Consultar a la ciudadanía sobre si está de acuerdo en que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando el artículo 158 de la Constitución, es la primera de las ocho preguntas que contiene la propuesta de referéndum que promueve el gobierno de Guillermo Lasso y que fue entregado a la Corte Constitucional este lunes, 12 de septiembre, por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

De ganar el Sí en el referéndum -que además de reformas constitucionales en materia de seguridad ciudadana sugiere cambios en democracia y medioambiente- se reformaría el artículo estableciendo que previa solicitud de la Policía Nacional, el presidente podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas y que este apoyo se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada.

Con la modificación, al artículo se le agregaría, luego de la tercera oración, una nueva disposición, el resto permanece igual y quedaría de la siguiente manera:

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico”.

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La Constitución reconoce que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos con una formación en democracia y derechos humanos, pero con misiones distintas: las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa de la soberanía y la integridad territorial; mientras que la Policía Nacional de la protección interna y mantenimiento del orden público.

Así también, el único mecanismo que permite la cooperación de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional es la declaratoria del estado de excepción, una figura que se aplica solamente en situaciones de emergencia y tiene un límite temporal de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más.

Por este motivo, el Gobierno sostiene que el objetivo principal de esta propuesta de enmienda es la protección de derechos humanos a través de un mecanismo de protección que no dependa de la declaratoria de estados de emergencia.

Diego Pérez, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experto en seguridad, menciona que la propuesta es interesante y que se intenta atender un tema que venía dando vueltas en varias agendas sobre seguridad, pero a la vez considera que es necesario atender varios elementos con minuciosidad para evitar caer en actos populistas.

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“Lo primero que hay que delimitar con precisión en la pregunta, pero sobre todo en el debate público que se dé, es cuál va a ser la extensión de las misión y acciones que van a tomar policías y Fuerzas Armadas”, comenta, y dice que ante el hecho de que las Fuerzas Armadas se vinculen siempre en múltiples operaciones conexas a las garantías de seguridad, debe existir claridad de los límites de las misiones para evitar complicaciones.

Pérez considera también que este debate era algo que tarde o temprano debía darse en el país y que es producto de que las condiciones de seguridad en el mundo han cambiado y que esto implica adecuar las condiciones para atender a los fenómenos.

“Ahora se requiere pensar en estas nuevas dimensiones que probablemente hace unos años no eran razonables, pero actualmente demandan buscar los mecanismos de acciones concertadas, entre Policía y Fuerzas Armadas, para garantizar una mejor atención del crimen organizado y el narcotráfico”, apunta.

El ministro de Gobierno, Francisco Jimenez junto a los ministros Patricio Carrillo y Luis Lara acudieron este 12 de septiembre de 2022 a la Corte Constitucional a entregar la documentación referente a la Consulta Popular propuesta por el Gobierno de Guillermo Lasso. Foto: API

El Ejecutivo fundamenta principalmente su propuesta en que en Ecuador la presencia de grupos criminales organizados se ha convertido en parte de la vida cotidiana y que el país se encuentra dentro del 16 % de los Estados en donde existe mayor presencia de criminalidad.

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Sobre el crimen organizado, el Gobierno dice que, en los últimos cinco años, la situación se ha tornado cada vez más grave debido a que organizaciones criminales transnacionales como carteles y grupos irregulares armados han captado organizaciones criminales ecuatorianas, que libran enfrentamientos violentos entre sí por control territorial.

Además que en el 2021 Ecuador alcanzó la tasa de homicidios intencionales más alta de la década, principalmente motivados por el microtráfico de drogas y que los conflictos armados se han extendido a los centros de privación de la libertad, en los que el 46,63 % de delitos cometidos se han perpetrado con armas de fuego.

El almirante en servicio pasivo Ángel Sarzosa, quien fue comandante de la Armada Nacional, considera positiva esta propuesta y comenta que no se estaría incurriendo en el cambio de misión de las instituciones y lo que se lograría es que se actúe ante una nueva amenaza que antes no existía.

“Había delincuencia, drogadicción, éramos tránsito para la droga, pero hoy somos parte del crimen transnacional organizado, es una amenaza nueva en el nivel que estamos teniendo ahora y es una amenaza directa a la seguridad del Estado, no solo de la ciudadanía”, precisa.

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En el sector de Carapungo, ubicado al norte de Quito, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso anunció las ocho preguntas para la consulta popular. Foto: Carlos Granja Medranda

Sarzosa confía en que la CC le dé viabilidad a esta reforma y reitera que si surge preocupación por las competencias o límites, ya la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, por lo que el marco legal existe.

Otro argumento para fortalecer el planteamiento es que la ubicación física y geográfica de Ecuador aumenta las amenazas frente a grupos delictivos. Actualmente el país presenta una integridad territorial de 4.50 sobre 10.218, este criterio de evaluación representa el grado en el que los Estados son capaces de controlar y proteger sus territorios e infraestructuras frente a la actividad del crimen organizado y dicen que no deben ser solo temporales.

Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, difiere en que este apoyo entre instituciones sea solo excepcional y dice que cada vez se ha vuelto más recurrente el decretar estados de excepción en el país, los que implican una suspensión de derechos ciudadanos.

“Lo que se quiere consultar ya está respondido por la CC, es una pregunta que ya tiene respuesta anterior y lo que la Corte es probable que la encuentre como una pregunta ambigua y me parece irrelevante en relación con otros requerimientos que en materia de seguridad están intactos”, cuestiona.

Navarrete considera que lo necesario en este tema sería potenciar a la Policía Nacional para que pueda cumplir su rol.

En tanto, según el Ejecutivo, los grupos criminales más poderosos del Ecuador usan armas sofisticadas, munición y explosivos y que se estima que el mercado ilícito más grande en el Ecuador es el dedicado al tráfico de armas; superando incluso al narcotráfico. Ante esta situación, consideran que la capacidad operativa de la Policía Nacional para neutralizarlas y combatir el crimen organizado es insuficiente y existe un desequilibrio entre la amenaza del crimen organizado y la institución.

Ante este desequilibrio, Sarzosa menciona que justamente el apoyo es probable que sea solicitado cuando la Policía Nacional no pueda abastecerse y lo que se establecería es una coordinación permanente.

“La Policía podrá decir apóyenme desde este lugar, se me desviaron por este otro punto, no tengo personal en determinado sitio y situaciones de este tipo”, expresa, y subraya que este apoyo no implicará ningún tipo de subordinación y que cada institución seguirá teniendo sus mandos independientes. (I)