Por unanimidad, la Asamblea Nacional pidió al legislador Santiago Díaz Asque, expulsado de la bancada Revolución Ciudadana, que presente su renuncia voluntaria al cargo a fin de garantizar la transparencia del proceso penal por el delito de violación en su contra y proteger la legitimidad y credibilidad de la legislatura.
Santiago Díaz, legislador nacional que ganó la curul por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), está procesado por el delito de violación a una menor de edad y actualmente se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva, lo que ha generado el rechazo en la opinión pública.
El exhorto a Díaz fue aprobado con 146 votos de legisladores que se registraron para la votación.
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La propuesta de resolución fue planteada por la asambleísta Mishel Mancheno (AD), quien dijo que la Asamblea debe decidir si se acomoda en la tibieza o se pone de pie con dignidad.
“Nosotros no estamos aquí para proteger a los nuestros, estamos aquí para proteger y representar a quienes no tienen voz y cuando un hecho de esta gravedad que no solo afecta a una presunta víctima menor de edad, sino también a la credibilidad de una institución”, subrayó.
Explicó que el hecho que vincula a Santiago Díaz fue verificado y que Carla Olalla Espinosa, jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Familia, certificó que se inició una instrucción fiscal el 22 de julio de 2025 por un presunto delito de naturaleza sexual y en contra de quien se dispuso orden de prisión preventiva dentro de la misma diligencia.
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Frente a ello, preguntó Mancheno, la Asamblea qué ha dicho o qué ha hecho. Lo que se pide al pleno es un gesto mínimo de coherencia, que un legislador procesado por un delito grave dé un paso al costado.
La legisladora de ADN comentó que la renuncia es un acto de responsabilidad y un gesto de respeto al país, a la Asamblea y al debido proceso.
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Además, cómo se va a hablar de los derechos de la niñez, de la adolescencia, de la protección de mujeres y de la lucha contra la violencia sexual, “cuando uno de los asambleístas está involucrado y no tomamos decisiones”, increpó a la sala.
Otro caso de violación
Antes de someter a votación la moción de la legisladora oficialista, el asambleísta Blasco Luna, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), mostró un documento de la Fiscalía General del Estado de una denuncia similar a la del legislador Santiago Díaz, y que vota con la bancada ADN. Aunque en el pleno no reveló el nombre del legislador que estaría denunciado por el presunto delito de violación, luego ante la prensa dijo que se trata de un asambleísta de Pachakutik que en la Asamblea Nacional vota con el Gobierno.
Dijo que el presunto delito de violación se habría registrado en octubre de 2024, por lo tanto, el legislador Luna pidió que se depure todo caiga quien caiga.
En medio de su discurso y sin dar nombres, leyó parte de la denuncia donde la supuesta víctima cuenta que “ha estado tomando con el legislador (no dio el nombre), y que luego la llevó a un motel y luego ella sintió que fue violada; que presentó la denuncia, pero el caso no se mueve”.
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“Si allá también hay un presunto violador, pues que se investigue, que también presente su renuncia y se vaya a su casa”, increpó Blasco Luna, quien sostuvo que no se puede legislar a conveniencia.
“Caiga quien caiga”, afirma el legislador @blascoluna (RC), quien denuncia en el pleno de la @AsambleaEcuador que hay otro asambleísta denunciado, en octubre de 2024, por el presunto delito por violación. Aunque no dio el nombre dijo que vota con la bancada ADN. Que también… pic.twitter.com/YO8FYxMk3y
— El Universo (@eluniversocom) July 29, 2025
Resolución
El proyecto de resolución, denominada por la dignidad institucional y ética parlamentaria, a más del exhorto para que el asambleísta renuncie al cargo, incluye el texto en el que se expresa de manera enérgica el rechazo de la Asamblea Nacional ante la gravedad de la denuncia presentada contra el asambleísta Santiago Díaz Asque por el presunto delito de violación a una menor de edad, y dejar constancia de que, sin perjuicio del respeto al principio de presunción de inocencia, dichos hechos han generado una seria conmoción social y comprometen la imagen institucional de la Función Legislativa.
La legislatura también reafirma que la conducta ética de los asambleístas constituye un pilar fundamental para la legitimidad de la Asamblea Nacional, y que principios como la probidad, la responsabilidad política, la vocación de servicio, la observancia de una conducta digna y el respeto a los derechos fundamentales deben guiar el accionar parlamentario en todo momento.
Finalmente, insta a las autoridades competentes del sistema judicial y de control a actuar con celeridad, imparcialidad, objetividad y con enfoque de derechos humanos en el tratamiento del caso, asegurando tanto la protección de la presunta víctima como el respeto al debido proceso. (I)
