El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores S. A. (Decevale) presentó una nueva moción ante el juzgado de Florida para obtener pruebas documentales y testimonios relacionados con las empresas de Jorge Chérrez Miño y de Lafise Securities Corporation y de Citibank, que participaron en las millonarias inversiones realizadas por el Isspol.

El pedido inicial se hizo el 22 de diciembre de 2020 y aunque el juez dispuso que se entregara la información, posteriormente el abogado de Chérrez interpuso dos mociones. En la primera adujo que no estaba clara la relación entre su cliente y sus empresas con el caso de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) que se investiga en Ecuador.

Pocos días después, el abogado de Chérrez, Óscar Andrés Gómez (de EPGD Attorneys at Law) interpuso una segunda moción pidiendo que se anulara la orden judicial para Lafise Securities Corporation y Citibank N. A., que deben entregar estados de cuenta y cualquier comunicación relacionada con el exgerente de Operaciones de Decevale, Luis Álvarez Villamar, y Chérrez o sus compañías. La defensa de Chérrez consideró que la producción de pruebas por parte de estas dos entidades financieras podría ser “una invasión a la privacidad” y que estas no eran “relevantes” para la investigación.

El juez rechazó ambas mociones del abogado de Chérrez y conminó a las partes a llegar a un acuerdo el 24 de febrero pasado. No obstante, las conversaciones no han prosperado. El abogado que en este caso representa a Decevale en Ecuador, Eduardo Carmigniani, indicó que no se había llegado a un acuerdo.

Por ello, ayer lunes, Decevale, representada en Florida por Waserstein & Nunez PLLC, presentó un nuevo pedido para que el juez obligue a las partes a producir las pruebas solicitadas y que se relacionan con los $ 700 millones que invirtió el Isspol con las empresas de Chérrez. El supuesto custodio de estas inversiones era el Decevale, cuyos accionistas mayoritarios son bolsas de valores de Quito y Guayaquil, pero en diciembre pasado el Depósito informó al Instituto que no tenía la custodia de estos títulos y que las comunicaciones anteriores habían sido firmadas por Álvarez, sin el conocimiento de los directivos.

Decevale busca en Estados Unidos “testimonio relevante y evidencia documental” para probar que Álvarez utilizó inapropiadamente el nombre de Decevale para dar la “falsa impresión” de que custodiaba los títulos de las millonarias inversiones del Isspol y hasta para firmar contratos con Chérrez. Actualmente las empresas de Chérrez acumulan atrasos en los pagos al Instituto por un total de $ 210 millones.

El pedido de producción de pruebas es para Chérrez a título personal y sus empresas Ecuador High Yield Bond Fund LLC (Ehybf), Argonaut FL LLC, Penderton Management LLC, IBCorp Asset Management Inc. e ICS Institutional Custody Services LLC. Y para Lafise Securities Corporation y Citigroup Inc. de Miami.

Una vez que se ha presentado esta moción por parte de Decevale, la defensa de Chérrez tiene hasta el 30 de marzo para responder. Solo después el juez decidirá si conmina o no a las partes a entregar esta información.

En Estados Unidos se sigue otro caso contra Chérrez y el exdirector de Riesgos del Isspol, John Luzuriaga. De acuerdo con la versión de una agente del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., el intermediario financiero pagó sobornos a cuatro funcionarios del Isspol por un total de $ 2,6 millones para obtener y mantener las inversiones del Isspol. De este monto, supuestamente $ 1,3 millones se entregaron a Luzuriaga, que se encuentra en Miami.

En Ecuador la Fiscalía investiga varias denuncias, y en una de ellas, por presunto peculado, se dictó orden de detención contra cuatro personas, dos de ellos generales en servicio pasivo de la Policía, David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros, así como contra los exfuncionarios Santiago D. y Alfredo V. (I)