El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Antonio Vargas, consta en la lista de las 268 personas que fueron amnistiadas por la Asamblea Nacional el pasado 10 de marzo. La resolución fue publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial n.° 021, del 15 de marzo de 2022.

Está en el apartado que se refiere a los “defensores de derechos comunitarios”. Se cita que la causa por la cual se le concedió este beneficio es la numerada 1628120160069, en la que se lo procesó por uso ilegal de suelo y tráfico de tierras de la hacienda llamada Té Zulay, en Pastaza.

Se trata del mismo proceso por el cual ya fue indultado por el presidente Guillermo Lasso, el pasado 8 de noviembre, a través del Decreto Ejecutivo 246.

Con dicha decisión, Lasso perdonó la pena privativa de libertad y multa impuestas al dirigente indígena. Él fue detenido el 20 de junio del 2021 para cumplir una sentencia de tres años y cuatro meses de prisión más una multa de doce salarios básicos por el citado caso.

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Ahora, con la amnistía, además el proceso se “borra”; es decir que nunca existió.

Indulto y amnistía no son lo mismo. El primero puede darlo tanto el presidente de la República como la Asamblea Nacional; y con este se le perdona toda o parte de la pena a la cual una persona ha sido condenada en virtud de una sentencia firme. La segunda solo la da el órgano legislativo; a través de ella se “perdona y olvida” un hecho político generador de acciones penales por delitos cometidos en ese contexto; entonces se extingue la acción penal y se vuelve al estado original de presunción de inocencia.

El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, Fernando Cabascango (PK), confirma que Vargas, en efecto, consta en la lista de amnistiados. Pero dice que no recuerda por cuál proceso.

En el informe de la Mesa se cuenta que Vargas “actuó en su calidad de Jatun Cara de la nacionalidad Kichwa de la provincia de Pastaza para resolver la situación del inmueble denominado Té Zulay (...) y actuó como administrador de este. En ese sentido, su accionar se encontraba encaminado a hacer prevalecer la legítima autoridad indígena sobre su territorio ancestral, lo cual puede ser catalogado como una reivindicación social colectiva en contra del Estado, configurándose el presunto cometimiento de un delito político”.

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Se dice que el proceso tiene aún “recursos pendientes”, pero que “no está privado de la libertad”. No se menciona nada sobre el indulto.

El exlegislador y académico Henry Cucalón explica que “el indulto es la indulgencia de la pena para que no cumplas cárcel o salgas de ella; pero se mantiene el delito, antecedentes, inclusive para efectos de reincidencia. Amnistía es el perdón y olvido, nunca existió el hecho: 0 kilómetros. Por eso muchos buscan la amnistía”.

Pero recuerda que estas últimas no son para delitos comunes, como el tráfico de tierras. “Aunque muchos legisladores los interpretan como hechos conexos a los delitos políticos. Yo no le habría dado la amnistía por ese delito”, dice.

Señala que un caso similar de indulto y amnistía para el mismo caso es el de los comandos de Taura que participaron en el secuestro del fallecido expresidente León Febres-Cordero, en 1987. Al año siguiente, por pedido del entonces mandatario Rodrigo Borja, el Congreso Nacional de la época les concedió la libertad expidiendo una Ley de Gracia, algo parecido a un indulto. Veinte años después fueron amnistiados por la Asamblea Constituyente de Montecristi.

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Vargas, a la cuenta, ha sido amnistiado en dos ocasiones.

El 21 de enero de 2000, el entonces presidente de la Conaie participó en el derrocamiento del entonces mandatario Jamil Mahuad. Formó parte de un triunvirato de tres horas junto al coronel Lucio Gutiérrez y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano. Gutiérrez fue remplazado por el general Carlos Mendoza, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El 21 de enero de 2000, Antonio Vargas (d) integró en triunvirato temporal que asumió el poder tras el derrocamiento de Jamil Mahuad. Foto de Archivo

Por ese hecho, el exmandatario Gustavo Noboa, quien sucedió a Mahuad en el poder, le pidió al Congreso Nacional que apruebe una amnistía general para civiles y militares que intervinieron en esta asonada; aquella se aprobó a fines de mayo del mismo año.

“Esta amnistía se concede exclusivamente para los delitos políticos y las causas penales que se hayan iniciado o puedan iniciarse por las infracciones de tal carácter político, perpetradas en la realización o con ocasión de los hechos antes referidos”, indica el texto de la resolución del 2000.

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Con ello, la Corte Militar y la Corte Nacional de Justicia borraron las culpas de militares y civiles.

El del 2000, recuerda Cucalón, sí era el típico delito político: rebelión. (I)