Los nuevos asambleístas de la Izquierda Democrática y Pachakutik suscribieron este 22 de abril un acuerdo legislativo y de gobernabilidad que los compromete a actuar en alianza en el nuevo periodo legislativo bajo la nominación de bloque Minka por la Justicia Social y la Libertad.

El documento contiene cuatro ejes: economía, empleo y producción; educación y salud; ecología y derechos humanos; y, ética y transparencia. Todo esto desarrollado en 34 puntos que demanda legislación y fiscalización. En el acuerdo estuvo presente el excandidato presidencial por la ID Xavier Hervas.

Pero este acuerdo será integral según los asambleístas electos: Darwin Pereira representante de Pachakutik y Ecknner Recalde, de la Izquierda Democrática; pues el compromiso es que Pachakutik presente la candidatura a la Presidencia de la Asamblea Nacional y con ello, la Izquierda Democrática renuncia a la posibilidad de postular una candidatura para alcanzar el más alto cargo de la Función Legislativa en el nuevo periodo.

Negociaciones políticas alteran temperatura política de la nueva Asamblea Nacional

Los cuadros que presentará Pachakutik serán: Salvador Quishpe y Guadalupe Llori; en cambio, en la ID que podría presentar un nombre para una de las dos vicepresidencias de la legislatura aún está por definirse.

Publicidad

Pereira dice que están conscientes de que el bloque no llega a los 70 votos, por eso están forzados a conversar con otros bloques y la propuesta de análisis es la candidatura de Salvador Quishpe, pero que “no es una camisa de fuerza”. Y aclara que con este acuerdo la Izquierda Democrática en la práctica renuncia a plantear una candidatura presidencial.

Ecknner Recalde sostiene que el acuerdo permitirá llegar a entendimientos políticos con otras fuerzas de la nueva Asamblea, y que el interés de la ID es obtener una Vicepresidencia, espacio en el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y presidir al menos cuatro comisiones especializadas permanentes.

La representante de El Oro por la Izquierda Democrática Johanna Moreira señala que aún no se ha definido el nombre del candidato a la Vicepresidencia del Parlamento, y aclara que las declaraciones de su coidearia nacional Wilma Andrade de que no respaldará a ningún candidato que provenga de la alianza UNES es a título personal, pues insiste que Andrade no es vocera de la organización política.

Considera que en los diálogos deben intervenir todos, inclusive el sector de UNES, que agrupa al correísmo, para lograr la unidad de todos los bloques para que tengan una representación equilibrada, las puertas no están cerradas, anota. Justifica que suscribieron el acuerdo con Pachakutik porque comparten ideales y propuestas comunes.

Si la candidatura de Salvador Quishpe no obtiene los 70 votos para llegar a la Asamblea Nacional, será esa organización la que presente cuadros alternativos para postular a la Presidencia del Parlamento, y si eso tampoco logra apoyos, entonces la ID será el sector de enlace para nuevos acuerdos, señala Moreira.

La representante de El Oro advierte que en los acuerdos legislativos con otros sectores políticos ajenos a Pachakutik habrá líneas rojas como la no venta del Banco del Pacífico, la derogatoria de la Ley Humanitaria, no a la privatización de la salud y educación; mantener la separación de los poderes, entre otras.

Publicidad

Ejes del acuerdo Minka por la Justicia Social y la Libertad

El acuerdo programático ID-PK contiene cuatro ejes: economía, empleo y producción; educación y salud; ecología y derechos humanos; y, ética y transparencia; y se desarrolla en 34 puntos que tienen relación con el fortalecimiento del sector agrícola, el emprendimiento, acceso al crédito y la inversión productiva, renegociación y refinanciamiento de las deudas de los ecuatorianos.

