En la primera quincena de febrero, la Asamblea Nacional discutirá en segundo debate un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) relacionado con siete de las once preguntas de la consulta popular planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa.
Ese es el primer acuerdo político alcanzado en la Asamblea Nacional frente al ambiente de inseguridad que vive el país . Todas las fuerzas políticas acordaron dar celeridad al trámite de reformas penales que están en trámite desde hace varios años e incluso recoger aquellas que se presentaron hace una semana, y con ello, dar un mensaje claro a la delincuencia organizada y proporcionar herramientas a los administradores de justicia.
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Para alcanzar ese objetivo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado unificará 41 proyectos de ley en materia penal, incluyendo cuatro propuestas presentadas en las últimas semanas de los asambleístas Jorge Acaiturri-Villa, Otto Vera (PSC), Mariana Yumbay (PK), Patricia Mendoza (RC) y Jorge Peñafiel (Construye).
Antes de elaborar el informe de segundo debate, la mesa de Justicia abrirá un espacio de socialización para escuchar nuevamente la posición de la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y a los proponentes de las reformas.
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En la práctica, las reformas al COIP implican aumento de penas para delitos como extorsión, delincuencia organizada, cumplimiento de penas en centros de detención y la no contemplación de medidas sustitutivas.
El grupo de reformas en trámite, según el asambleísta Vicente Taiano (PSC), e integrante de la mesa de justicia, que están a la espera de un informe para segundo debate tiene tres grandes desafíos: la primera revisión de penas al alza; la responsabilidad penal a los adolescentes infractores donde se debe revisar cómo están cumpliendo la condena y la pena; y, que en todos los delitos vinculados al crimen organizado no exista bajo ningún concepto posibilidad de acogerse a régimen semiabierto o abierto, es decir, que cumplan con la totalidad de la condena en los centros de privación de libertad.
También se espera incluir una reforma al COIP para impedir que los criminales puedan acogerse a ningún beneficio.
Aunque no está dentro del mismo paquete de reformas, la Asamblea Nacional espera tramitar un proyecto de ley que presentó la Corte Nacional de Justicia el año pasado, en el que se proponen varias reformas a la ley penal, a la Ley Orgánica de la Función Judicial y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta última para dejar totalmente cerrada la puerta para que en adelante ningún juez pueda otorgar habeas corpus a los sentenciados. En este proyecto también se propone la creación de jueces especializados en materia constitucional y de salas de impugnación especializada.
La revisión de penas al alza, explicó Taiano, debe aprobarse porque el país está viviendo un momento complicado y sin duda la situación lo demanda frente a los delitos execrables y todos los vinculados al crimen organizado.
En esta unificación del proyecto se incluirán las reformas planteadas en las últimas semanas de actuales legisladores que pretenden incorporar penas para delitos de extorsión, terrorismo, vacunadores, femicidios, asesinos y demás actos criminales que cuenten con un marco jurídico adecuado al tipo de delitos que se están cometiendo.
De aprobarse estas reformas y una vez que estén en vigencia, ya no habrá razón alguna de la ejecución de la consulta popular relacionada al COIP, eso implica al menos siete preguntas de las once inicialmente planteadas. Con ello, el Ejecutivo ya no debería insistir en ese tema, afirmó Taiano, quien además dijo que las reformas al artículo 158 de la Constitución aprobado por la Asamblea en diciembre de 2023 también debe ser incorporadas a la consulta popular y que se refieren a la participación complementaria de las Fuerzas Armadas en actividades de control del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Entre las reformas que proponen desde la Asamblea los legisladores plantean la tipificación del delito de extorsión, sicariato, extorsión, delincuencia organizada, lavado de activos, secuestro extorsivo. La legisladora Mariana Yumbay, por ejemplo, propone la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos que superen una pena de tres años y que se prohiba su ingreso al país por un lapso de 20 años.
El presidente de la mesa de Justicia, Fernando Cedeño, indicó que el informe para segundo debate del proyecto de reformas al COIP estaría listo en la primera semana de febrero; y eso implicará la inclusión de los nuevos proyectos presentados durante los meses de diciembre de 2023 y enero 2024.
La mesa espera conocer la próxima semana los últimos proyectos de ley que reforman al COIP y que fueron calificados por el CAL, para su incorporación al informe para segundo debate, pero antes se abrirá un espacio para la socialización entre los legisladores y grupos interesados en el tema. (I)