“He dicho claramente que cooperaré con la justicia. Quien nada debe, nada teme. Yo no he pedido dinero y eso voy a aclarar en mi versión. (...) A mi comunidad y a mi provincia, quien me ha elegido aquí en esta Asamblea, no me mandaron a robar, me mandaron a legislar. Eso di a conocer y en este momento mi conciencia, mi cara está limpia, está impecable”.

Con esas palabras y acompañado de decenas de excombatientes del Cenepa es como ingresó, la mañana de este lunes, el asambleísta Celestino Chumpi, de los registros de Pachakutik (PK), a la Fiscalía a rendir su versión dentro de la investigación previa abierta contra cinco legisladores y un asesor que supuestamente pidieron “beneficios económicos” a cambio de consignar su voto a favor del proyecto de Ley de Inversiones.

Asambleísta Rosa Cerda pide nueva fecha para rendir versión en caso que investiga denuncia hecha por el presidente Guillermo Lasso

Chumpi, legislador por Morona Santiago quien asegura desconocer de grabaciones que demostrarían la existencia de un delito, junto con los asambleístas de la misma bancada de PK: Rosa Cerda, Édgar Quezada, Cristian Yucailla y Gisella Molina, y el asesor legislativo Marcelo Rosero fueron denunciados por el propio presidente Guillermo Lasso por aparentemente solicitar beneficios económicos a colaboradores del Ejecutivo durante una reunión de carácter político en marzo pasado.

La semana pasada, los asambleístas Cerda y Quezada no asistieron al primer llamado a rendir su versión y solicitaron que se les defina una nueva fecha. Por lo tanto, Chumpi es el primero de los cinco legisladores investigados que se acerca a contar lo que conoce sobre los hechos que se analizan.

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Este martes 17 de mayo, a las 09:00, el legislador Cristian Yucailla también debe acercarse a rendir su versión. Finalmente lo harán el 25 de mayo próximo Gisella Molina y el asesor Marcelo Rosero, a las 09:00 y 10:00, respectivamente.

Las versiones se tienen que rendir en el edificio principal de la Fiscalía, en el norte de Quito, y las diligencias estarán a cargo de la fiscal Mayra Soria. Desde el 27 de marzo pasado la Fiscalía General abrió la etapa reservada de investigación y tentativamente se revisaría la existencia de un delito de concusión. (I)