La Asamblea Nacional tramitó en primer debate un proyecto de ley que busca fijar el precio oficial del litro de la leche en finca por encima de los $ 0,42, más dos componentes relacionados con calidad higiénica y calidad sanitaria.
Este 8 de febrero, el pleno abrió el debate del proyecto de ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados, que fue presentado por el legislador Mariano Curicama (BAN).
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Los representantes de los productores de leche al ser recibidos en comisión general solicitaron la aprobación de esta ley, que a su criterio protegerá al sector ganadero de los bajos precios y el contrabando.
Bajo consumo y contrabando les cuestan $ 50 millones al año a productores de leche
Gustavo Albuja, representante de los pequeños ganaderos del país, afirmó que en este proyecto de ley se necesita fijar el precio de la leche calculado por costo de producción más una utilidad razonable, y pidió que se prohíba la importación de leche en polvo, pues existe suficiente producción nacional, pues cada día se producen 6 millones de litros de leche en el Ecuador.
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Igualmente, dijo que se debe luchar en contra del contrabando que mata al agro, porque ingresan miles de litros de leche de los países vecinos todos los días, lo cual distorsiona el mercado y quiebra al campesino.
Santiago Malo, presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador, cuestionó que a este sector le haya tocado hacer lobby político gobierno tras gobierno, para pedir apoyo a los ganaderos. Esta vez pidió a los legisladores que consideren esta ley para que a través de un mandato legislativo obtener un marco jurídico que permita trabajar en paz a las 300.000 unidades productivas pequeñas que producen 6 millones de litros de leche al día y que vincula a 1′500.000 personas. Aclaró que los campesinos no piden que se les regale nada, sino seguridad jurídica para seguir trabajando.
Ángel Catucuamba, coordinador nacional del sector pecuario, resaltó la importancia de crear el Instituto Nacional de la Leche en la cadena de valor que esté integrada por los productores, los industriales, la academia, el Estado y todos los entes relacionados con el sector.
En cambio, Alexandra Abad, representante nacional de gremios ganaderos de Azuay, dijo a los asambleístas que el campo necesita ser protegido porque está viviendo una ola de migración gravísima de hasta el 70 % en el sector rural del austro.
El presidente de la comisión de Soberanía Alimentaria, Mariano Curicama (BAN), ponente del proyecto llamó a los legisladores a apoyar la aprobación de este proyecto que pasó el primer debate y que regresará a la comisión de Soberanía para el informe final.
El legislador destacó que el mayor número de ganaderos se concentran en las provincias de Chimborazo, Manabí, Cotopaxi y Pichincha, aunque en todo el país existen más de 270.000 ganaderos. Y es la región Sierra la que aporta con más del 70 % de la producción de leche.
Curicama afirmó que la leche se convierte en el sueldo del campo, por ello es necesario regular mediante ley esta importante actividad que hoy está normada por acuerdos ministeriales que se alejan de la realidad y responden al gobierno de turno, pues muchas veces se maneja con capricho de cada uno de los ministros o viceministros, apuntó.
El proyecto contiene 57 artículos, tres disposiciones generales, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria y una final.
La esencia viva del proyecto en debate se encuentra en los capítulos 4 y 5, afirmó Curicama, y se refiere a la fijación del precio de la leche cruda pagada en finca y centro de acopio. Actualmente, el precio se fija a través del Ministerio de Agricultura sustentado en el acuerdo ministerial 394 del año 2013, donde se determina que el precio mínimo de la leche cruda en finca debe ser de $ 0,42 más dos componentes por higiene y calidad sanitaria.
Cuestionó que en la actualidad el precio del litro de leche en finca oscila entre los $ 0,15 y $ 0,28, los que no abarcan el costo de producción que se ubica en $ 0,33.
Joel Abad del bloque Pachakutik comentó que desde su bancada defenderá a los generadores de alimentos, y por ello propuso que en la ley se busquen los mecanismos más idóneos y técnicos para garantizar una actividad rentable a la producción pecuaria.
Es necesario establecer mecanismos para exportar la producción pecuaria del Ecuador y la ley en debate debe definir el precio de la leche y no solamente debe ser $ 0,42, sino $ 0,48, y pidió que se incluyan sanciones para quienes abusen con los precios.
Eduardo Mendoza (BAN) señaló que en la construcción de este proyecto de ley se consideren tres aspectos fundamentales: lo social, económico y más importante el técnico sanitario, para ello se debe considerar la masiva participación de ganaderos que hacen de sus hatos lecheros su fuente principal de ingresos, y los productores siempre han reclamado un precio justo.
Que la norma en construcción debe prohibir la venta de leche adulterada con suero, lo cual es un atentado a la salud de todos los consumidores.
Cuestionó al ministro de Agricultura, Pedro Álava, por su falta de preocupación por el agro, hizo un llamado al funcionario para que deje de matar la producción nacional con la importación de maíz, la importación de leche en polvo.
Lo más preocupante, añadió, es la eliminación de los consejos consultivos como organismos que fijan los precios de la producción agrícola. “Ya basta, señor ministro, si no tiene la capacidad renuncie a su cargo, que hay personas capaces que saben cómo hacerlo”, subrayó.
El oficialista Francisco Jiménez (CREO) alertó que en el debate se muestran escenarios que no siempre son reales, y señaló que la fijación que se tiene con la sobrerregulación del precio de la leche podría pasar factura, porque hay otros problemas que existen en el campo como la brecha digital.
Que la fijación de precios ofrece una herramienta a la mano y permite compensar temporalmente las asimetrías que existen en la ruralidad, pero dijo que no es una solución definitiva. “Por eso, no podemos cifrar las esperanzas de desarrollo del campo principalmente en la fijación de precios, sino buscar la manera de perseguir un desarrollo sustentable del sector agropecuario en su conjunto”, destacó.
“Tengamos mucho cuidado de dónde ponemos la pluma, tengamos cuidado del proceso en el que queremos hacer transitar el país, socavando las bases de la dinamización de la economía, que más allá de una fijación de precios, se incentive la capacitación”, advirtió el representante del ala de gobierno.
El presidente encargado de la sesión, Virgilio Saquicela, cerró el debate del proyecto que regresará a la comisión de Soberanía Alimentaria para recoger las observaciones y presentar el informe para segundo y definitivo debate. (I)