El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, analiza la sentencia emitida por la Corte Constitucional que destituyó a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de sentencia en la designación del vocal del Consejo de la Judicatura.

La máxima autoridad del legislativo no descarta la posesión, en la próxima semana, de los consejeros suplentes tomando como referencia la información proporcionada por el Consejo Nacional Electoral desde el 21 de noviembre de 2022, que incluye el listado de los consejeros y consejeras suplentes que deberán posesionarse.

El pasado 9 de enero, fue la última convocatoria que realizó Saquicela al pleno del Parlamento a la sesión 836, para el día 11 de enero a las 20:00, a fin de: “posesionar de los consejeros y consejeras suplentes del CPCCS, de conformidad tanto con el numeral 12 del artículo 9 de la ley de la Función Legislativa, como con el contenido del oficio del 21 de noviembre de 2022, del Consejo Nacional Electoral”, esa sesión fue suspendida sin explicar sus razones .

Saquicela recordó que el pronunciamiento de la Corte Constitucional es de cumplimiento obligatorio y lo único que resta es aplicarlo como es la destitución de los siete consejeros, de los cual cuatro fueron destituido por el Parlamento, insistió.

Dijo que al momento revisa la sentencia que es bastante extensa porque analiza varios tópicos, incluso de las elecciones de los nuevos consejeros que serán en pocos días más; y luego de ese análisis, se tomará una decisión en lo que le compete a la Asamblea Nacional, precisó la autoridad legislativa.

Virgilio Saquicela no descarta que el pleno proceda a posesionar a los nuevos consejeros, que esa decisión está atada al análisis que realice sobre el contenido de la sentencia.

En medio de ese análisis, el consejero suplente Carlos Figueroa, llegó al Parlamento y dijo que espera ser convocada por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para tomar posesión del cargo, designar a los nuevas autoridades del Consejo y posteriormente aplicar un “borra y va de nuevo”, pues sostuvo que todo proceso iniciado para designar autoridades de control entrará a revisión.

Posturas políticas

Los sectores políticos del Parlamento reaccionaron de manera positiva la decisión de la Corte Constitucional, no hubo reacciones contrarias.

Jorge Abedrabbo del bloque PSC sostuvo que la justicia llega aunque tarde; en la destitución a los siete consejeros no cabe que ningún juez del país tome una decisión contraria. Lo importante de todo esto es que no se puede atropellar a los poderes del Estado, reflexionó.

Su coideario, Luis Almeida, habló que su sobrina, Sofía Almeida, quien era consejera del CPCCS, fue sacrificada en la decisión de la Corte Constitucional, porque ella junto a otros dos consejeros “no estaban saboteando el nombramiento del vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, pero allí hubo la mano negro de Aparicio Caicedo; en todo caso, como que el país respira un poquito más, a consecuencia de que Hernán Ulloa, ya no estará en el Consejo”.

Respecto a una eventual destitución de aquellos asambleístas que no cumplieron con la sentencia del juez constitucional relacionada con el juicio político a los cuatro consejeros del CPCCS, el asambleísta Abedrabbo, sostuvo que será una decisión de la Corte Constitucional y el bloque PSC, será respetuoso de lo que decida.

La legisladora de la bancada correísta, Gisella Garzón, sostuvo que no tiene asidero la lectura que hacen algunos asambleístas y actores políticos de que la decisión de la Corte Constitucional daría paso a una posible destitución de aquellos legisladores que enjuiciaron y destituyeron a cuatro consejeros CPCCS.

Dijo que en la sentencia, en el párrafo 231, señala “esta Corte aclara, que el proceso de verificación y las decisiones adoptadas en el presente auto, son independientes de los procesos de fiscalización política de la Asamblea Nacional”.

Sostuvo que en el mismo párrafo, la Corte reconoce y ratifica que se tiene atribuciones de control político en la Constitución; por lo tanto, una posibilidad de destitución bajo esa características, no tiene asidero.

La asambleísta oficialista, Ana Belén Cordero, lamentó que otra institución distinta a la Asamblea tuvo que “hacer los deberes” a la Asamblea en el tema del CPCCS; pues siempre se habló de la destitución y censura de los siete consejeros.

Cordero consideró que el fallo de la Corte Constitucional no podría constituir un precedente para proceder a destituir a los asambleístas, porque se trata de una sentencia distinta, pero será la Corte quien determine aquello.

El asambleísta, Ricardo Vanegas (PK), manifestó que con la sentencia, la Corte Constitucional envió un mensaje claro y directo, de que en el país ningún funcionario público está sobre la Constitución, y todas las resoluciones constitucionales tienen que cumplirse integralmente.

Este prescedente, añadió, constituye un llamado de atención a los funcionarios públicos, de que todo aquel que no cumpla con las disposiciones emitidas por jueces, pronto estará en casa por incumplimiento.

Denunció que la mayoría legislativa (PSC-UNES) se dedicó a impedir que los suplentes del CPCCS sean posesionados oportunamente; pues al momento el Consejo de Participación se encuentra en acefalía, por responsabilidad directa de quien presidente esta Asamblea. (I)