera Ibeth Estupiñán manifestó que se cumplió con un requerimiento del exministro del Trabajo Andrés Isch, quien notificó al CPCCS que Murillo registraba impedimento para ejercer cargo público, y que para ello se solicitó un informe a la coordinación de asesoría jurídica del Consejo, que confirmó la existencia del referido impedimento. Que se garantizó el derecho a la defensa.

La consejera Sofía Almeida también justificó la actuación del CPCCS en torno a la remoción de Murillo por pedido del ministro Isch, porque dijo que estaba impedido de ejercer cargo público. Que ese proceso cumplió todos los requisitos legales y constitucionales y garantizó el derecho a la defensa.

También sostuvo que en la designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial no hubo conflicto de interés, porque ese acto se ejecutó cinco meses después de la censura y destitución de Christian Cruz como presidente del CPCCS.

El consejero Juan Javier Dávalos también se refirió a la designación del superintendente Pablo Iglesias. Dijo que la responsabilidad de revisar la documentación de los postulantes corresponde al equipo técnico, el cual revisó todos los requisitos e inhabilidades establecidas en la ley y elaboró un informe en el cual se basó el pleno del Consejo y lo aprobó por unanimidad. (I)