Convocada a la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, en el que se procesa a 22 personas naturales y jurídicas acusadas como autoras y cómplices del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo, el juez ponente del Tribunal de Juicio, Jorge Sánchez, notifica a las instituciones en las que laboran testigos y peritos que serán parte de la diligencia que arrancará el próximo 24 de diciembre, a las 14:30, en la sala 208 del Complejo Judicial Norte, en Quito.
Inicialmente estaba previsto que la etapa de juicio arranque el 21 de enero del 2026, pero el juez Sánchez, quien reemplazó en la ponencia al magistrado suspendido Christian Fierro Fierro, adelantó la fecha en aplicación del principio de celeridad y una vez revisada la disponibilidad de la agenda del Tribunal de Juzgamiento de la Unidad especializada en Corrupción y Crimen Organizado.
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El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade decidió llamar a juicio a las 16 personas naturales y las seis empresas que recibieron un dictamen acusatorio de Carlos Leonardo Alarcón, entonces fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y hoy fiscal general encargado. Alarcón pidió que se llame a juicio como autores del delito investigado diez personas naturales y seis empresas, mientras que otras seis personas fueron acusadas en calidad de coautores de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
En el caso Triple A la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas jurídicas (empresas) investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Con base en pericias existentes, la Fiscalía determinó que en Triple A se habría cometido un delito en alta escala, al existir un perjuicio económico de $ 61.502.658,39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.
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A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron combustibles se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotor, industrial y naviero.
El 16 de diciembre pasado arrancó la instrucción fiscal de Triple A contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T., y las personas jurídicas (empresas) Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiésel S. A. Para el 10 de abril siguiente, el juez anticorrupción Andrade, por pedido de Fiscalía, decidió vincular a Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, y a otras diez personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A.
Según el anuncio de prueba hecho durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía para el juzgamiento convocó para fundamentar su teoría de acusación a 111 testigos y peritos. Para la comparecencia de estos a la audiencia de juicio que se oficie a entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos EP; a la Policía Nacional, entre otras instancias públicas y privadas.
Por su parte, el procurador judicial de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), institución que interviene en el caso Triple A como acusadora particular, anunció la evacuación de 102 testimonios, entre testigos y peritos. Se observó desde el Tribunal que en relación con algunos testigos y peritos solicitados para comparecer no se han consignado direcciones físicas y electrónicas para la notificación, por lo que la comparecencia de estos es de exclusiva responsabilidad del sujeto procesal.
Desde la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, otra acusadora particular, se solicitó la presencia en el juicio de 115 testigos y peritos.
Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, parte su defensa de que no hay delito, de que la ARCH y Petroecuador, a través de Fiscalía, acusan de una supuesta comercialización ilícita de combustibles inexistente. El abogado deja en claro que nada dentro de esta investigación tiene que ver con su actividad actual como alcalde de Guayaquil, sino que se estaría acusando de supuestas conductas, las cuales se habrían producido cuando Alvarez era representante legal de una compañía comercializadora de combustibles.
Para García, la comercializadora de combustibles funciona como una intermediaria entre las estaciones de servicio, las gasolineras, y Petroecuador. Es decir, anota, cuando una estación de servicio solicita, por ejemplo, 1.000 galones, la comercializadora paga esos 1.000 galones a Petroecuador, es sometido este pedido a una serie de controles, después de lo cual se despachan los 1.000 galones a la comercializadora, la cual entrega, a su vez, a la estación de servicio.
El abogado del alcalde de Guayaquil aseguró que la comercializadora no puede vender un solo galón por fuera de aquello que la estación de servicio solicita y quien vende al consumidor final es la estación de servicio.
“Este caso es tan tirados los cabellos que se está tratando de responsabilizar al señor Aquiles Alvarez, en su calidad de entonces representante legal de la comercializadora, por el combustible que, eventualmente, alguna de las 24 estaciones de servicio que eran clientes de esa comercializadora habría realizado a consumidor final. Específicamente, una estación de servicio en Morona Santiago, en El Pangui, de la cual el señor Aquiles Alvarez no es ni propietario ni administrador ni nada”, sostuvo Ramiro García.
Desde la defensa de Aquiles Alvarez se anunció que en la audiencia de juzgamiento del caso Triple A se evacuarán seis testigos. (I)