Álex Saab Morán rechazó la oferta del Gobierno de Estados Unidos para ayudar a su familia a escapar de Venezuela. Esta fue una de las tres razones esgrimidas por el juez de Florida para desclasificar el documento sobre la cooperación del empresario colombiano, considerado el testaferro del presidente Nicolás Maduro, con la agencia antidrogas estadounidense DEA.

En su decisión, tomada el pasado 16 de febrero después de una audiencia de las partes, el magistrado señaló que Saab no había podido indicar esfuerzo alguno realizado por su familia para abandonar Venezuela y que “hasta se ha negado a aceptar una propuesta del Gobierno de Estados Unidos para ayudarlos a salir de Venezuela”.

Por ello, el juez decidió que el interés público para conocer el contenido del documento estaba por encima de las supuestas amenazas contra la vida de Saab o de su familia. Su segunda esposa, la exmodelo Camila Fabri, de unos 28 años, y sus dos hijas viven en Caracas. Fabri encabezó las manifestaciones de apoyo a su esposo cuando fue extraditado desde Cabo Verde hacia Estados Unidos, en octubre de 2021, y siempre ha asegurado que no se siente secuestrada en Venezuela.

Fabri y el Gobierno venezolano reaccionaron en la misma línea a las revelaciones sobre la cooperación de Saab con la DEA entre 2018 y 2019. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desestimó la veracidad del documento.

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En una intervención pública, subida a YouTube por el portal venezolano El Pitazo, respondió al respecto: Ahora sacan esto de Álex Saab, si es así ¿por qué le sacaron dos dientes golpeándolo salvajemente allá en Cabo Verde? ¿Por qué lo torturaron de manera indecible? (…) ¿Por qué lo someten a constantes mecanismos de terrorismo psicológico? ¿Por qué fue torturado una y otra vez allá en Cabo Verde? ¿Es como raro no?

Precisamente en enero pasado, Rodríguez condicionó el diálogo que se realiza en México entre su Gobierno y la oposición con la liberación de Saab a fin de que se integrara a las mesas de diálogo, señaló el diario venezonalo El Nacional. La segunda condición fue la entrega de los activos del régimen bloqueados en el extranjero.

El mismo día de la audiencia desarrollada en Miami, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países instaron al gobierno de Maduro a que “urgentemente” reanude las conversaciones en México, según se reportó desde Washington.

A su vez, uno de los gabinetes jurídicos que defiende a Saab emitió un comunicado el miércoles asegurando que sus encuentros con los agentes de la fuerza pública o del Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron “para confirmar que ni él ni las empresas asociadas con él habían hecho nada malo” y que se realizaron “con el pleno conocimiento y apoyo” de Venezuela.

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Reveló que la divulgación del documento por pedido del Departamento de Justicia “no es más que un intento de perjudicar a los intereses” venezolanos y “debilitar la solidez de la relación entre Saab y Venezuela”. El abogado David Rivkin concluyó indicando que su defendido “sigue siendo un ciudadano leal y diplomático (…) y nunca hará nada que perjudique los intereses del país”.

Horas antes, en Miami, en la audiencia del miércoles, el abogado del otro gabinete de la defensa de Saab, Neil Schuster, rogó al juez que no hiciera público el documento por miedo a graves retaliaciones: “Por favor no desclasifique (…) Creo que esto creará una situación en la que su familia será encarcelada, lastimada, físicamente lastimada”.

El documento con las revelaciones sobre la cooperación con la DEA tiene el número 26 en el proceso, que ya acumula 93 registros, y había sido presentado por la Fiscalía estadounidense el 23 de febrero de 2021. En total, aún se mantienen 15 documentos bajo confidencialidad. Solo el juez decidirá cuándo se los podrá revelar.

El Departamento de Estado lo había presentado para reforzar su postura de que Saab Morán era un fugitivo de la justicia estadounidense cuando se realizaban las gestiones por su extradición. Según los fiscales, a pesar de que se le había advertido que se lo acusaría, como en efecto sucedió en julio de 2019, el empresario colombiano no se había presentado en Estados Unidos para enfrentar el proceso. La defensa de Saab se oponía, y sigue apelando, que sea considerado fugitivo. Todo esto sucedió cuando se llevaba el caso para extraditarlo desde Cabo Verde.

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En el relato del documento en cuestión se indicó que el primer encuentro de Saab con los agentes de la DEA ocurrió en agosto de 2016 en Bogotá y se relacionaba con los contratos de construcción de las viviendas populares para Venezuela.

En estos negocios, según se conoció en 2013, participó Fondo Global de Construcción (Foglocons), que fue la empresa subcontratada por las firmas venezolanas que recibieron los millonarios contratos del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Frías. Para cumplir con la obra, la colombiana Foglocons abrió sucursales en Ecuador y Perú.

Entre 2012 y 2013, Foglocons Ecuador había exportado casi $ 160 millones hacia Venezuela. Los pagos llegaron a través del sistema de compensación monetario Sucre, pues el Gobierno venezolano contralaba la salida de bolívares de su país. Sin embargo, para la aduana ecuatoriana, las ventas eran de solo $ 3 millones. La Fiscalía ecuatoriana investigó el caso por sospecha de lavado de activos. Posteriormente parte del proceso fue anulado y en 2016 los acusados fueron declarados inocentes.

Un segundo encuentro con los agentes de la DEA fue en 2017 y en el tercero, en junio de 2018, y poco después Saab envió por mail un borrador de acuerdo en el que aseguraba que había pagado sobornos a funcionarios venezolanos en los contratos relacionados con la compra de alimentos.

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La cooperación, a decir de los fiscales, fue muy “activa” con varias comunicaciones a través de llamadas, textos y mensajes de voz. Incluso, Saab transfirió a una cuenta controlada por la DEA $ 12,6 millones en cuatro giros entre agosto de 2018 y febrero de 2019. Les aseguró a los estadounidenses que este dinero eran las ganancias que había obtenido junto con su socio Álvaro Pulido Vargas. La Fiscalía de Estados Unidos presentó otra acusación contra Pulido Vargas (también socio de la ecuatoriana Foglocons).

La última reunión fue en abril de 2019 y se le dio como fecha límite para entregarse el 30 de mayo de ese año, de otro modo ya no podría continuar en el programa de cooperación. Sin embargo, Saab hizo caso omiso de las advertencias.

El 25 de julio de 2019 fue acusado formalmente por el departamento de Estado en Florida por lavado de activos y otros siete cargos más. La justicia estadounidense asegura que blanqueó más de $ 350 millones a través de su sistema financiero. Él se ha declarado inocente. Venezuela ha insistido en que es un diplomático de su Gobierno.

El juez fijó la audiencia de juicio para el próximo 11 de octubre. Desde fines del año pasado ya comenzó el proceso de intercambio de pruebas. La Fiscalía hizo su primera entrega el 29 de noviembre, con más de 470 documentos en un DVD, a la defensa de Saab. En ese entonces indicó en su escrito que podría presentar más evidencia relacionada con actos dolosos, como el pago de sobornos para acceder al sistema de control de divisas de Venezuela y contratos para medicinas y alimentos.

En Ecuador, la Fiscalía abrió una investigación sobre las supuestas irregularidades en el sistema de compensación Sucre y el expresidente Rafael Correa fue notificado al respecto. (I)