Una tarde de mediados de marzo del 2007, el entonces magistrado del desaparecido Tribunal Constitucional (TC) Jorge Alvear Macías recibió en su oficina la visita del exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera Giler, quien le habría llevado un pedido del exmandatario Rafael Correa: como delegado del Ejecutivo ante ese organismo, él no debía votar a favor de un recurso de amparo constitucional planteado por 50 (de los 57) diputados que habían sido destituidos unos días antes por el también extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) al oponerse al pedido de consulta popular que hizo el Ejecutivo para instalar una Asamblea Constituyente.

Alvear dice que lo escuchó con atención. Antes de darle una respuesta le relató cómo es que había llegado él a ese cargo. Que funcionarios del gobierno de Alfredo Palacio le habían preguntado meses antes si le interesaba ser incluido en una de las ternas del Ejecutivo para designar al TC, y que él dijo que no quería ser “relleno”, así que si lo iban a poner, que sea encabezando alguna de ellas. Que le dijeron que así sería, pero finalmente lo pusieron segundo. Y que no sabía cómo es que el Congreso Nacional lo había elegido si el primero de la nómina era un amigo personal de Palacio por el que había un fuerte cabildeo.

Dicho esto le señaló a Mera que si bien era delegado de la Presidencia su obligación era ser independiente. Y que si los diputados no tenían la razón, no se las daría, y que si la tenían, sí lo haría.

Mera, según Alvear, se puso de pie, se abotonó su saco y le dijo: Está bien, Jorge. Tú no necesitas este cargo. “Así es”, le respondió. Y se marchó.

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El exmagistrado del TC dice que esta charla se le vino a la mente la noche del 23 de abril de ese mismo año cuando estaba encerrado en un baño de la sede del TC en Quito. Ahí, junto al presidente del organismo, Santiago Velázquez Coello, dos vocales más, un policía vestido de civil y una secretaria se resguardaban de una turba que irrumpió en el edificio buscando que echen abajo la resolución por la cual finalmente aceptaron el pedido de los diputados destituidos.

Los vocales del TC habían hecho el anuncio en una rueda de prensa la tarde de ese día. Y un poco después la institución fue rodeada por manifestantes identificados como militantes del Movimiento Popular Democrático (MPD) y Pachakutik (PK), que por esos días eran aliados políticos de Correa.

Alvear señala que no tenían seguridad policial y que desde el baño escuchaban cómo algunos dirigentes de estos grupos pedían a gritos que los lancen por las ventanas para echarles gasolina y quemarlos. Luego los escondieron en el sótano. Ya entrada la noche lograron salir, entre empujones, golpes y forcejeos, en un bus que los condujo a las casas de familiares y amigos quienes los acogieron hasta el día siguiente en que él y Velázquez tomaron rumbo a Guayaquil en un vehículo oficial.

Manifestantes del MPD y otras organizaciones sociales se tomaron las instalaciones del Tribunal Constitucional en abril del 2007. Foto de Archivo

Ese 24 de abril, una mayoría legislativa conformada por los llamados “diputados de los manteles” (los que reemplazaron a los destituidos por el TSE) afines a Correa cesaron a los nueve magistrados del TC alegando que su periodo había terminado en febrero, pues se los había elegido para completar el tiempo que le correspondía a los vocales que, a su vez, habían sido destituidos en el 2005 por una mayoría legislativa cercana al expresidente Lucio Gutiérrez.

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Pero Alvear aclara que en febrero del 2006 el Congreso Nacional emitió una resolución designándolos para ocupar los cargos por un periodo de cuatro años. Es decir, no eran subrogantes de nadie.

Luego de presentar varias acciones legales en las cortes locales que fueron rechazadas, el 5 de octubre de 2009, Alvear y Velázquez elevaron una queja contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando la vulneración de algunos derechos: a la integridad personal, a las garantías judiciales, al principio de legalidad y de retroactividad, a la honra y dignidad, igualdad ante la ley y protección judicial. El proceso avanza según los tiempos del organismo internacional. Alvear cuenta a este Diario algunos detalles.

¿En qué etapa se encuentra su petición?

En mayo del 2019, la CIDH emitió un informe de admisibilidad de nuestra petición; es decir que desde el punto de vista formal reunía los requisitos para ser admitida a trámite y notificó a las partes que continuaría con el análisis de fondo. Entre las recomendaciones que da en ese primer informe menciona que, de ser cierto lo que hemos alegado, se habría cometido una violación de nuestros derechos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos: que el 23 abril hubo un atentado en nuestra contra, que el Estado tenía conocimiento y no habría actuado para protegernos, investigar e intentar sancionar a los responsables, y que fuimos sujetos de destitución disfrazada por una autoridad que no era competente pues en ese momento ya estaban restituidos los diputados originales y quienes nos cesaron fueron los de los “manteles”. La audiencia para el análisis de fondo se realizó el 18 de marzo pasado.

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¿Qué piden?

