Desde la noche del jueves último, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera se encuentra deliberando la decisión de si llama o no llama a juicio por el delito de cohecho al excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el empresario Pedro Saona, la empresa China CAMC Engineering Co. Ltda. y el representante en Ecuador de esta última, Liang Yang.

Rivera decidió suspender la diligencia luego de tres días de escuchar los fundamentos del fiscal general subrogante Wilson Toainga, la Procuraduría General del Estado, como acusadora particular, y los alegatos de las defensas de las tres personas naturales y una persona jurídica a quienes se les acusa de participar en el desvanecimiento en la Contraloría General del Estado (CGE) de una glosa por $ 22,6 millones, que correspondía a la determinación de responsabilidades de la empresa China CAMC.

Fiscalía pide que se llame a juicio a Pablo Celi, a tres personas naturales y a una jurídica en caso China CAMC; el excontralor por cohecho podría recibir una pena de hasta siete años de cárcel

Dicho desvanecimiento se habría dado a cambio del pago de $ 1,3 millones y por ello la Fiscalía solicitó que sean llamados a juicio Pablo Celi y Liang Yang como autores directos; Esteban Celi y Pedro Saona, como cómplices, y la empresa China CAMC, como persona jurídica, fue acusada como beneficiaria directa de las acciones realizadas por su entonces representante Liang Yang.

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“En la etapa de investigación la Fiscalía ha podido establecer con claridad y certeza la presunción necesaria que permite verificar la existencia de su participación y responsabilidad en la infracción de cohecho que se ha investigado, por lo que solicito se dicte la resolución de auto de llamamiento a juicio en contra de los ahora acusados”, señaló Toainga.

Según la acusación oficial, el cohecho de China CAMC se dio en la CGE, entre los años 2018 y 2021, cuando Pablo Celi era contralor subrogante, y contó con la colaboración de Esteban Celi y Pedro Saona. Estos dos últimos una vez ejecutado el acto de desvanecimiento de glosa, a través de la empresa que controlaban ambos, LegalCont LLC, cristalizaron la entrega de la “dádiva” de $ 1,3 millones.

Para sustentar su dictamen acusatorio y su pedido de que sean llamados a juicio, el fiscal Toainga presentó contra el excontralor Celi 38 elementos de convicción, contra Esteban Celi 34, contra el testigo protegido y procesado Saona 63 elementos, contra Liang Yang 13 y contra la empresa China CAMC 26.

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Marcelo Ron, defensa del excontralor, sostiene que la Fiscalía en su argumentación del dictamen acusatorio no ha presentado ni un solo elemento de convicción referente a la participación que tendría Pablo Celi en el delito de cohecho.

El viernes 10 de febrero pasado, Pablo Celi fue condenado en primera instancia como autor directo del delito de delincuencia organizada, dentro del caso las Torres, a trece años y cuatro meses de cárcel. El excontralor al ser acusado como autor directo del delito de cohecho, de acuerdo al primero y segundo inciso del artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), podría recibir una pena que va de los tres a los siete años de prisión.

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El artículo 280 del COIP, que habla de cohecho, señala que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilizar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Fiscalía pide que se llame a juicio a Pablo Celi, a tres personas naturales y a una jurídica en caso China CAMC; el excontralor por cohecho podría recibir una pena de hasta siete años de cárcel

La pena se agrava en el primero y segundo inciso de la norma, pues se explica que si el servidor público ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años o si la conducta descrita es para cometer otro delito, el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

El juez Rivera señaló que por escrito notificará el día y la hora en la que se retomará la audiencia preparatoria de juicio en el caso China CAMC, para conocer la resolución oral a la que arribó el magistrado. (I)