Una vez que se concretó la sanción administrativa de suspensión de funciones por tres meses, sin remuneración, de la jueza penal de Pichincha Daniela Ayala, la nueva magistrada a cargo del caso Magnicidio FV es Luz María Ortiz Guevara. Ella asumirá el despacho de Ayala entre el 15 de septiembre y el 12 de diciembre de 2025, tiempo en el que estará vigente la sanción adoptada con el voto favorable del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, y la vocal Yolanda Yupangui.
La suspensión contra Ayala se concretó el 12 septiembre pasado tras una denuncia interpuesta por el propio fiscal general encargado, Wilson Toainga, por una falta disciplinaria grave, contemplada en el numeral 1 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en la actuación de la jueza durante la audiencia de formulación de cargos del pasado 3 de septiembre contra cuatro presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Según Toainga, en la diligencia Ayala, como jueza, cuestionó la actuación de la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos. Por ejemplo, dijo que “la Fiscalía no debía ser el brazo ejecutor del Gobierno de turno”, es decir, “emitió opiniones y comentarios personales que se alejan totalmente de su rol y constituyen agresiones contra la representante de la institución”.
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Un día antes de la suspensión, la jueza Ayala notificó su negativa, por extemporáneo, al recurso de apelación interpuesto por la fiscal Hidalgo contra la medida de presentación periódica ordenada para los procesados como autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio: José Serrano y Xavier Jordán. Estas presentaciones deben ser cumplidas en la delegación diplomática de Ecuador en Miami, Estados Unidos.
La decisión de Ayala fue notificada tres días después de que se cerró el plazo para presentar la apelación y a ocho días de que se inició una instrucción fiscal de tres meses por el asesinato, al estilo sicariato, cometido el 9 de agosto de 2023 contra el presidenciable de la Alianza Gente Buena-Construye.
Además del exministro del correísmo y el llamado a juicio en el caso Metástasis, la Fiscalía procesa por el delito de asesinato al exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga y al condenado a penas de cárcel que superan los 34 años por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud Daniel Salcedo.
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En relación con las medidas sustitutivas de presentación periódica que deben cumplir los procesados que actualmente se encuentran en territorio estadounidense, Serrano y Jordán, las acusadoras particulares y víctimas en este caso, Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del presidenciable asesinado, a través de su defensa han solicitado que se aclare y amplíe la decisión tomada por Ayala. La jueza Ortiz ha remitido la solicitud a los demás sujetos procesales para que se pronuncien al respecto.
Desde la defensa de Jordán se pide que se deseche lo solicitado por las hijas de Fernando Villavicencio, mientras que desde Fiscalía dejan que sea la nueva jueza la que decida lo que en derecho corresponda, respetando el debido proceso y el derecho que les asiste a las víctimas. Más bien la fiscal Hidalgo se centra en solicitar a Luz María Ortiz señale día y hora a efecto de que se lleve a cabo la respectiva audiencia de sustitución de medidas cautelares personales dictadas en contra de José Ricardo Serrano Salgado y Xavier Edmundo Jordán Mendoza.
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Xavier Jordán ha cumplido las presentaciones impuestas hasta el momento, pero Serrano no lo ha hecho porque fue detenido en Miami el 7 de agosto pasado y desde ese entonces se ha mantenido internado en el Centro de Procesamiento Krome, que es parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El exministro del correísmo fue detenido afuera de su casa en Miami por un proceso de tipo migratorio que aún no concluye. (I)
