Aún no hay fecha para que la Fiscalía General exponga en audiencia los cargos por los que busca vincular a Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González en las investigaciones dentro del caso Liga2, en el que se investiga un delito de presunta asociación ilícita.
Antes de oficializar su renuncia como titular de la Fiscalía General, Diana Salazar Méndez pidió a la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho que disponga de fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos, cuyo objetivo sería vincular a Andrés Arauz Galarza, secretario ejecutivo del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) y la exlegisladora también correísta Esther Cuesta al proceso.
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Así también a Raúl González Carrión, quien fue designado en el 2022 como titular de la Superintendencia de Bancos; pero, en medio de conflictos políticos en el gobierno de Guillermo Lasso, la justicia ordinaria anuló su selección en el trámite de una acción de protección.
Hasta el cierre de esta publicación, la magistrada no suscribía una convocatoria a la diligencia.
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La Fiscalía abrió esta investigación a finales de enero tras una denuncia del titular de la Superintendencia de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, ya que cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) formaron una mayoría y desconocieron su designación para ese cargo.
El 22 de enero de 2025, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco —destituidos por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE)— sumaron el respaldo de Nicole Bonifaz (aún en funciones) para “ratificar” la designación de Raúl González como superintendente de Bancos hasta el 2027.
Lo hicieron pese a una sentencia de la Corte Constitucional (CC) que tramitó una acción extraordinaria de protección de González que, si bien reconoció que se vulneraron sus derechos, precisó que “no tenía la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección”.
La Fiscalía allanó las oficinas del CPCCS el 24 de enero y se incautaron dispositivos celulares del exconsejero Augusto Verduga, en los que halló información que sostienen esta indagación.
En una de las conversaciones de mensajería instantánea de los teléfonos celulares de Verduga consta —de acuerdo con el expediente— una con Andrés Arauz.
Verduga tiene el usuario “MonicaErtl” y “AN”, que sería Andrés Arauz, y conversan de una reunión que mantendrían con el expresidente Rafael Correa (líder de la RC) para hablar sobre la Superintendencia de Bancos.
AN le dice a Mónica que “VV”, que se referiría a Viviana Veloz, expresidenta de la Asamblea Nacional, habría querido “acelerarse” y posesionar a Roberto Romero como superintendente, electo a finales del 2024, de una terna enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa.
Romero fue elegido para ese mismo cargo a finales de 2022 de una terna que envió el expresidente Guillermo Lasso, pero la legislatura no lo posesionó.
Arauz le comenta a Verduga que Veloz se estaría haciendo “la loca” porque la habrían presionado las fuerzas políticas y posesionaría a Romero. Pero, si ella hacía eso, Arauz se “abriría públicamente” de la RC, le cuenta a Verduga.
En los hechos, Veloz no posesionó a Roberto Romero en su cargo, ya que tomó licencia sin sueldo para hacer campaña política por su reelección como asambleísta de la RC en los comicios del 9 de febrero de 2025.
La reemplazó Esther Cuesta, que como vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) asumió la presidencia de la Asamblea Nacional.
Fue así como simultáneamente a que los cuatro vocales de mayoría ratificaron a Raúl González como superintendente de Bancos hasta el 2027, Cuesta envió un oficio al Consejo de Participación en el que pedía que se “determine si se ha consolidado la situación jurídica sobre los nuevos procesos de selección en la Superintendencia de Bancos y para qué periodo Roberto Romero debe ser posesionado”.
Enseguida, la Corte Constitucional reaccionó y respondió a un pedido de aclaración de Raúl González en el que recalcó que su fallo “no tenía la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica” y no podía reconocerlo como superintendente de Bancos electo.
Así también, la Corte abrió la fase de seguimiento del cumplimiento de su sentencia, por la acción de los cuatro vocales de Participación.
A la vez, el 27 de enero de 2025, Esther Cuesta tomó juramento con Roberto Romero como superintendente de Bancos. (I)