Un 13 % de las denuncias por delitos contra la flora y fauna llegó a sentencia en los últimos siete años

El 18 de septiembre, el ciudadano chino Wang J. fue detenido por la Policía en el área de preembarque del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, tras el hallazgo de una carga inusual en su equipaje, según la Fiscalía: 213 caballitos de mar (Hippocampus), una especie de pez en riesgo.Wang, quien tenía previsto viajar a Ámsterdam, Holanda, fue procesado en una audiencia de flagrancia y espera ser juzgado en una audiencia de procedimiento directo este jueves 7 de octubre.Según la Fiscalía, el ciudadano chino fue procesado por un delito contra la flora y fauna , tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con hasta tres años de cárcel.Este es uno de esos casos de afectaciones a la naturaleza que salen a la luz y que se judicializan en corto tiempo. Hay otros casos, en cambio, que se estancan, avanzan lentamente o se archivan por su complejidad, falta de pruebas, participación del denunciante y testigos; escasez de recursos para diligencias técnicas u otros motivos y situaciones.Por ejemplo, de las 684 denuncias por delitos contra la flora y fauna que se han presentado en la Fiscalía del 10 de agosto de 2014 (año que entró en vigencia el COIP) al 30 julio de este año, 211 se mantienen en investigación previa, es decir, la antesala de un proceso judicial que sirve al fiscal para constatar si ocurrió el hecho y recopilar indicios que sostengan una posterior acusación. De esas 211 querellas, 95 corresponden al periodo 10 de agosto de 2014-31 de diciembre de 2019. Mientras que otras 6 causas están en instrucción fiscal y 112 fueron archivadas, según una revisión de EL UNIVERSO a los registros de la Fiscalía.“(Las investigaciones) implican una serie de dificultades. Los lugares donde se cometen estos delitos son de difícil acceso. En algunos casos, como en la minería ilegal, los comuneros no permiten el ingreso de Policía, peor aún de la Fiscalía. Puede existir la denuncia, pero no existen los mecanismos adecuados para hacer una investigación efectiva. Además hay personas que están armadas”, sostiene Leonardo Falconí, fiscal que se desempeña en la provincia de Orellana y que fue designado para atender las consultas de este Diario.Además de esas complicaciones, las carencias administrativas dejan casi con las manos atadas a operadores de justicia en ciertos casos, como aquellos de caza y transporte de vida silvestre en los que están involucrados miembros de pueblos y nacionalidades ancestrales y que podrían configurarse como delito al responder a una actividad económica y no de subsistencia doméstica como lo permite la ley. “Hay una consideración con respecto del tratado de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que refiere que hay que hacer una pericia antropológica de la persona que ha sido detenida con estas especies en peligro de extinción. En muchos casos, la Fiscalía ha tenido dificultades. Por la situación económica del país, no se tiene el dinero suficiente para pagar una pericia antropológica”, lamenta Falconí, quien añade que los procesos judiciales se suspenden al no contar con ese estudio.Otro operador de justicia, quien prefiere no ser identificado, agrega que un obstáculo común es la inasistencia de denunciantes o testigos a las declaraciones u otras diligencias: “En lugares pequeños todos se conocen y tienen miedo (a declarar) por las represalias”.Entre las denuncias, comentan los funcionarios consultados, también hay hechos que no necesariamente constituyen un delito. Además hay registros que presentan inconsistencias.Con las dificultades que se presentan antes y durante de los procesos judiciales, y esas particularidades, la producción de sentencias alcanza el 13% del total de las denuncias por esos delitos, según los registros.De las 684 noticias del delito, 55 se investigaron hasta llegar a la etapa de juicio, donde un juez dictó una sentencia condenatoria; y, en 32 casos, se ratificó el estado de inocencia.Hasta el 30 de julio, en cambio, seis procesos registraban el llamamiento a juicio. Uno de esos casos corresponde a la investigación del robo de más de 100 tortugas del Centro de Crianza Arnaldo Tupiza del Parque Nacional Galápagos en 2018. Cuatro personas fueron procesadas: un guardaparques y tres individuos relacionados con actividades de pesca. EL UNIVERSO publicó el 15 de septiembre de 2019 la investigación Tortugas bebés Galápagos, sacadas de islas por mar a Perú que detalló cómo se recolectaban tortugas e iguanas de las islas, las transportaban a Guayaquil en un compartimento de un barco y posteriormente viajaban por vía terrestre a Lima, Perú. La red de tráfico de especies la dirigía un ciudadano chino, alias Antonio, con la ayuda de uno de los procesados, según las investigaciones de Fiscalía y fuentes consultadas.En el artículo también se mencionaron otros episodios que no denunciaron oportunamente autoridades de turno del Ministerio del Ambiente, en 2017, como el hallazgo de 29 tortugas de Galápagos en Piura, Perú, o las dos tortugas embaladas vivas que se encontraron en un tacho de basura del aeropuerto de Guayaquil. La audiencia de juzgamiento de los procesados en el caso del robo de las 123 tortugas se realizará el 28 de octubre en la Unidad Judicial Penal Norte 2, en el centro comercial Albán Borja, norte de Guayaquil.En mayo pasado, en cambio, un policía fue sentenciado a tres años de cárcel por intentar traficar 185 tortugas también de las islas Galápagos. Esa provincia registra la mayor cantidad de denuncias por delitos contra la flora y fauna, con 121 noticias del delito, seguida por Guayas con 84, Manabí con 57, Sucumbíos con 47 y El Oro con 43, por ejemplo.Esta incidencia debe tomarse en cuenta para impulsar un plan de especialización de los operadores de justicia para focalizar las inversiones y acciones, refiere Hugo Echeverría, experto en derecho ambiental.“Este es un tema equivalente al tráfico de drogas, al tráfico de personas, y no hay una respuesta especializada”, señala Echerría, docente de la Universidad de los Hemisferios, quien recomienda que se capacite constantemente a los fiscales y jueces, se implementen fiscalías técnicas y se revise la pena que se impone en esos delitos.“Es menor al estándar mínimo que pide Naciones Unidas, que es de cuatro años (de cárcel). El Ecuador tiene un máximo de tres y el Ecuador es un país de vida silvestre, altas tasas de endemismo, derechos de la naturaleza”, indica.Sobre la lucha contra los delitos ambientales, el ministro del Ambiente, Gustavo Manrique, dijo días atrás a este Diario que se reunió con la fiscal Diana Salazar para ofrecer capacitaciones al personal del ministerio público que integrará la unidad especializada que se prevé crear para combatir esas conductas contra la flora y fauna silvestres. “El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica se ha comprometido a entregar la lista de especies protegidas que le corresponde a la Fiscalía acusar cuando haya casos de tráfico y delitos en contra de las especies”. Control en carreteras, comercios y aserraderos A nivel nacional, 234 elementos de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) ejecutan controles en carreteras, comercios, aserraderos y terminales para combatir la tala ilegal, el tráfico de especies silvestres, entre otros delitos contra la naturaleza.Según los registros de la UPMA, de enero a septiembre pasados, se han realizado 7.294 operativos en el país; sus agentes han detenido a 94 personas y han decomisado 4.735 individuos de fauna silvestre. Por otro lado, la institución retuvo 423 vehículos cargados con madera irregular e incautó 10.723 metros cúbicos de madera de dudosa procedencia.La UPMA recomienda no comprar animales silvestres para tenerlos de mascotas. (I)

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