El Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) tiene previsto tratar la tarde de este 24 de octubre cinco pedidos de juicio político en contra de cuatro funcionarios de Estado que estaban represados; todos tienen informes de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) sobre el proceso de cumplimiento de requisitos.

En la Asamblea Nacional están planteadas solicitudes de interpelación al superintendente de Compañías, Víctor Anchundia; el procurador del Estado, Íñigo Salvador; el contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío; y, la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui.

De estas cinco solicitudes, para tres vence este 24 de octubre el plazo para que el CAL se pronuncie, de lo contrario se archivarían, alertó la delegada de la Izquierda Democrática (ID) ante el organismo administrativo, Johanna Moreira.

Los procesos que están a puertas de su archivo son las dos solicitudes de interpelación que enfrenta el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, presentadas por los legisladores Luis Almeida (PSC) y Ricardo Vanegas (Pachakutik), y el pedido de juicio en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador, planteado por el asambleísta de UNES Ferdinan Álvarez.

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En la última semana, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la legislatura concluyó el trámite del juicio político en contra del exministro de Energía y Recursos No Renovables René Ortiz, cuyo informe recomienda el inicio de la interpelación y la censura del funcionario por determinarse responsabilidades en el incremento de los precios de los combustibles durante el gobierno de Lenín Moreno, además por falta de control en el cobro de planillas del servicio de energía eléctrica durante la pandemia del COVID-19.

El trámite de este juicio en el pleno de la Asamblea está previsto para este martes a partir de las 08:00.

Igualmente, la mesa de Fiscalización archivó cinco solicitudes de juicio planteadas en contra del exministro de Finanzas Richard Martínez, por precluir el plazo de un año que tiene la Asamblea Nacional para poder enjuiciar a un exfuncionario de Estado. Las acusaciones en contra de Martínez se relacionaban con incumplir el pago oportuno de recursos para Gobiernos autónomos descentralizados, universidades, el pago anticipado de la deuda externa a tenedores de bonos en medio de la pandemia y la falta de pago de las compensaciones jubilares a los maestros.

Comisión de Fiscalización archiva cinco pedidos de juicio político en contra del exministro de Finanzas Richard Martínez

Superintendente de Compañías

Sobre el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, existen dos pedidos de juicio político. El primero lo presentó el asambleísta Luis Almeida (PSC), el 4 de octubre, y al día siguiente formalizó una similar solicitud el legislador Ricardo Vanegas (Pachakutik), por incumplimiento de funciones en el control de las compañías que supuestamente terminaron estafando al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Tanto Almeida como Vanegas ponen énfasis en que Anchundia no ejerció un adecuado control, que omitió algunos procedimientos de inspección de las actividades de las compañías Ecuagran, Delgran y Delcorp, en relación con la casa de valores Citadel S. A., acciones y valores Atlántida y Decevale, que posibilitó la emisión de valores y la negociación de facturas sin respaldo alguno que afectaron el pago de valores del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y del Fondo del Magisterio Nacional.

Anuncian juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia

Según Vanegas, el funcionario no ejerció un control en la emisión de bonos nacionales y extranjeros y que se habría ocasionado un perjuicio aproximado de $ 990 millones.

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Procurador del Estado

El 4 de octubre, el asambleísta Ferdinan Álvarez (UNES) presentó una solicitud de juicio político en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador, por incumplimiento de funciones debido a que en dos demandas presentadas en contra del Estado, el funcionario, en lugar de defender los intereses del país, se limitó a decir que se debía pagar a las empresas internacionales.

Según el interpelante, se trata de los casos Perenco y Chevron-Texaco contra Ecuador, donde se demuestra su falta de diligencia y empatía con las causas nacionales, a tal punto de salir a los medios de comunicación a señalar que hay que cumplir el laudo.

Además lo acusa de un supuesto incumplimiento de funciones en pronunciamientos como procurador del Estado en absoluciones de consulta respecto a la reestructuración de la Comisión de Fiscalización en septiembre de 2020, aunque la moción para su reestructuración la presentó Pabel Muñoz (RC), en la sesión del 14 de septiembre.

También cuestiona una absolución de consulta para la designación de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia realizada en octubre de 2019.

Otros de los incumplimientos se refiere al informe jurídico sobre el caso Ciadi y una supuesta presión en el concurso de méritos y oposición para la selección del defensor público.

Contralor del Estado

El 7 de octubre, el asambleísta Ronny Aleaga (UNES) presentó una solicitud de juicio político en contra del contralor general del Estado subrogante, Carlos Riofrío, por incumplir funciones respecto a sus competencias en la elaboración de los informes previos para la contratación de obras.

Según el interpelante, en la Ley Orgánica de la Contraloría se habla de informes previos para la contratación de obras, pero el actual contralor subrogante en septiembre publicó un mensaje en la red social de Twitter anunciando una reformulación de las tablas para los informes previos, luego de eso emitió un reglamento donde dispone que los informes previos deben realizarse únicamente en obras superiores a $ 900.000, lo cual contradice con lo que señala la Ley sobre los informes previos para todo tipo de obra pública, sostiene.

Aleaga presenta como prueba un contrato por $ 400.000 con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y que, según dijo, tiene problemas en los procesos y no fue objeto de informe previo para su contratación, por lo tanto, un reglamento no puede estar por encima de la Ley.

Superintendenta de Bancos

El asambleísta de Pachakutik Darwin Pereira, el 13 de octubre, presentó una solicitud de juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, por ocho supuestos incumplimientos de funciones relacionados con la falta de control en la operación de las instituciones financieras del país.

Cuestiona que durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, algunas instituciones del sistema financiero cobraron interés sobre interés y valores que no estaban considerados en la Ley Humanitaria, lo que impidió que los usuarios puedan concretar la renegociación de sus deudas pese a la cual la superintendenta de Bancos no hizo nada al respecto.

Entre las acusaciones se incluye el problema de ciberseguridad que registró el Banco Pichincha. Según el legislador, afectó a 5 millones de personas que no pudieron realizar sus transacciones.

También cuestiona la falta de control sobre casas y lugares en donde se reciben depósitos de dinero de la gente bajo la modalidad de pirámide. Otra acusación es la fijación de tasas de interés y regulación a los bancos. (I)