Para las 10:30 del próximo miércoles 12 de mayo ha definido el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova el inicio de la audiencia en la que se vincularán a cinco personas más al proceso penal por el delito de delincuencia organizada en el que actualmente son investigados el contralor (s) Pablo Celi, el exsecretario general de la Presidencia José Agusto Briones y otras siete personas.

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A inicios de mayo, la fiscal general Diana Salazar solicitó una audiencia de vinculación contra Roy Calero, Álvaro de Guzmán Pérez, Pedro Saona Roca, Pablo Flores Cueva, exgerente de Petroecuador, y su padre Marco Flores Troncoso. Las cinco personas fueron parte del grupo de catorce ciudadanos contra quienes la Fiscalía, el 12 de abril pasado, solicitó órdenes de detención con fines investigativos.

Los nueve inicialmente procesados y las cinco personas que serán vinculadas son acusadas por la Fiscalía de ser supuestamente parte de estructura que habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C. A., entre el 2017 y el 2020.

Durante la formulación de cargos en este caso, realizada entre la noche del 13 de abril y la madrugada del 14 de abril último, el juez Córdova, además del contralor Celi y el exsecretario Agusto Briones, ordenó prisión preventiva para Esteban Celi y Luis Agusto Briones, hermanos del contralor y el exsecretario, respectivamente, a Ángelo R., Andrés L. y Silvia L.

A excepción de esta última, quien fue internada en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Chillogallo, en el sur de Quito, el resto permanece en la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de la ciudad.

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La lista de nueve personas a las que la fiscal general Salazar les formuló cargos se completa con Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente Pablo Flores, a quien el juez le emitió la medida cautelar de presentación periódica y uso de grillete electrónico; y Elsie Cueva, madre de Flores, a quien no se le ordenó medida cautelar alguna, pero sigue siendo parte de los procesados.

La vinculación generará automáticamente que a la etapa de instrucción fiscal se le sumen 30 días más de investigación, es decir, de los 90 días inicialmente señalados pasará a tener la instrucción fiscal 120 días. La norma señala que, de darse más vinculaciones al caso, la instrucción fiscal no podrá superar los 120 días. (I)