Los supuestos cambios de última hora en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional sobre el caso Pandora Papers o Papeles de Pandora serían parte de los hechos que analizaría la Fiscalía dentro de una investigación previa abierta el 15 de noviembre último por la fiscal general, Diana Salazar.

Se habla de que la etapa previa de investigación arranca ante la supuesta existencia de actos que apuntarían a un “delito de acción pública”. El delito que se estaría persiguiendo sería el de falsedad ideológica.

Asambleísta de Pachakutik asegura que se alteró informe sobre la investigación de los Pandora Papers

A inicios de noviembre último, el asambleísta por Pachakutik (PK) y miembro de la Comisión, Édgar Quezada, aseguró que el informe final sobre la investigación que se hizo sobre los Pandora Papers sufrió modificaciones en el último segundo de su aprobación.

El acuerdo inicial de los asambleístas de PK era dejar que el pleno decida, porque no existe un solo documento que sustente la primera recomendación relacionada con el incumplimiento del presidente Guillermo Lasso al pacto ético, definido en consulta popular en 2017. El informe recomendaría el inicio del proceso de destitución del mandatario.

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Por disposición del pleno de la Asamblea, los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad fueron designados para investigar los Papeles de Pandora y la supuesta vinculación del presidente Lasso con empresas que poseen bienes o capitales en paraísos fiscales.

“En este país de surrealismo la Fiscalía investiga por falsedad ideológica a una Comisión que emite un informe dentro de un proceso de fiscalización autorizado por el pleno. De declaraciones que denotan un ejercicio muy mediocre de la actividad legislativa del asambleísta (Édgar) Quezada, la Fiscalía asume la necesidad de iniciar una investigación”, apuntó el asambleísta del bloque de la Revolución Ciudadana (RC-UNES), Fausto Jarrín.

Desde el punto de vista legal, Jarrín califica como un despropósito lo que hace la Fiscalía. Él asegura que la Comisión, que cuenta con tres asambleístas de la RC-UNES y tiene una mayoría de oposición, cumplió las disposiciones del pleno, como máxima autoridad del legislativo, y realizó un informe que, aclaró, al ser debatido se modifica, cosa que para el legislador “es natural, es una “consecuencia lógica” del debate dentro de la actividad legislativa.

En la Fiscalía el caso se manejará en la Unidad de Fuero de Corte Nacional. Por disposición de Diana Salazar, la fiscal Paola Gallardo estará a cargo de la suscripción de oficios y la práctica de las diligencias inicialmente definidas.

Por ejemplo, la Fiscalía ofició a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea para que le remita copia certificada del memorando dirigido a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, el 7 de noviembre pasado, suscrito por el presidente de la Comisión, José Cabascango; y la copia certificada del informe de investigación del caso Pandora Papers, aprobado en la sesión ordinaria número 43 de la Comisión y que fue anexado al memorando a Llori.

También se pide que se envíe copia certificada del acta y del audio de la sesión número 43 en que se aprobó el informe relacionado a los Pandora Papers. Para el envío de lo solicitado da la Fiscalía un plazo de tres días.

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Ante la notificación de la investigación previa, el expresidente Rafael Correa escribió en su cuenta de Twitter: “Escándalo MUNDIAL. Pandora Papers ha provocado varias investigaciones... ¡pero contra los denunciantes! -Enriquecimiento ilícito contra Andrés Arauz. -Evasión de impuestos contra Rafael Correa. -Etc. Y ahora... ¡falsedad Ideológica contra miembros de la Comisión Legislativa!”.

Dentro de estos mismos hechos, el pasado martes 9 de noviembre, el exlegislador Andrés Páez hizo a la Fiscalía un pedido de acto urgente que buscaba se proteja evidencia que podría constituir una presunta falsedad ideológica, delito que a su decir habría sido descrito por el asambleísta Quezada al denunciar el cambio a última hora.

Informe sobre Pandora Papers enfrenta pedido de acto urgente por presunto delito de falsedad ideológica

Jarrín espera que ese pedido de acto urgente hecho por Páez no sea la noticia del delito con la que Fiscalía “justifique” el inicio de esta investigación previa. De ser así, apunta el legislador, lo único que haría es demostrar las deficiencias del Estado de derecho en el Ecuador y lo preocupante que es utilizar la persecución judicial para fines políticos.

“Si esto no demuestra la posición de brazo ejecutor que tiene la Fiscalía en relación con las necesidades políticas urgentes del Gobierno actual, ya no sé qué más se necesita. Me parece penoso que la Fiscalía insista en este tipo de despropósitos”, refirió Jarrín, quien al tiempo aclaró que pese a estos actos de persecución, el bloque legislativo de la RC se mantendrá en la línea crítica y continuará haciendo “oposición en democracia”.

El artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal define que la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (I)