“Convoco a su autoridad y a los delegados del Gobierno nacional que hayan sido designados a la reunión de trabajo e inicio del diálogo y elaboración de la hoja de ruta correspondiente, para el día martes 23 de los corrientes, a partir de las 09:30 en el Palacio Legislativo”.

Así reza una parte de la carta que remitió, este 18 de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en su afán de dar curso a un diálogo que fue aceptado en julio pasado y se sugirió la integración de una comisión mixta, tanto del Parlamento como del Ejecutivo.

Asamblea Nacional convocará a una mesa de diálogo al Gobierno sobre Ley de inversiones

En la carta, Saquicela señala que el único camino para el progreso del país es ese diálogo franco, honesto, transparente, responsable y sobre todo con resultados, con el que ellos coinciden.

Que la Asamblea Nacional ha designado a los delegados de las distintas bancadas legislativas para que se integren en la referida comisión y se inicie este diálogo por el país. Los delegados de los bloques son los siguientes:

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  • Juan Fernando Flores, Bancada Acuerdo Nacional (BAN)
  • Nathalie Viteri, Partido Social Cristiano (PSC)
  • Wilma Andrade, Izquierda Democrática (ID)
  • Fernando Cedeño, Unión por la Esperanza (UNES)
  • Salvador Quishpe, Movimiento Pachakutik (PK)

Este grupo de legisladores serán los encargados de procesar todos los planteamientos que se realicen en la mesa de diálogo y se constituirán en un puente con sus bancadas para definir posiciones frente a los textos de los proyectos de ley que se acuerden tramitar en el Parlamento.

El propósito inicial es coincidir y acordar con el Ejecutivo el orden del trámite de los proyectos de ley y además los textos que deberán incorporarse en cada documento con el propósito de evitar vetos totales del Ejecutivo.

Uno de los primeros proyectos que esperan tramitar es el proyecto de Ley de inversiones, que fue negado en marzo del 2022, con 87 votos. El primer acuerdo es volver a revisar el documento que se negó, pulir algunos artículos e incluso eliminar aquellos textos que bloquearon su aprobación en segundo debate.

Nathalie Viteri, delegada del PSC, comentó que el objetivo es evitar los vetos totales a los proyectos que se aprueban y además definir los temas que importan al país como seguridad, salud, educación, pobreza y corrupción. “Todo eso hay que conversar, son 18 millones de ecuatorianos que están esperando las leyes para solucionar sus problemas”.

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Resaltó que este diálogo se inicie con el trámite del proyecto de Ley de inversiones, y que espera que el Gobierno se comprometa a no crear más impuestos y aprobar leyes que atraigan inversiones como generador de empleo.

Fernando Cedeño de UNES resaltó que el diálogo es importante frente a la profunda crisis política en el Ecuador. “Aquí tenemos que sentarnos, sin mayores condicionamientos, lo único que debe haber es el respeto en las diferentes funciones del Estado”, añadió.

Cedeño comentó que primero se deben crear las condiciones antes de hablar ya de un proyecto de Ley de inversiones, pues se debe saber si el Gobierno está dispuesto a dialogar con el legislativo, tras recordar que este Gobierno no es el primero que tiene una oposición en el Parlamento.

Salvador Quishpe, coordinador de la bancada de Pachakutik, es menos optimista de que el Gobierno acepte el diálogo, pues primero se dice que es el país del Ecuador y luego se descalifica a quienes tienen atribuciones para legislar. El diálogo entre las distintas funciones del Estado es elemental, y aquí a quien más le debe interesar el diálogo es al Ejecutivo.

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Manifestó que es fundamental que los proyectos de ley que se presenten del Ejecutivo deben venir con un mínimo de consenso con las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones sociales; pues se anuncia el envío de un proyecto de ley laboral, entonces, este debería venir con un consenso previo con las organizaciones de los trabajadores, así como la Ley de inversiones que debe contener los criterios de las organizaciones de estudiantes, indígenas, cámaras, mujeres y pequeños productores. Eso evitará que los proyectos de ley sean archivados en el Parlamento.

Estas reuniones que se realicen entre el Ejecutivo y Legislativo deberían ser públicas para no generar dudas de lo que se trate y se acuerde, incluso se deberá conversar sobre el anuncio de una consulta popular y las preguntas que deberán exponerse al país. (I)