Desde la tarde del 31 de julio último, el juez de la Corte Nacional Luis Rivera abrió un periodo para deliberar sobre lo dicho, en cinco días de audiencia preparatoria de juicio por peculado, por la Fiscalía, la Procuraduría General y los 18 acusados de irregularidades y disposiciones arbitrarias en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India.

Rivera deberá decidir si accede al pedido hecho por la fiscal general, Diana Salazar, y la Procuraduría, como acusadora particular, de que se llame a juicio a los 18 procesados o da paso a la solicitud hecha por los abogados de los acusados de que se emita un sobreseimiento para todos, pues aseguran que son inocentes de los cargos imputados.

Para Salazar, cada uno de los funcionarios investigados en esta causa infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública. Asegura que ellos arbitrariamente, haciendo uso de su función en sus diferentes roles, quebrantando sus obligaciones establecidas en la Ley y la Constitución, terminaron beneficiando a la empresa HAL con la adjudicación del contrato con el que se adquirió los helicópteros Dhruv.

Este hecho, a decir de la Fiscalía, causó un perjuicio al Estado ecuatoriano por $ 66′406.293, 74. A este monto se habría llegado, dijo Salazar, conforme una experticia contable de costos en inversión estatal en la operatividad y funcionamiento de los helicópteros adjudicados.

“Se transgredió el bien jurídico de la eficiencia de la administración pública desde el deber de fidelidad y lealtad del servidor público y el deber de actuar conforme los principios que rigen a todos los servidores públicos constitucionalmente”, explicó en la audiencia Salazar.

En el quinto día concluye la audiencia preparatoria de juicio en el caso Dhruv; los 18 procesados rechazan el dictamen acusatorio y Fiscalía pide se los llame a juicio

Esta indagación habría comprendido varios hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionados a la adquisición de siete helicópteros por parte del Estado, representado por el Ministerio de Defensa, y la HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C. A. El proceso se formalizó mediante el contrato que se suscribió el 5 de agosto de 2008.

Durante la exposición de los hechos, Salazar recordó que el propósito de adquirir helicópteros para la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) se originó en 2006 con el Plan de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Esto debido a que el escuadrón de helicópteros de la FAE se encontraba disminuido y era necesario helicópteros de mediana capacidad, multipropósito, con capacidad de operar en todo el territorio nacional las 24 horas del día, para cumplir misiones de búsqueda, rescate de combate y transporte.

Fiscalía y la teoría del direccionamiento

Según Salazar, esta iniciativa de compra por tres oportunidades se declaró desierta, siendo importante, resaltó, que en el tercer intento, el 3 de setiembre de 2007, ya fue adjudicada a la HAL para la venta de los helicópteros. Pese a ello esta fue declarada desierta debido a revelaciones públicas de posibles riesgos de embargo que atravesaba la compañía por problemas técnicos en la aeronave.

En este caso la acusación de la Fiscalía se centró en una cuarta pretensión de compra que inició la FAE el 2 de diciembre de 2007. A decir de la fiscal general, todo arranca con un informe de necesidades para la adquisición de siete helicópteros, informe en el que se argumentaría la necesidad de las aeronaves, pero no se justificó estadística, ni técnicamente el número de helicópteros a ser adquiridos.

Esta compra ya habría estado respaldada en una certificación presupuestaria de $ 67 millones que eran inexistentes, dijo, pues, se afirmó, a la fecha de la fase precontractual “no fue real ni confiable su acreditación”.

Entre otros temas de los que habló la fiscal Salazar en la diligencia fue que este intento de comprar los helicópteros por la FAE tomó un “direccionamiento político”, al ser el ministro de Defensa de la época, Wellington Sandoval, quien, el 20 de marzo de 2008, fundamentado en lo ocurrido en Angostura, promovió una resolución del plenario de la Junta de Defensa Nacional para declarar emergente la compra de los helicópteros.

Esto se dio, refirió la Fiscalía, pese a que las necesidades técnicas de defensa del caso Angostura eran totalmente distintas a las contempladas para la compra de los Dhruv. Salazar concluía que utilizando como regla el proceso excepcional de compra emergente, pretendiendo dar la apariencia de legitimidad a este proceso de adquisición, se tuvo como resultado únicamente el direccionamiento del que fue beneficiada la compañía HAL.

