Roberto Cortés Ripalda, que había sido detenido en España el año pasado, ya fue presentado ante las autoridades de Estados Unidos, donde es procesado por el caso Biscayne Capital, en el que se lo acusa, junto con otras dos personas, de una supuesta millonaria piramidación y de lavado de activos.

El empresario guayaquileño de 55 años fue presentado ante las autoridades estadounidenses el jueves 31 de marzo pasado. Salió libre bajo fianza, fijada en medio millón de dólares, y se le retiraron sus pasaportes. A partir de ahora, los fiscales comenzarán a presentar las pruebas que tienen en su contra a Cortés y a su abogado, bajo estrictas normas de reserva.

Cortés Ripalda es procesado, junto con el ecuatoriano Ernesto Weisson Pazmiño y el uruguayo Fernando Haberer Bergson, por un supuesto perjuicio de $ 155 millones a los clientes que invirtieron en el fondo. Los fiscales estadounidenses consideran que el periodo de la estafa se dio entre agosto de 2013 y abril de 2018.

Además, por Biscayne Capital y sus empresas relacionadas, como Madison Asset LLC y Sentinel Mandate & Escrow Ltd., pasaron dineros de sobornos de Petroecuador, Seguros Sucre S. A. y la constructora Odebrecht.

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De acuerdo con los documentos del proceso estadounidense, Weisson Pazmiño debía tener una comparecencia presencial ante la corte el lunes 4 de abril por un acuerdo de culpabilidad. A última hora, la audiencia fue telemática por problemas logísticos. La posibilidad de este acuerdo se comenzó a discutir desde el 18 de febrero pasado.

No se conoce aún el contenido de las negociaciones entre los fiscales y la defensa de Weisson, de 54 años. El empresario goza de detención domiciliaria desde septiembre pasado en Miami. La jueza del caso le ha concedido permiso para viajar a Chicago y dentro del estado de Florida para atender compromisos familiares en las próximas semanas.

Haberer Bergson, el tercer acusado, fue detenido en septiembre pasado, pero en Argentina, y aún no se presenta ante la Justicia estadounidense.

Mientras el caso avanza en el estado de Nueva York, paralelamente se abrió otro proceso contra el ecuatoriano Fernando Martínez Gómez. Según los fiscales, esta nueva investigación tendría relación con la de Biscayne Capital y con la de Gustavo Trujillo Franco, representante de Madison Asset, acusado en el mismo distrito.

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El 15 de febrero pasado, los fiscales señalaron que la relación se daría porque “los hechos del caso Martínez son parte del mismo esquema criminal de los casos Cortés (Weisson y Haberer) y Trujillo”. En consecuencia, como los tres procesos “implican los mismos esquemas, transacciones y hechos criminales, los casos están entonces presumiblemente relacionados”, añadieron.

Entre los documentos del juicio consta que Martínez Gómez, de 44 años, fue liberado el 24 de marzo pasado. Se le fijó una fianza de medio millón de dólares, de los cuales canceló $ 50.000 en efectivo.

De acuerdo con el portal especializado Law360, Martínez indicó a la corte que entre 2013 y 2018 ayudó a mover un total de $ 2,6 millones de cuentas suizas para un funcionario ecuatoriano, que eran sobornos pagados por contratos de seguros. Según la publicación, Martínez mencionó el nombre de Seguros Sucre, pero no explicó exactamente cuál era la relación.

Martínez es representante legal de al menos cinco empresas activas en Guayaquil y Samborondón.

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A su vez, el caso de Gustavo Trujillo, que ya se declaró culpable en 2019 en Nueva York, sigue a la espera de sentencia. Se ha fijado la próxima audiencia para el 7 de septiembre.

Por otro lado, los fiscales de Miami pidieron en enero pasado la reducción de pena para José Vicente Gómez Avilés, uno de los implicados en el proceso de sobornos de Seguros Sucre, en el que también se condenó al expresidente de esta aseguradora Juan Xavier Ribas Domenech. Solicitaron que se le bajara de 46 a 28 meses la sentencia de prisión por “la ayuda sustancial” que Gómez Avilés ha prestado en este caso.

Las piezas se juntan

Gracias a los papeles de Panamá, una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), de la que fue parte Diario EL UNIVERSO, se conoció en el año 2016 sobre los sobornos que se habían pagado en Petroecuador y parte de la ruta de esos fondos.

Una pieza en ese andamiaje fue Frank Chatburn Ripalda, que trabajó con Biscayne Capital y era socio en algunas de las empresas del grupo. Él ya fue condenado en Miami.

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Chatburn participó en el registro de 43 compañías en distintas jurisdicciones con el estudio panameño Mossack Fonseca. Al menos diez de ellas estaban relacionadas con parientes de exautoridades, contratistas del Estado y exfuncionarios de Petroecuador, según un recuento realizado por este Diario. El monto de los sobornos sancionados en Miami supera los $ 28 millones.

A su vez, Biscayne Capital consta en la base del ICIJ con al menos doce compañías, entre ellas, la panameña Melvin Overseas S. A., cuyo beneficiario final era Silvio Heller Albin, de la empresa Sumil, que representaba a los helicópteros Dhruv en Ecuador cuando se realizó la compra de las aeronaves por parte del Ministerio de Defensa.

Otra compañía relacionada con Biscayne Capital era Sentinel Mandate & Escrow, que apareció en los documentos de respaldo de la confesión de Jose Conceição Santos, principal de Odebrecht en Ecuador. En 2017, Santos reveló las transferencias bancarias enviadas a esa empresa, que recibió $ 4,6 millones de un total de unos $ 50 millones de sobornos pagados por la constructora a funcionarios ecuatorianos.

Posteriormente, en enero de 2022, se conoció que las pruebas en el caso Biscayne también incluían a Seguros Sucre S. A.

Ernesto Weisson se había declarado inocente y los fiscales comenzaron a presentarle las pruebas que incluía la acusación. Además de los casos Petroecuador y Odebrecht, que ya eran conocidos, entre los documentos se indicaba lo relacionado con Juan Xavier Ribas Domenech y Westwood Capital Markets, casa de valores panameña cuyo titular es el ecuatoriano Carlos Ortega Cadena.

El contenido de las pruebas es reservado.

Cuando se hizo público el caso, en septiembre de 2020, el Departamento de Justicia señaló en su boletín de prensa que el supuesto esquema financiero de Biscayne Capital no solo afectó a las víctimas que habían invertido en el fondo, sino que, debido al lavado de dinero que implicaba, este tipo de actividad se convertía en una amenaza directa a la seguridad del sistema financiero de Estados Unidos.

En Ecuador se presentaron denuncias por estafa contra el Grupo Biscayne, pues Sentinel Mandate también captaba dinero de clientes ecuatorianos; sin embargo, esas denuncias no prosperaron, pues fueron desechadas por los fiscales. (I)