Con 102 votos, la Asamblea Nacional censuró este 14 de febrero a la exministra de Salud, Ximena Garzón, acusada de incumplimiento de funciones en la adquisición de medicinas sin registro sanitario y la falta de atención médica a los pacientes con enfermedades catastróficas.

Garzón se convierte en la primera funcionaria del gobierno de Guillermo Lasso en ser censurada por el Parlamento.

La presentación de pruebas de los interpelantes Ricardo Vanegas, de la bancada Pachakutik, y Nathalie Viteri, del Partido Social Cristiano, y las pruebas de descargo de la exfuncionaria concluyeron con altercados en las barras bajas del hemiciclo entre familiares de la interpelada y familiares de las personas con enfermedades catastróficas que acudieron al Parlamento.

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Compra de medicinas sin registro sanitario lleva a la Asamblea Nacional a enjuiciar políticamente a exministra de Salud Ximena Garzón

Son cinco las razones del juicio político al que fue sometida la exfuncionaria:

  1. Compras en el sistema nacional de salud por regímenes especiales a través del Sercop con la participación del Ministerio de Salud, el IESS y las empresas públicas creadas por varias universidades estatales.
  2. Déficit en el financiamiento del seguro de salud.
  3. Sercop suspende del catálogo electrónico los servicios de compra de dispositivos médicos, servicio de limpieza hospitalaria, lavandería hospitalaria.
  4. Incumplimiento del dictamen emitido por la Corte Constitucional dentro del caso No. 679-18-JP/205, referente a la falta de atención médica a las personas con enfermedades catastróficas.
  5. Sobre el incumplimiento de funciones establecidas en la constitución y en la ley para la atención prioritaria de pacientes con enfermedades catastróficas y raras o huérfanas.

En la primera fase de intervención, el legislador Vanegas utilizó algunos testimonios que fundamentaron que el Ministerio de Salud, liderado por Garzón, acordaron con el Sercop la aplicación de reformas al reglamento general de la Ley Orgánica de Contratación Pública con lo cual se autorizó la compra de medicamentos sin que los proveedores justifiquen las buenas prácticas de manufactura y el registro sanitario, que son requisitos que exige la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Y para ello se dictaron varios decretos ejecutivos que permitieron que la empresa Ginsberg, inhabilitada desde el 2017 en el Sercop, declarada contratista incumplida desde el 2019 y deudora del Seguro Social, pudiera proveer medicamentos a través de las empresas públicas que tiene cada universidad, por lo que cambió su giro de negocio.

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Vanegas dijo que las acusaciones en este juicio están probadas, y pidió a la sala que una vez que se ha escuchado las declaraciones testimoniales y las pruebas documentales y se ha logrado demostrar que el propio Estado desde que asumió la presidencia “hizo todo lo posible para cambiar las normas y permitir que empresas privadas que estaban prohibidas de vender productos terminan siendo proveedores del Estado bypaseando la Ley de Contratación Pública haciendo trampa en la normativa”, por ello, pidió la censura de la ex uncionaria y que todo lo actuado en el proceso sea remitido a la Fiscalía General y Contraloría General para que se proceda de acuerdo con la ley, porque se han cometido hechos que pueden ser delictivos.

La legisladora Nathalie Viteri, en tanto, sostuvo que la censura de la funcionaria se produce por la falta de atención médica a los pacientes con enfermedades catastróficas y raras registrado desde mayo del 2021 al 5 de julio de 2022 cuando renunció al cargo.

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La ex ministra, Ximena Garzón, en su defensa ante el pleno de la Asamblea Nacional señaló que el juicio carece de contexto, es completamente infundado y su impulso carece de pruebas.

Afirmó que las aseveraciones de los asambleístas interpelantes no tienen ninguna evidencia y que eso es lo que más llama su atención; por qué impulsan este juicio, acaso están cumpliendo su función de fiscalización, preguntó la ex funcionaria quien sostuvo que si eso fuese cierto debieron impulsar un juicio político a los ex ministros de Salud y a otras autoridades de la red pública de salud que durante la pandemia compraron fundas de cadáveres a más de $100, compraron mascarillas con sobre precio y compraron medicamentos a carnicerías, y que hasta la fecha no responden qué hicieron con los cadáveres de los que fallecieron por la pandemia y que no controlaron las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue las cuales se combinaron con la COVID-19, y provocaron miles de muertes. Toda esa ineficiencia terminó con la vida de 75 mil ecuatorianos, afirmó.

Garzón Villalba antes el pleno sembró la duda que el juicio político tiene otro fondo como venganzas personales, disputas entre farmacéuticas, venganza contra una ex ministra técnica, honesta y transparente que combatió la corrupción durante su administración y denunció casos graves a la Fiscalía, que no utilizó la función pública en su propio beneficio.

Agradeció la presencia de familiares y pacientes de enfermedades raras y catastróficas que acompañaron en el pleno durante su interpelación, pero les preguntó si solo durante su gestión no se les atendió; desde cuándo se arrastran los problemas de los pacientes con enfermedades raras y catastróficas, y creen que con una censura a una ex funcionaria va a mejorar su condición de salud, que estuvo trece meses en su cargo.

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La ex funcionaria manifestó que cumplió a cabalidad sus funciones y cuando asumió el cargo, en mayo de 2021, el país estaba sumido en la pandemia de la COVID-19, la gente moría en las calles y ella encontró apenas un 52% de abastecimiento de medicamentos en los hospitales, por eso desde el inicio de la gestión comenzaron a trabajar en planes para abastecer las unidades de salud y realizaron cinco procesos de compras centralizados, además se impulsó la compra de medicamentos a nivel internacional. (I)