Asamblea Nacional tramita en primer debate la ley de inversiones en medio de críticas a la propuesta del Ejecutivo

A segundo debate pasó el proyecto económico urgente para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, cuando restan once días para que venza el plazo para que la Asamblea Nacional apruebe o niegue la iniciativa del Ejecutivo.

La legislatura se reunió este domingo 13 de marzo para dar trámite a este texto que recibió varias críticas y también respaldos a la propuesta. Mientras las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES) y Pachakutik advirtieron que se trata de un proyecto privatizador, el Gobierno, representado en la Bancada Acuerdo Nacional, destacó la importancia de la aprobación de este proyecto; también el Partido Social Cristiano (PSC) anunció su apoyo, mientras que el bloque de la Izquierda Democrática (ID) se mostró dividido en los discursos.

El proyecto busca asegurar un marco regulatorio que acelere la inversión pública con participación privada, fomentar el desarrollo de inversiones creadoras de empleo en múltiples sectores de la economía, además de aumentar e impulsar la industrialización nacional y la oferta exportable.

Casinos en zonas francas, una de las ideas planteadas para la Ley de Inversiones que espera su primer debate en el pleno de la Asamblea

Para promover la inversión, según el planteamiento del Ejecutivo, se simplificarán los trámites, procesos y trabas regulatorias, también se fomentará la adopción de tecnologías digitales en la prestación de servicios públicos y gestión de trámites administrativos.

Se propone un replanteo del esquema de las asociaciones público-privadas mediante la delegación y se distribuye el riesgo entre el Estado y el prestador de servicios.

Como destino de las inversiones se establecen las zonas francas, en áreas manufactureras, tecnológicas o logísticas.

Daniel Noboa (EU), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, destacó que esta ley busca atraer inversiones en múltiples sectores, que no se busca la privatización, sino fomentar más proyectos de inversión fomentando la prestación de servicios públicos de calidad.

La intención de la mesa legislativa no es impulsar la privatización, afirmó Noboa, quien insistió en que la idea central es generar empleo y dar la oportunidad a la empresa privada para que junto con el Estado generen mejores servicios para la ciudadanía. Que esta fue la crítica fundamental de las bancadas Unión por la Esperanza y Pachakutik. Salud, seguridad y educación jamás pueden ser privatizadas, reiteró.

Respecto del establecimiento de las zonas francas, Noboa dijo que habrá diez años de exoneración del impuesto a la renta y que a partir del año once operará con una reducción de hasta 10 % del impuesto a la renta hasta el año veinte, la tarifa cero del IVA en la adquisición de bienes y servicios.

Dijo que esta ley no tiene que ser gobiernista o de la revolución ciudadana, sino de los ecuatorianos para los ecuatorianos; esta ley tiene que ser de los 137 asambleístas, y que es responsabilidad de los legisladores mejorarla.

La vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo, Wilma Andrade (ID), destacó que la delegación para la participación del sector privado en temas públicos es constitucional, pero que para evitar un uso desmedido de esa delegación, la mesa legislativa incluyó una disposición expresa en la que se aclara que no se podrán, a través de delegación, transferir los bienes, patrimonio o los activos del Estado.

Y como se pueden delegar la administración y la gestión en temas de salud, educación y seguridad, según Andrade, la Comisión de Desarrollo incluyó un candado donde se contempla la prohibición de cobros de contribuciones, tasas o tarifas para los servicios, considerando que la Constitución garantiza la gratuidad.

La delegada de la ID ante la mesa que estudia el proyecto urgente afirmó que esta ley no es solo para el Gobierno central, sino también para los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que cuando no tengan recursos puedan delegar al sector privado y de esa forma llevar adelante la infraestructura en beneficio de la ciudad.

Insistió en que esta ley no es privatizadora, y que para evitar esa mala interpretación se han puesto candados y prohibiciones.

Pero su coideario Ramiro Narváez (ID) manifestó que el proyecto de ley que reforma 18 cuerpos normativos no tiene nada que ver con las inversiones, lo único que deja claro es que es un paso más para afianzar un modelo neoliberal en el país. Que es la tercera ley que llega a la Asamblea con esas características.

Dijo que nuevamente, en esta ley, se pretende eliminar el 1 % que las operadoras telefónicas tienen que pagar sobre sus ingresos para invertir en innovación y tecnologías. Qué tiene que ver esto con el fomento de las inversiones, preguntó.

Nathalie Arias (BAN) anunció que el proyecto del Ejecutivo espera atraer inversiones por $ 30.000 millones a través de la puesta en marcha de las alianzas público-privadas, el establecimiento de las zonas francas y el fortalecimiento del mercado de valores. Otro criterio que también debe analizarse es la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico, es decir, la posibilidad de que los productos ecuatorianos tengan una infinidad de destinos.

Respecto de las alianzas público-privadas, señaló que se eliminan algunos requisitos para simplificar los procesos. En torno a la delegación dijo que en la ley se reforzó el concepto para que no se dude de que hay un ánimo privatizador y tampoco de cobro de los servicios como salud y educación. También en la ley se perfeccionó el texto para que los GAD puedan delegar.

Esteban Torres, coordinador del PSC, dijo que el Estado debe garantizar seguridad jurídica y física para atraer la inversión, así como transparencia y reducción del gasto público.

Lamentó que este proyecto de inversiones llega tras una ley que aplicó impuestos que no envía mensajes atractivos cuando se incluye un impuesto al patrimonio, lo cual es una contradicción que debería corregirse.

Mario Ruiz Jácome y Mireya Pazmiño, legisladores del ala rebelde de Pachakutik, cuestionaron la propuesta del Ejecutivo, pues a su criterio trae consigo las llamadas delegaciones que en otras palabras es privatización de los sectores públicos.

Ruiz dijo que el proyecto que modifica 18 leyes contraviene lo que señala el art. 136 de la Constitución y que el Gobierno lo único que impulsa es la privatización y no fortalece al turismo como alternativas para generar recursos.

Desde la bancada de UNES, Sofía Espín advirtió que a través de la figura de la delegación, mediante alianzas público-privadas, establecida como regla y no como excepción, pretenden delegar la operación y el mantenimiento de todos los servicios públicos que brinda el Estado y entregarlos a manos privadas, como cárceles, hospitales, servicios de salud, entre otros.

Quieren delegarlo, en palabras bonitas, pero finalmente es privatizarlo, arrendarlo y venderlo todo, esa es la pretensión, afirmó Espín, lo cual es abiertamente inconstitucional. Alertó de que con esta ley se viene una ola de despidos en el sector público, bajo la figura de delegación.

El proyecto de ley regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo debate. El plazo para aprobar el proyecto urgente vence el próximo 24 de marzo. (I)