Creación de carreras técnicas, convenios con empresas para que les den trabajo a los detenidos, programas de desintoxicación, atención especial a jóvenes infractores, mejoras en infraestructura y tecnología, capacitación de guías penitenciarios, observatorio de acciones, censo penitenciario para conocer la situación jurídica, de salud, educativa, de peligrosidad para clasificarlos y orientarlos, mecanismo de comunicación con los familiares y atención a los hijos de los detenidos.

Esos son algunos de los ejes de la primera política pública del Sistema de Rehabilitación Social con enfoque de derechos humanos, que fue presentada por el Gobierno este lunes, 21 de febrero, en el Palacio de Carondelet.

Según el presidente Guillermo Lasso, la delincuencia recluta a sus “sicarios” entre jóvenes abandonados o de hogares disfuncionales por lo que, agregó, esa política no solo funciona para los privados de la libertad, sino también para la sociedad.

“Vamos a humanizar las cárceles, la vida no termina ahí, nuestra meta principal es que su permanencia tras las rejas sea el tránsito hacia una vida nueva”, dijo, en un acto realizado en el Palacio de Gobierno.

Agregó que entre los principales problemas que halló su gobierno están la violencia interna, el hacinamiento, y que la posibilidad de rehabilitación era mínima.

De acuerdo con el mandatario, hay 36 centros de detención, el 45 % de los detenidos, es decir 16.000 personas, tiene familia y el 43 %, 15.000, tiene entre 18 y 30 años de edad.

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Entre las mujeres, siete de cada diez detenidas fueron empleadas, comerciantes, estudiantes, amas de casa.

Además de alrededor de 35.000 personas privadas de la libertad (PPL), 21.700 no han terminado sus estudios y más de 7.000 siguen educándose.

La rehabilitación se complementa -indicó- con acciones como la repatriación de presos extranjeros y el decreto de indulto, que fue firmado en el evento.

Con respecto a los indultos, sostuvo que con el decreto se agiliza el procedimiento debido a que han seguido detenidos por trámites burocráticos y por corrupción. El objetivo es reducir el hacinamiento.

Requisitos para indulto

Para acceder al indulto presidencial se deben cumplir cinco requisitos: sentencia condenatoria por robo, hurto, estafa, abuso de confianza; haber cumplido al menos el 40 % de la pena privativa de la libertad en el caso de sentenciados con el Código Penal y Código de Procedimiento Penal y haber cumplido al menos el 60 % cuando se trate de sentenciados con el Código Orgánico Integral Penal; que no mantenga otras sentencias condenatorias ni medidas cautelares vigentes; que no tenga un proceso penal en investigación previa en su contra; y que no haya sido sancionada la persona privada de la libertad (PPL) disciplinariamente desde su ingreso al centro de privación de libertad.

En el sistema penitenciario hay 34.821 personas cuando la capacidad instalada es de 30.169 plazas.

Según Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos y presidenta del directorio del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social, el Gobierno trabajará para que los hechos de septiembre y noviembre del 2021 no vuelvan a suceder nunca más.

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Construcción de política

La funcionaria indicó que para generar cambios hubo entrevistas a más de 2.600 PPL y sus familiares, así como reuniones con entidades estatales y de la sociedad civil.

Ordóñez mencionó que las PPL deben tener derecho a la salud, a la educación, trabajo, cultura y deporte como herramientas fundamentales para la reinserción social.

Agregó que más del 40 % de detenidos no tuvieron un trabajo previo y desde niños se involucraron en redes de violencia y narcotráfico y más del 50 % de ellos tienen entre 18 y 30 años.

Apoyo externo

Hubo apoyo de organismos internacionales como Naciones Unidas.

A Jan Jarab, representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le llamó la atención que en los últimos trece años la población privada de la libertad se triplicó, que crece el número de mujeres encarceladas y que los recientes actos de violencia masiva ocurrieron en lo que llamó cuatro megacárceles del modelo que se construyó en la última década para “supuestamente” resolver el problema del hacinamiento, pero trajo condiciones aún más deshumanizantes que no favorecen la resocialización.

La política de rehabilitación, de acuerdo con el Ejecutivo, se une a la seguridad y manejo adecuado del sistema carcelario. Debe ser implementada por el organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social. (I).