Los asambleístas Dominique Serrano (ADN), Mireya Pazmiño (RC) y Santiago Díaz (separado de RC) al momento cumplen acciones disciplinarias tomadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y existe un proceso penal por el presunto delito de violación en el caso del legislador Díaz.
En el caso del asambleísta Dominique Serrano Molina (ADN), fue suspendido de ejercer el cargo de legislador, por ocho días y sin sueldo, porque el Consejo de Administración Legislativa determinó que Serrano cometió una falta leve durante una sesión de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, al dedicarse a hacer dibujos mientras se fiscalizaban los contratos de la empresa Progen.
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Con esa acción, según la propia coordinadora de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno, el asambleísta de Pichincha Dominique Serrano no habría observado las normas de comportamiento que se espera de un legislador, al distraerse durante la comparecencia de autoridades el 2 de julio pasado y dedicar su atención a realizar dibujos en lugar de atender los temas relevantes que se abordaban. Esta conducta habría quedado registrada en videos que han circulado en redes sociales.
Hasta el lunes al mediodía seguía en firme que la legisladora suplente Nathaly Recalde, hija del legislador principal Eckenner Recalde (ADN), asumiría temporalmente el cargo de legisladora en representación de Pichincha.
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El siguiente caso es de la asambleísta Mireya Pazmiño, representante de la provincia de Bolívar por el movimiento Revolución Ciudadana (RC). Ella fue denunciada ante el Consejo de la Administración por el asambleísta Andrés Castillo (ADN), al tildar de “fascista” su propuesta de incluir en la Ley de Integridad Pública una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para que los adolescentes infractores que cometan delitos atroces sean sancionados como adultos.
Castillo consideró que la asambleísta de la RC cometió una falta administrativa grave, al haberlo agredido de palabra, y solicitó que se le impongan 30 días de suspensión sin remuneración.
En la sesión del 12 de julio, el CAL resolvió establecer la responsabilidad de la asambleísta Mireya Pazmiño Arregui, al haber incurrido en la falta administrativa grave prevista en el numeral 1 del artículo 170 de la ley orgánica de la Función Legislativa, esto es, “agredir de palabra a otro asambleísta, dentro o fuera del recinto parlamentario, sin perjuicio de la acción legislativa ante los órganos jurisdiccionales a la que haya lugar”.
Por ello, se impuso como sanción la suspensión, sin remuneración, de treinta días. Por lo que el CAL ordenó a la administración general la suspensión del pago de la remuneración que le corresponde a la asambleísta Mireya Pazmiño por el tiempo que dure la sanción.
En su reemplazo asumirá la curul por un mes el suplente Henry Bayas Rea, quien tiene 25 años de edad.
El tercer caso: el asambleísta Santiago Díaz Asque, militante y miembro del buró del correísmo, que fue separado de la bancada una semana atrás por encontrarse involucrado en una denuncia por el presunto delito de violación a una menor de edad.
En este caso, Díaz Asque pidió licencia sin sueldo por un mes, pero el CAL no concedió el permiso, con ello se tendrá que aplicar el artículo 114 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que señala que luego de 30 días de ausencia injustificada se podrá considerar abandono del cargo y en este caso, el Consejo de Administración Legislativa procederá a la principalización definitiva de la asambleísta suplente, Annie Christina Muñoz Aroca.
La legisladora Verónica Íñiguez, de la bancada Revolución Ciudadana, comentó que este grupo político decidió no interferir en lo que tiene que ver con el proceso de justicia. Por eso, “estamos del lado de la ciudadanía que busca que se haga justicia, pues sabemos que el acto es repudiable, por lo tanto, no vamos interferir de ninguna forma”, anotó.
La legisladora del oficialismo Nataly Morillo (ADN) aplaudió la decisión del CAL, de no conceder licencia al legislador Santiago Díaz, y que más bien se haya pedido al Ejecutivo que no se permita la salida del país del presunto agresor sexual a una menor de edad.
Dijo que el proceso está en la parte judicial y que ADN será respetuosa del proceso, sin embargo, el Gobierno considera que se debe actuar con firmeza y es por eso que se determinó una recompensa para quien dé información sobre el paradero del legislador Santiago Díaz. (I)