Nuevamente, la Comisión de Fiscalización suspendió la sesión en la que se preveía conocer y resolver sobre el trámite de la solicitud de juicio político contra el exministro de Economía Pablo Arosemena, luego de una acción de protección concedida por un juez constitucional que determinó una violación de derechos cuando se archivó el proceso.
Esta es la segunda vez que se suspende la sesión de la mesa para conocer la solicitud de interpelación presentada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón, quien pidió la intervención judicial para que se permita agregar nuevas firmas de respaldo al juicio contra Arosemena, tomando en cuenta que algunas fueron retiradas.
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El trámite de los juicios políticos, desde el 3 de septiembre pasado, cuando la Asamblea Nacional reactivó las sesiones ordinarias tras un receso legislativo, enfrenta una serie de problemas relacionados con las decisiones jurídicas respecto de dichos procesos. Todo esto luego del dictamen del juez Édgar Romero, quien otorgó una acción de protección y ordenó a la mesa de Fiscalización retrotraerse en el trámite hasta conocer tres procesos archivados en la Comisión.
Entre los asambleístas miembros de la mesa existe confusión en las decisiones que toman respecto de los juicios políticos tanto en la Comisión como en el pleno de la Asamblea, porque mientras la mesa resolvió acatar el dictamen de juez, en el pleno del Parlamento rechazó la sentencia del juez Romero y dispuso continuar con el proceso de juicio político.
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En la sesión de este 18 de septiembre de 2024, el legislador y vicepresidente de la mesa, Luis Alvarado (ADN), planteó un cambio en la agenda del día para que la Comisión de Fiscalización revise el orden de prelación en la presentación de las solicitudes de juicio político, pues el sector oficialista considera que antes del juicio político a Pablo Arosemena estaba la solicitud de juicio contra la exsecretaria de la Senescyt Andrea Montalvo.
Alvarado expuso que la secretaría general de la Asamblea determinó que el orden de prelación para el trámite de juicios le corresponde a la exsecretaria de la Senescyt y luego vendrá el proceso contra el exministro de Economía y Finanzas.
Antes de someter a votación el cambio en el orden del día, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, abandonó la sala señalando que con dicha modificación se pretende burlarse de la sentencia del juez y modificar el orden en el trámite de los juicios políticos. Y recordó que la Comisión de Fiscalización semanas atrás ya definió el orden en el trámite del juicio a Arosemena, y que este miércoles 18 de septiembre con un cambio en el orden del día se pretende modificar cuando la resolución ya fue reconsiderada.
“Quieren volver a cambiar el orden de los juicios, eso es una burla para el país, porque ya no les basta lo que dice la resolución y la sentencia”, afirmó Aguirre, tras señalar que ahora resulta que en la Comisión existen tres posiciones sobre la prelación de los juicios políticos: la certificación del secretario general de la Asamblea, la sentencia del juez Édgar Romero y la resolución aprobada por la Comisión de Fiscalización.
Indicó que la mesa, con su voto en contra, definió una prelación y el vicepresidente de la Comisión, Luis Alvarado, notificó al juez el cumplimiento de la sentencia con la prelación definida mediante resolución; y resulta que en la sesión de este 18 de septiembre se pretende nuevamente cambiar el orden en que deben ser tramitados los juicios.
“Es error tras error, ilegalidad tras ilegalidad y el cambio del orden del día, definitivamente, no procede porque el juez ya la definió y lo ratificó el pleno de la Comisión; por lo tanto, me niego a reconsiderar lo ya reconsiderado”, afirmó Pamela Aguirre, quien se retiró de la sesión.
El vicepresidente de la mesa, Luis Alvarado, sometió a votación su moción para modificar el orden del día y no obtuvo el respaldo. Posterior a ello, se suspendió la sesión hasta las 18:00 de este 18 de septiembre. (I)