Primero que se reconozca la vulneración a nuestros derechos. Una indemnización por los ingresos dejados de recibir por los tres años que restaban del periodo para el cual fueron designados (cuatro años). Ganábamos como $ 6.000, incluyendo gastos de representación y vivienda; es decir que serían $ 240.000 o $ 260.000 cada uno, más costas judiciales y una reparación por daño moral pues se afectó nuestro prestigio profesional por parte del presidente de la República, quien dijo que nosotros habríamos obrado contra derecho, prevaricando, y que emitimos el fallo para mantenernos en el puesto; y se afectó a nuestra vida y de nuestras familias.

¿Cuánto tiempo debe pasar para que tengan una respuesta?

Primero tiene que estar resuelta la causa de los diputados destituidos. Ellos pusieron una queja antes y el informe de admisibilidad salió en el 2017. De acuerdo con una conversación que tuve con (Alfonso) ‘Pocho’ Harb (uno de los destituidos), ellos esperan el pronunciamiento de fondo este año. Van en orden cronológico, nosotros estaríamos después.

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Los vocales del Tribunal Constitucional (TC) aceptaron un recurso de amparo constitucional presentado por los diputados destituidos en marzo del 2007. Foto de Archivo

¿Y esa resolución puede afianzar su caso?

Sí, y viceversa. Lo que hemos planteado en nuestra queja también sirve como un testimonio para la causa de ellos. Ambas están vinculadas por los hechos.

¿Qué efecto tiene una resolución de la CIDH?

Una vez que haya un pronunciamiento de fondo, tanto en el caso de los diputados como en el nuestro, la Comisión establece que se han vulnerado los derechos que hemos alegado y le dice al Estado que busque voluntariamente, aplicando el principio de buena fe, llegar a un acuerdo con las víctimas y tratar de resarcirlos. Le da cuatro meses, si no se llega a un acuerdo la CIDH eleva la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y lo que resuelven ellos es una sentencia judicial vinculante. Pero las recomendaciones de los organismos internacionales sí tienen un efecto jurídico que tiene que ser observado por las instituciones del Estado, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Código Orgánico de la Función Judicial.

La Corte IDH ordenó años atrás el pago de indemnizaciones a los jueces de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que fueron destituidos por el Congreso por la mayoría afín a Gutiérrez. Ahora están en análisis los casos de los diputados destituidos y el suyo. Son episodios muy similares, repetitivos. ¿Se puede decir que estas decisiones políticas a la larga afectan no solo la institucionalidad, sino las finanzas del Estado y hasta la imagen en el sistema interamericano?

Así es. Y esto a pesar de que existe en la nueva Constitución la acción de repetición contra los funcionarios que quebrantan el orden jurídico-constitucional y afectan derechos humanos como consecuencia de eso. La institucionalidad del país es muy frágil, hay una cultura arraigada de irrespeto a la independencia de las funciones jurisdiccionales, llámese función judicial o justicia constitucional, todo para que el poder político tenga bajo control a estas instituciones, que son en definitiva las herramientas para ejercer el poder contra los ciudadanos y la oposición. Y como no se sanciona a los verdaderos culpables, esto seguirá repitiéndose.

¿Y cómo lograr que estos episodios no se repitan?

Una de las posibilidades de ponerle freno a estas situaciones, que ya parecen déjà vu (sensación de haber pasado por una situación que se está produciendo por primera vez) es aplicar la repetición, pero no se aplica. En el momento en que se haga ya los funcionarios, los políticos, las autoridades tendrían más cuidado porque un abuso de ellos les generaría un perjuicio económico,

¿Usted cree que en algún momento se podrá superar la injerencia política entre funciones del Estado?

Es que esta es la cultura del camino corto, el camino por la izquierda, de llegar primero y rápido. Quizás se logre cuando logremos superar el analfabetismo. ¿Quiénes son los que deciden (electoralmente) en el país? Los menos ilustrados, los menos alfabetizados, son los que ceden a las ofertas de campaña que suenan bonito y son imposibles de cumplir. Una vez un hombre de campo me dijo: En el pueblo nosotros no votamos por el que ya nos dio, sino por el que nos ofrece. El que nos dio, ya nos dio. Tampoco la lealtad del elector por el político que le ha cumplido, sino por el que le ofrece algo nuevo, diferente. Prefiere jugar a esa lotería, y los políticos saben eso. Y saben que la única forma de mantenerse en el poder no es cumpliendo reglas, es usando la picardía criolla, y como no pasa nada porque hay dificultades para aplicar la acción de repetición, todo sigue igual.

¿Qué problemas hay?

Esto me lo contaba algún día el procurador general. En el caso de los jueces de la Corte Suprema y los vocales del Tribunal Constitucional destituidos en la época de Gutiérrez hay entre 20 y 25 personas acusadas, entre diputados y funcionarios; hay que citarlos, algunos se han muerto, otros no saben dónde están; es un lío esa demanda, a estas alturas del partido creo que ya prescribió. Los fallos de la Corte IDH por los que se pagaron indemnizaciones en los casos Quintana Coello y Camba Campos fueron en el 2014. Y el Estado todavía no ha recuperado nada. (I)