Con 78 votos a favor, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) logró, en su segundo intento, que la Asamblea Nacional apruebe una resolución de respaldo a la propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa, de convocar a consulta popular para instalar una asamblea constituyente, como lo establece el Decreto Ejecutivo 153.
La semana pasada, la bancada ADN, intentó aprobar una resolución de apoyo a la propuesta de consulta popular para convocar a una asamblea constituyente según el Decreto Ejecutivo 148, pero le faltó tres votos y no pasó.
Este martes, ADN a través del legislador Alejandro Lara, planteó la inclusión del tema a debate pero refiriéndose al Decreto Ejecutivo 153, y obtuvo 78 votos.
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El debate estuvo matizado por acusaciones mutuas entre el oficialismo representado en ADN y la oposición de la Revolución Ciudadana que se enfrentaron verbalmente durante la discusión de una resolución para apoyar la propuesta del presidente Daniel Noboa.
Los legisladores de ADN defendieron con vehemencia la iniciativa presidencial, argumentando que la actual Constitución de 2008 “protege más los derechos de los delincuentes que de los ciudadanos” y que una nueva Carta Magna es necesaria para enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado.
Por su parte, los representantes de la Revolución Ciudadana acusaron al oficialismo de querer desmantelar los derechos sociales, laborales y ciudadanos ganados en la Constitución del 2008, y señalaron que la propuesta de Constituyente no busca enfrentar la inseguridad, sino “consolidar un proyecto autoritario”.
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El legislador Alejandro Lara de la bancada ADN fue el encargado de motivar la resolución sobre el respaldo a la consulta popular.
Los 78 votos que apoyaron tanto la inclusión del tema a debate y luego la aprobación de la resolución vinieron de ADN, ex RC, exPSC, Construye, Independientes y tres legisladores expulsados de Pachakutik que representan a la amazonía: José Nango, José Nantipia y Edmundo Cerda.
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Lara en su intervención indicó que la intención de la consulta es devolver al pueblo el derecho a decidir sobre la instalación de una constituyente, que es la ruta constitucional para procesar una crisis que ha desbordado las vías ordinarias, es un llamado al poder soberano consagrado en el artículo 1 de la Constitución, para que el país redefina, con su voto, las bases que el Estado necesita.
Dijo que en Montecristi se proclamó como una Constitución de derechos y terminó siendo un manual de impunidad, y citó como ejemplo, la Constitución reconoce como grupo de atención prioritaria a las personas privadas de su libertad, que en la práctica significó que se levantaron un sinnúmero de garantías que fueron utilizadas por narcotraficantes, por sicarios y las mafias para gozar de privilegios dentro y fuera de las cárceles.
Con esa constitución, añadió Lara, los jueces interpretan cualquier error procesal como excusa para liberar delincuentes, mientras que las víctimas y las familias claman por justicia.
La Constitución del 2008 inventó un Consejo de Participación Ciudadana que terminó siendo “la fábrica de la corrupción institucionalizada, un supra órgano que repartió cargos y capturó las instituciones de control, crearon un sistema, que en lugar de vigilar el poder, lo convirtieron en un botín político”.
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El correísmo vendió a Montecristi como un proyecto de derechos cuando nunca lo fue, la Constitución en el 2008 protegió a los corruptos, blindó a los delincuentes y debilitó al Estado. Acaso nos olvidados de un expresidente y un exvicepresidente condenados por delitos de corrupción, acaso nos olvidamos de los escándalos de Petroecuador, de Odebrecht y refinería del pacífico, de los contratos amañados en salud, educación y en obra pública, todo eso bajo el marco constitucional que decían que la Constitución de los derechos, apuntó.
Lara dijo que los resultados fueron un Estado de derechos con sobornos institucionalizados, con contratos amañados y con personas que juraron limpiarnos de corrupción y esa es su herencia y quienes quieren defenderlas les digo: “ustedes no son los guardianes de la democracia, sino los responsables de haberla degradado”, sentenció.
La legisladora Ana Yela de la bancada Revolución Ciudadana manifestó que el gobierno reiteradamente ha señalado que todas las medidas y leyes aprobadas por este gobierno ha señalado que es para enfrentar la criminalidad, y hoy el crimen en el país está peor que hace dos años asumió el gobierno ADN.
Los secuestros en Guayaquil están desbordados y las muertes violentas están peor que nunca, y recién se vivió el primer trimestre más violento de la historia del país.
Esta constituyente, dijo Yela, es una instancia más del gobierno “diciéndonos que va a ser para combatir el crimen, cuando en realidad tiene otras razones”.
Indicó que en la constitución del 2008 se prohibió la tercerización y el trabajo por horas, y ahora lo primero que harán en la constituyente es legalizar el trabajo por horas, precarizar la vida laboral y violentar los derechos. Aseguró que también quieren una constitución donde se retroceda en derechos a la naturaleza y permitir la extracción minera en Quimsacocha.
“Nos van a retroceder todo lo ganado y van a meter por las anchetas todo lo que no han podido legalizar hasta este momento en esta constitución, ese es objetivo bajarse todos los pesos y contrapesos del Estado”, afirmó Yela.
El Consejo de Participación Ciudadana molesta hasta que le aprobaron el Consejo de la Judicatura a la medida del gobierno, la Corte Constitucional molesta hasta que no le da la razón al presidente de la República.
La legisladora Paola Jaramillo (ADN), sostuvo que la constitución de 2008 se hizo a la medida del siglo XXI, la que le abrió la puerta al autoritarismo, al despilfarro y benefició a quienes hoy están prófugos.
La asamblea constituyente es la única salida, afirmó Jaramillo, tras señalar que la actual es chavista, comunista que abrió las fronteras al crimen organizado, que dejó sin cooperación internacional para combatir el narcotráfico y que permitió que los delincuentes salgan, en cuestión de horas, de las cárceles.
Dijo que esa constitución creó poderes ineficientes que hoy están costando al Estado ecuatoriano. Esa camisa de fuerza, llamada constitución de 2008, hoy tiene fecha de caducidad.
Viviana Veloz, coordinadora de la bancada RC, inició su intervención aclarando que los asambleístas de la Revolución Ciudadana no tienen ningún patrón, que en su bancada hay 62 legisladores que piensan, que son críticos y que son oposición democrática. Que no son una hacienda, sino una bancada. No se necesita denostar a nadie, no se puede convertir en un sainete de insultos, con lo cual la gente no come, ni tampoco hay medicinas en los hospitales.
Refiriéndose a ADN, Veloz, dijo que cuando se refieran a RC se tiene que hacer con pruebas, pues hay facultades constitucionales para demandar por tanta falsedad, como lo hacen contra la legisladora Mónica Palacios.
Refiriéndose a la resolución, dijo que el gobierno se ha vuelto experto en crear distractores, que se trató de baypasear la convocatoria de una constituyente.
Aclaró que aún no se califica la constitucionalidad para convocar a una constituyente, que la Corte Constitucional solo dio el aval de la vía, que la jueza le toca valorar la constitucionalidad tanto de la pregunta como los considerandos y lo estatutos; es decir, nada está dicho todavía, puntualizó.
Dijo que al gobierno le molesta mucho la actual constitución donde existen límites, pesos y contrapesos.
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