Caso Las Torres: juez continúa con la exposición de elementos de convicción que fundamentan su llamado a juicio

En poco más de cinco horas, el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova ha descrito los elementos de convicción de seis de los trece procesados contra quienes emitió, la mañana de este lunes , un auto de llamamiento a juicio por el delito de delincuencia organizada investigado en el denominado caso Las Torres.Córdova, luego de hacer una explicación del delito de delincuencia organizada que se persigue en este caso y dar a conocer de forma general los elementos que le sirvieron para presumir la participación de los acusados en la infracción que investiga la Fiscalía desde abril de 2021, inició con la individualización de los indicios respecto a cada uno de los acusados.Transcripciones de chats entre los procesados, versiones dadas durante los 120 días de instrucción fiscal, cuadros que revelarían la repartición de dineros entre los miembros de la organización, documentos que señalarían la eliminación de glosas en la Contraloría, informes periciales de audio, video, entre otros, fueron parte de los elementos expuestos por Córdova como elementos de convicción que le hacen presumir la existencia no solo del delito, sino de la participación, según roles específicos, de los investigados.En mayoría el juez del caso ha desechado, por subjetivos, los argumentos que expusieron las defensas de los procesados durante la audiencia preparatoria de juicio para asegurar que sus clientes son inocentes, que existe una equivocada tipificación o que no existen elementos contundentes para acusar. El juez ha aclarado de forma reiterada que lo que existe en esta etapa del procesamiento son fuertes presunciones que deben ser analizadas y debatidas en una audiencia de juzgamiento, en la que los indicios se transformarán en pruebas.Hasta el momento el juez Córdova ha dado a conocer los elementos que existen en el proceso contra el excontralor Contralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi, Roy Calero, contra el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, la exasesora de la empresa Petroecuador Natalia Cárdenas y Martha Barrezueta, esposa del empresario inmobiliario sentenciado en Estados Unidos por actos de corrupción en Petroecuador, Roberto Barrera. La audiencia se suspendió a las 11:30 de este lunes, se reinstaló a las 14:00 y al momento continúa.Aún quedan por conocerse los elementos de convicción contra el exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana, Pedro Saona, el empresario Álvaro Jorge de Guzmán, Adolfo Agusto Briones, Silvia López, su hijo Ángelo Rodríguez y Andrés Luque. Según la acusación de la Fiscalía, este grupo estructurado estaba liderado por Pablo Celi y Pablo Flores, mientras que el resto de procesados fueron colaboradores de la organización.Luego de escuchar los elementos de convicción contra Pablo Celi, su abogado, Marcelo Ron, señaló que el juez Felipe Córdova se ha sometido a los elementos inconsistentes presentados por la Fiscalía , basando así su decisión, apuntó, en suposiciones no probadas, partiendo de chats, reuniones y transacciones en las que Pablo Celi no habría participado.“El uso de su nombre en chats de terceros no prueba la participación de Pablo Celi. No hay ningún chat de Pablo Celi con ninguno de los procesados. Es una elaboración direccionada de Fiscalía sostener que los términos “tío” o “number one” se refieren a Pablo Celi. Se ha llegado al extremo de mala intención, recogiendo un chat entre Raúl De la Torre y Barrera, con un texto forjado que no es un reenvío de algo enviado por Pablo Celi, como se asume por Fiscalía y el juez Córdova, sino una elaboración fraudulenta de para usarlo con fines extorsivos por parte del delincuente Raúl De la Torre”, indicó Ron.Fiscalía acusó a los líderes de la organización por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que deja una pena para los mismo de siete a diez años de cárcel; y a los colaboradores los acusó en base al mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados de cinco a siete años de prisión.Como parte de la resolución oral emitida por Córdova los hechos que deben pasar a juzgamiento ocurrieron en el período comprendido entre los años 2017 al 2020, en Quito, mediante un posible acuerdo de funcionarios públicos de nivel directivo y con la colaboración de otros funcionarios públicos y privados se habría consolidado una estructura compleja y de presunta jerarquía, a través de la cual posibles líderes ostentaban cargos directivos en Petroecuador, la Contraloría General del Estado y la secretaría de la Presidencia de la República.El objetivo de esta estructura, según la teoría de la Fiscalía, se habría encaminado a la obtención de beneficios económicos, para lo cual se presume que los integrantes de la organización de forma reiterada y permanente habrían acordado y planificado el cometimiento de infracciones penales sancionadas con una pena de privación de la libertad superior a los cinco años. Los beneficios económicos que buscaba la organización debían venir de la empresa Nolimit C.A., la cual tenía una relación contractual con Petroecuador y a la que el Estado le adeudaba $ 20.3 millones, derivados de entregables adicionales del período 2017-2018. Según la acusación de Fiscalía, al tener conocimiento de la cantidad adeudada la “estructura delictiva” pretendía hacerse del 20 % de dicho monto por cancelarse. (I)

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