También esperan promover la derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitario; fortalecer el sistema de la seguridad social; en lo educativo garantizar el libre acceso al internet; libre acceso a la educación superior en el país; autonomía y financiamiento a la universidad indígena Amawtay Wasi; fortalecimiento del sistema nacional de salud; fiscalizar en plan de vacunación por la pandemia COVID-19; además, impulsar la despenalización del aborto por violación.

En fiscalización, la ID y Pachakutik, plantearán un juicio político al pleno del Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral.

1. Economía, empleo y producción

Sector productivo

  • Fortalecimiento del sector agrícola, agricultura familiar y campesina, agroindustria, agro-exportación, ganadería, acuacultura y pesca.
  • Incentivo y fortalecimiento del emprendimiento en todos los ámbitos en el país con simplificación y digitalización de trámites, fortalecimiento del comercio electrónico, levantamiento de aranceles a bienes de capital, acceso a tecnología, fomento de encadenamientos productivos, acceso al crédito y apertura de mercados externos.
  • Impulsar el fortalecimiento y sostenibilidad del sector turístico local y comunitario, como estrategia de desarrollo nacional.

Sector económico y financiero

  • Democratizar el acceso al crédito y la inversión productiva con la reducción de las tasas de interés vigentes en el sector financiero, procurando limitarlas a un dígito en todos los segmentos, y promoviendo la competitividad financiera a través de la apertura para la banca internacional.
  • No a la venta del Banco del Pacífico ni a la privatización de la banca pública para el desarrollo. La reactivación productiva necesita banca pública que fomente la colocación de créditos a la micro y pequeña empresa, con tasas de interés bajas, periodos de gracia y largos plazos.
  • Promover la renegociación y refinanciamiento de las deudas de los ecuatorianos, especialmente para los sectores productivos y populares afectados por la pandemia COVID-19, privilegiando el tratamiento flexible de la cartera vencida.

Trabajo y seguridad social

  • Derogar la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y generar un nuevo marco normativo para el trabajo que permita la entrega inmediata de nombramientos al personal sanitario que laboró y labora en primera línea durante la crisis sanitaria COVID-19, mayores oportunidades de empleabilidad en el sector privado, así como la estabilidad y el fomento de la carrera de servicio público con garantías y respeto irrestricto a los derechos laborales.
  • Impulsar un proceso de fortalecimiento y la sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social (IESS-Issfa-Isspol) y el seguro social campesino desde la perspectiva de solidaridad. No a las cuentas individuales ni a ningún proceso de privatización de ningún aspecto de la seguridad social.

2. Educación y salud

Educación

  • Reconocer al internet como servicio básico en el país, impulsando su democratización y universalización. Para la educación pública garantía de libre acceso a internet, disponibilidad de dispositivos electrónicos y gratuidad para plataformas educativas y de contenidos; e, impulsar la responsabilidad social de las operadoras de telecomunicaciones.
  • Reformar la ley para garantizar el libre acceso a la educación superior en el país, devolviendo autonomía a las universidades, fortaleciendo la nivelación y orientación, la educación técnica y tecnológica; y, dando impulso a la educación a distancia, virtual y nocturna.
  • Exigir la autonomía y el financiamiento a la universidad indígena Amawtay Wasi.
  • Impulsar enmiendas constitucionales que faciliten el proceso de creación de instituciones de educación superior en las provincias que cuentan con acceso limitado a este nivel de educación y la creación de regiones académicas.
  • Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, que especialmente permita la recuperación de las lenguas maternas y conocimientos ancestrales, y se construya desde la transversalización de los derechos humanos, civismo, equidad de género, sexualidad, inclusión y respeto a la diversidad.