La respuesta de los abogados

En respuesta a la acusación de la Fiscalía, Andrés Chasillacta, abogado del exministro Sandoval, cree que el caso por peculado presentado por la Fiscalía es imposible de ser probado y señaló que no hay un hecho en conjunto que su cliente haya realizado con alguno de los procesados. Además, indicó, los actos que se le han imputado al exministro Wellington Sandoval no constituyen en delito y la Fiscalía al momento de indicar cuál fue la forma de contratación habría confundido dos hechos importantes en derecho administrativo y por ende no hay un delito que perseguir.

“El 9 de abril de 2008, mediante decreto ejecutivo, el doctor Wellington Sandoval renunció al cargo de ministro y fue nombrada la nueva autoridad. El 9 de abril, cuatro meses antes de la firma y erogación de los $ 63 millones que la Fiscalía acusa, un mes antes de que la fase precontractual del presente proceso se inicie.. (...) La Fiscalía dijo que los hechos acusados son: haciendo uso de su función erogaron recursos del Estado en beneficio de la empresa adjudicada HAL en la cantidad de $ 63′159.152, 17. ¿Con una declaratoria de necesidad se dan derechos a un ciudadano? No. Con una declaratoria de emergencia se erogan recursos públicos? No. ¿Con una invitación a concurso se está dando el derecho de $ 63 millones a alguna empresa para adjudicar? Tampoco”, mencionó Chasillacta.

Los exministros de Defensa de Rafael Correa, Welington Sandoval y Javier Ponce, así como catorce oficiales en servicio pasivo y activo de la FAE recibieron un dictamen acusatorio como autores; mientras que como cómplices se acusó al teniente general (sp) de la FAE Alonso Espinoza, y a Juan Cortez, representante legal de la HAL para Ecuador.

Diana Salazar sostuvo que el contrato del 5 de agosto de 2008 no cumplió con los presupuestos de emergente al aceptar una entrega fragmentada incluyendo una entrega a plazos. “Si estamos hablando de una emergencia lo mínimo que se requería es que vengan los helicópteros completos para que empiecen a trabajar y que brinden el servicio para el cual estaban siendo adquiridos dada la emergencia que pasaba el país”.

Con este contrato, se aclaró, no se garantizó en lo absoluto la operatividad de las aeronaves en todo el territorio nacional y menos para cumplir misiones de búsqueda, rescate de combate las 24 horas del día, pues los helicópteros no estaban debidamente integrados con sus instrumentos y componentes de navegación imprescindibles para una misión de Ala de Combate número 22 de la FAE.

De los siete helicópteros que fueron adquiridos el 5 de agosto de 2008 para ser parte del Ala de Combate número 22, cuatro se accidentaron dejando tres muertos y siete heridos. Las restantes tres aeronaves no están en funcionamiento debido a que se detectaron fallas en su estructura.

Fiscalía acusa a dos exministros de Defensa de Rafael Correa como autores del delito de peculado en el caso Dhruv; la audiencia preparatoria de juicio continúa

Diego Chimbo, abogado del brigadier general (sp) de la FAE Jorge Mejía, en su respuesta al dictamen acusatorio de autor rechazó los argumentos dados por la fiscal general para definir una responsabilidad en su cliente en el delito que investiga. Dijo que la Fiscalía no solo no ha presentado el elemento de convicción que revele el dolo y la participación de su cliente, sino que piensa que no es aplicable la figura de infracción del deber que pretende sustentar la Fiscalía para todos los funcionarios públicos.

Que los hechos acusados no constituyen delito, afirmó el defensor del coronel (sp) de la FAE Vicente Illescas, Jorge Luis Ortega. Explicó que luego de analizar los elementos planteados por la Fiscalía estos no son suficientes para sostener dicha acusación

De su parte, Jorge Huilcapi, defensa del exministro Javier Ponce, cree que en este caso se ha violado el derecho a la defensa, se ha vulnerado el debido proceso y cuantos principios que protegen a todo ciudadano. Según la Fiscalía, Ponce como ministro de Defensa suscribió el contrato el 5 de agosto de 2008, contrato cuyas estipulaciones técnicas, que a decir de la acusación, se sostuvo en documentos que no fueron parte de la oferta y estuvieron direccionados única y exclusivamente a favorecer a la compañía HAL.

Hasta el momento no se conoce de una fecha en la que el juez Rivera convoque a la reinstalación de la audiencia, en la que de forma oral dará a conocer su decisión sobre si llama o no a juicio a los acusados. (I)