Al no estar de acuerdo con la orden de prisión preventiva impuesta el 23 de octubre pasado por la jueza penal de Pichincha Luz María Ortiz, quien está a cargo del caso que investiga a los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el exministro del correísmo José Serrano fue el último en plantear el recurso de apelación contra la decisión.

El jueves de la semana pasada, dentro de lo que se conoce como caso Magnicidio FV, la jueza Ortiz no solo dispuso la orden de prisión preventiva y el pedido de que se oficie a Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que emita una notificación roja contra el exministro Serrano, sino también contra Xavier Jordán, coprocesado en la causa por asesinato y quien mantiene un llamado a juicio en suspenso en el caso Metástasis

A ambos, el 3 de septiembre pasado, cuando arrancó la instrucción fiscal, se les dispuso una presentación periódica semanal en el Consulado de Ecuador en Miami, en Estados Unidos, lugar en el que viven Serrano y Jordán. La fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, creía que esta medida generaba riesgos procesales (intromisión en la investigación, la existencia de amenazas o que no se encuentren en manos de la justicia para que paguen una eventual reparación a las víctimas) y que la única medida viable era la prisión preventiva.

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Estas dos apelaciones a la orden de prisión preventiva se suman a la ya planteada por el abogado de Ronny Aleaga, exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana, un día después de que se le formularon cargos en el caso Magnicidio FV junto con Serrano, Jordán y el condenado por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud Daniel Salcedo. Este último no ha apelado la medida no solo porque se encuentra cumpliendo varias penas en firme, sino también porque es testigo protegido de la Fiscalía.

Según esa defensa de Aleaga, la resolución apelada adolece de un vicio sustancial: no supera el estándar constitucional y legal de motivación suficiente y proporcionalidad exigido para la imposición de medidas cautelares privativas de libertad.

“Se observa que la jueza desplaza el eje de análisis desde la valoración de elementos de convicción hacia un hecho meramente circunstancial: la salida del país de mi defendido en diciembre de 2023. Tal razonamiento es insuficiente para configurar un riesgo procesal actual, pues se trata de una conducta que no se vinculó a ninguna investigación en curso, ni se desarrolló bajo una prohibición legal. Es decir, no constituye un indicio de fuga, sino el ejercicio legítimo de un derecho fundamental”, sostiene la defensa de Aleaga para la apelación.

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Estas peticiones de apelación deberían ser conocidas por jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. En teoría ya existiría una sala sorteada para conocer estas acciones y sería la misma que conoció la semana pasada la apelación de Fiscalía contra la presentación periódica que hasta ese momento tenían Jordán y Serrano. Esa audiencia no se dio por pedido de la fiscal Hidalgo y se difirió para evitar que existan futuras nulidades por inobservar el debido proceso.

parte de ese Tribunal de Apelación son los jueces provinciales José Miguel Jiménez, quien reemplaza en la ponencia de Patricio Vaca, Wilson Lema y Patlova Guerra.

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Justamente contra la jueza Guerra, las hijas de Fernando Villavicencio, Tamia y Amanda, interpusieron una demanda de recusación. Alegan que ella fue parte del Ministerio de Justicia que estaba liderado por la actual asambleísta de la RC Ledy Zúñiga, quien también aparecería nombrada en el expediente del caso que investiga el delito de asesinato. Este incidente procesal aún no se resuelve.

“Existen elementos claros y precisos que permiten inferir la participación de los ahora procesados, los cuales habían planificado y dispuesto la ejecución del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Existiendo entre los mismos reiterados actos de coordinación y planificación ilícitos con el fin de acabar con la vida del excandidato presidencial”, señaló la fiscal Ana Hidalgo durante la formulación de cargos de este caso.

Si no hay vinculaciones, la Fiscalía tendrá hasta el 2 de diciembre próximo para recabar los elementos de convicción que sustenten la teoría de que los cuatro procesados se confabularon en el nivel intelectual para concretar el ataque contra el periodista y político de 59 años de edad. (I)