Salud

  • Nuevo Código Orgánico de Salud que fortalezca el Sistema Nacional de Salud, prevenga la privatización y garantice la universalización de la atención en todos los niveles, con énfasis en la atención primaria, medicina familiar y preventiva.
  • Fiscalización y seguimiento al plan de vacunación por la pandemia COVID-19 y la compra y contratación en el Sistema de Salud Pública y los Gobiernos Autónomos Descentralizados en virtud de la emergencia sanitaria.
  • Legislación en favor del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos para que se efectivice una estrategia nacional de salud sexual y salud reproductiva con programas intersectoriales en zonas urbanas y rurales, donde se trabaje con la comunidad para la prevención del embarazo infantil, adolescente y la violencia sexual.
  • Fiscalizar y evaluar el cumplimiento de la legislación que regula la prevención y erradicación de la violencia de género, para promover su reforma a favor de la garantía de los derechos de las víctimas en la protección, reparación y restitución de los derechos constitucionales.
  • Impulsar reformas que despenalicen la interrupción voluntaria del embarazo por violación, o embarazo que ponga el riesgo la vida de la madre.

3. Ecología y derechos humanos

Ecología

  • Salir paulatinamente del modelo extractivista y sentar las bases para un modelo de desarrollo basado en la exportación, la innovación, la ciencia, la tecnología, producción sostenible como la bioeconomía y la economía circular en la gestión responsable de los recursos naturales.
  • Impedir futuros contratos petroleros y/o mineros a toda escala en áreas protegidas y fuentes de recarga hídrica de las ciudades del país.
  • Conformar una comisión ocasional para la fiscalización al otorgamiento de las concesiones mineras y petroleras y de los contratos suscritos por el Estado.
  • Gestionar normativa que faculte una efectiva lucha contra el cambio climático y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, programas intensivos de reforestación y restauración ecológica, protección del agua y la reducción de la contaminación en el aire, agua y suelo; así como la promoción de incentivos por servicios ambientales para la protección, conservación y restauración del medio ambiente.
  • Seguimiento, evaluación y reforma a la normativa minera y petrolera, considerando su impacto social, ambiental, cultural y económico.

Derechos humanos

  • Legislar desde una ética laica y de respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades: libertad de expresión, de opinión, de empresa, de reunión, de circulación, de pensamiento, de conciencia y de religión.
  • Amnistías e indultos para luchadores sociales y defensores de derechos humanos; que en la actualidad son perseguidos o están detenidos por el Estado.
  • Impulsar reformas normativas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos para las personas con discapacidad y para quienes padezcan de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, garantizando su acceso preferente y permanente a los servicios y programas públicos, en todas las esferas estatales.

4. Ética y transparencia

Lucha contra la corrupción

  • Fomentar la implementación de un gobierno abierto y digital, transparente, con información pública de todos los procesos de contratación en todas sus fases, en todos los niveles de Gobierno y funciones del Estado, que prevenga la corrupción, facilite la veeduría y fiscalización.
  • Reformar el Sistema Nacional de Contratación Pública para garantizar procesos transparentes, normalizados y estandarizados, mecanismos de control y seguimiento, participación ciudadana e incentivos para la participación de micro, pequeñas y medianas empresas; y de la economía popular y solidaria, en todos los procedimientos; fortaleciendo además la regulación y el control de procesos de régimen especial y de emergencia.
  • Impulsar la fiscalización y el enjuiciamiento político a los miembros del pleno del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral y autoridades de control.
  • No a la privatización de empresas públicas relacionadas con los sectores estratégicos, en particular de los recursos naturales no renovables y las telecomunicaciones.

Descentralización y autonomía

  • Fiscalización al cumplimiento del Presupuesto General del Estado y a la asignación de los recursos y el pago de la deuda con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las instituciones de educación superior.
  • Promover las reformas pertinentes para la descentralización en el manejo de competencias con recursos por parte del Gobierno Central, en particular en lo relacionado a tránsito y patrimonio cultural.
  • Proponer reformas necesarias para que las entidades desconcentradas del ejecutivo en las diferentes zonas del país, tengan capacidad resolutiva y un rol de toma de decisiones.
  • Reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que tenga por finalidad garantizar mayor equidad territorial, consolidando un proceso de asignación de los recursos públicos de manera más justa, transparente, automática y directa. (I)