A pocos días de cumplir el primer año de gestión, la Asamblea Nacional tiene cuatro juicios políticos que esperan su trámite. Uno de ellos empezó a conocerse en la Comisión de Fiscalización y alcanza a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero debe esperar un pronunciamiento de la Procuraduría del Estado para continuar el trámite.

Las otras tres solicitudes corresponden a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y a los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para quienes hay dos peticiones de interpelación.

De estos cuatro procesos, el interés político se centra en el de los integrantes del CPCCS, por lo que se espera que el bloque correísta, representado en la bancada Unión por la Esperanza (UNES), vuelva a retirar las firmas de respaldo en el caso de los vocales de la Judicatura, tal como sucedió con el proceso en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador, que fue archivado.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (CN-PSE), advirtió del precedente que se estableció en el juicio al procurador, porque en un hecho inusual los propios acusadores consideran que no es necesario y lo retiraron y pidieron su archivo; con esa acción se deja notar que la ley de la Función Legislativa tiene vacíos, además esa acción “contradice la ética pública y afecta a la columna vertebral del Parlamento”.

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“Es un interés eminentemente politiquero y conspirativo, porque deja al desnudo el interés de tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y con ello tendrán el control de todo, porque el actual Consejo no es de su agrado, no fabrica los trajes a su medida”, subrayó Villavicencio.

Reiteró que el retiro de las firmas de respaldo se debe realizar ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y no ante la Comisión de Fiscalización, porque esa mesa no está facultada para autorizar la suspensión de un juicio político, esa atribución la tiene únicamente el pleno. Si no se regulan estos vacíos, en adelante, el proceso de fiscalización se podría utilizar como instrumento de chantaje y de negociación, porque primero se amenaza al funcionario con un juicio, luego se negocia y se retira e incluso se pide su archivo.

Juicio al CNE

El juicio político en contra de cuatro vocales del CNE y un exconsejero se oficializó el 11 de noviembre de 2021, por parte de la bancada de Pachakutik, por supuesto incumplimiento de funciones, pues en la acusación se asegura que el organismo presidido por Diana Atamait no permitió que se verifiquen las inconsistencias presentadas en las 39.000 urnas en las elecciones generales de 2021.

Comisión de Fiscalización suspende el trámite del juicio contra el CNE hasta que la Procuraduría se pronuncie

La acusación se basa en el artículo 148 del Código de la Democracia, que establece que cuando hay un reclamo de cualquier candidato, el CNE tiene la obligación de agotar todos los medios posibles para verificar que no existan inconsistencias, y según Pachakutik, eso no ocurrió en el proceso electoral de febrero de 2021 y el Ecuador se quedó con la duda de si a su candidato presidencial, Yaku Pérez, le hicieron fraude. La solicitud tiene 40 firmas de respaldo entre Pachakutik y la Izquierda Democrática.

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Sobre este proceso la Comisión de Fiscalización, el 7 de mayo, resolvió por unanimidad consultar al procurador del Estado si en este caso se aplica el artículo 19 del Código de la Democracia, que señala que la Función Legislativa no puede enjuiciar a los miembros del CNE cuando hay un periodo electoral. Los legisladores buscan una respuesta de la Procuraduría para determinar si siguen o suspenden el juicio.

Juicio a la Judicatura

El 17 de febrero de 2022, el CAL calificó el pedido de juicio político en contra de los vocales de la Judicatura: Fausto Murillo, Ruth Barreno, Juan José Morillo y la expresidenta de ese organismo María del Carmen Maldonado.

La solicitud fue presentada por los legisladores de UNES Viviana Veloz y Fausto Jarrín, por incumplimiento de funciones en el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que terminó con la destitución fuera de los periodos contemplados en la Constitución y la ley.

Otras de las acusaciones se relacionan con la remoción de jueces por efecto de la evaluación cuya normativa ha sido declarada inconstitucional por vulnerar el principio de tipicidad de las infracciones; incumplimientos en el concurso de méritos y oposición de la Corte Nacional de Justicia; nombramientos de conjueces temporales; concurso de selección a los jueces de la Corte Nacional del año 2020, que según los acusadores, se modificaron los parámetros para la calificación de méritos un día después del inicio de la etapa de méritos.

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Juicios al CPCCS

También el 17 de febrero se calificaron dos solicitudes de juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Los dos procesos están en espera de que primero se evacuen las solicitudes de interpelación en contra del CNE y CJ.

En el primer caso se presentó en contra de los cuatro consejeros que actualmente integran la mayoría en ese organismo: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo contralor General del Estado, que fue aprobado en agosto de 2021. Esa solicitud la oficializaron los legisladores Ángel Maita y Mireya Pazmiño, de la bancada Pachakutik-Rebelde.

La segunda petición surgió de los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo, de la bancada Pachakutik, pero en contra de los siete integrantes del CPCCS. Acusan a los consejeros de incumplir funciones en la designación de César Córdova como defensor del Pueblo encargado; destituir al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y por el nombramiento de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial. (I)