Allanamientos y versiones han sido las primeras diligencias que ha llevado adelante la Fiscalía General del Estado dentro del Caso Díaz Asque, como se bautizó a la investigación que se abrió en contra del asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Santiago Díaz Asque, sospechoso de haber cometido un delito sexual en contra de una menor de 13 años.

El asambleísta no se ha presentado al Parlamento y solicitó una licencia sin sueldo, que estaba en análisis del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El 9 de julio de 2025, la Fiscalía informó del allanamiento de tres lugares, uno de ellos su vivienda, en donde se incautaron diez teléfonos celulares; y otros inmuebles en Otavalo (Imbabura) y en Pintag, al sureste de Quito, buscando a Díaz sin éxito.

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A raíz de la denuncia se tomó la versión de la víctima, de sus padres y de una familiar cercana. Esto y los exámenes médicos respectivos darían cuenta de que hubo una agresión sexual, según información preliminar.

Con base en esos elementos se emitió una orden de detención para formularle cargos, ya que este tipo de infracciones penales requieren de la presencia del sospechoso.

Para dar con su ubicación, las autoridades han dispuesto controles migratorios y apoyo a los países vecinos.

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Por ejemplo, este 13 de julio, el Gobierno nacional anunció el pago de una recompensa de $ 100.000 a quien dé información del paradero de Díaz, que fue ingresado a la lista de los ‘más buscados’ del Ecuador.

Antes de llegar a la Legislatura, Santiago Díaz fue funcionario de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que operó en el gobierno de Rafael Correa.

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Luego se desempeñó como procurador en los procesos electorales en los que ha participado la RC.

Llegó como suplente de la excandidata Priscila Schettini, pero se principalizó luego que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la sancionó con la suspensión de sus derechos políticos por violencia política de género en contra de la exfiscal general Diana Salazar Méndez. (I)