Estas son las propuestas económicas del plan de Gobierno de la candidata Luisa González

Recuperar la inversión estatal en los sectores sociales, establecer un sistema masivo de créditos a tasas bajas para desendeudar a las familias y reactivar políticas públicas para la producción agrícola son algunas de las propuestas económicas que plantea el movimiento Revolución Ciudadana con su candidata a la Presidencia Luisa González, que va por la lista 5.

González, con el 99,79 % de los votos válidos escrutados, obtiene el 33,62 % de la aceptación, lo que significa 3,3 millones de votos. La candidata va liderando en 14 provincias: 7 de la Costa, 4 de la Sierra y 3 de la Amazonía. Por ejemplo, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Pichincha, Imbabura, Orellana y Sucumbíos.

Son más de cuatro millones en el padrón: ¿por qué los jóvenes votaron por Luisa González y Daniel Noboa?

A continuación a detalle sus propuestas en el plan de Gobierno:

Economía y deuda pública, crédito e inversión social

• Estabilizar el crecimiento y los niveles de producción agregada, lo cual consiste tanto en detener la caída de la producción como en recuperar los niveles de producción real.
• Recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización.
• Impulsar la transición hacia una economía pospetrolera: estimular la producción no petrolera con énfasis en sectores de valor agregado, procurando en ese proceso un incremento relativo de la participación de la manufactura y de las industrias con alta incorporación de conocimiento y tecnología frente a la producción total.
• Orientar la política económica para incentivar la formalización de las micro y pequeñas empresas mediante regímenes simplificados y exenciones en los niveles de tributación, que les permitan mantenerse y evitar cierres ante la crítica situación económica que enfrenta el país.
• Realizar una auditoría integral de la deuda pública prepagada durante la pandemia.
• Establecer como principio irrenunciable para cualquier negociación con los acreedores de la deuda pública la prioridad del trabajo digno y el crecimiento inclusivo como condición necesaria para cumplir cualquier compromiso.
• Recuperar la inversión estatal en los sectores sociales y aplicar los presupuestos sociales sectoriales de acuerdo con las proporciones señaladas en la Constitución.
• Apoyar a la economía, dando prioridad al sector social y solidario: créditos sin interés, acceso preferencial a las compras públicas, aplicación de la inclusión económica en las perchas, mecanismos de liquidez a través de las instituciones de finanzas populares, diferimiento de pagos, apoyo al desarrollo de herramientas virtuales para promover espacios de negocios en los que entren en contacto directo productores y consumidores, apoyo a los productores de la EPS para incorporar mecanismos que aseguren altos estándares de calidad, apoyar procesos de incorporación de valor agregado, etc.
• Cuidar particularmente la sostenibilidad productiva y financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, y empresas de la economía popular y solidaria, estableciendo incentivos tributarios adecuados y mejorando sus condiciones de acceso en el mercado nacional, promoviendo así la sostenibilidad del empleo que genera este sector.
• Elaborar planes de vinculación científico-tecnológica aplicada para la economía social y popular, que permitan la articulación de diferentes dispositivos tecnológicos y el financiamiento de investigaciones aplicadas y en territorio.
• Impulsar la soberanía alimentaria fortaleciendo a los productores de la economía popular y de la agricultura familiar que producen buena parte de los alimentos del país. Financiar la producción y las redes de comercialización. Priorizar por parte del Estado la compra de alimentos a organizaciones de la agricultura familiar y la economía popular.
• Reactivar políticas públicas para la producción agrícola con los precios de sustentación, mediante la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) como medio de protección a los pequeños agricultores.
• Recuperar y reconstruir la capacidad del sector público para brindar servicios esenciales y de calidad en las áreas de salud, educación, bienestar social, justicia y seguridad.
• Buscar la convergencia de la política económica, laboral y la política social para revertir rápidamente el incremento de la pobreza y de la desigualdad, y reinstaurar una agenda pública de decidida reducción de la pobreza, extrema pobreza y la desigualdad.
• Establecer un sistema masivo de créditos a tasas bajas para desendeudar a las familias. Resolver la problemática social y económica generada por la creciente oferta de créditos con intereses, cláusulas y costos ilegales y abusivos.
• Estabilizar los ingresos no petroleros adecuando la presión tributaria (incluyendo impuestos subnacionales, contribuciones a la seguridad social, etc.) dentro de niveles convenientes y acordes a estándares internacionales, con procesos de simplificación tributaria y manteniendo o mejorando condiciones y niveles de empleo.
• Revisar las políticas de subsidios con criterios de estrategia y justicia (re) distributiva (considerar que la focalización se centrará en sectores como la agricultura y el transporte).
• Luchar contra la corrupción fiscal y la evasión, estableciendo un sistema de transparencia definitivo para capturar el incremento patrimonial no justificado.
• Aplicar el principio de generalidad en el sistema tributario, simplificarlo y hacerlo más eficiente.
• Aplicar criterios de progresividad, suficiencia y equidad tributaria, en pro de crear incentivos para los agentes económicos productivos.

Empleo y seguridad social

• Orientar la política laboral hacia la recuperación y mejoramiento de los niveles y la calidad de empleo, poniendo en el centro del modelo el respeto de los derechos laborales, tanto individuales como colectivos, la estabilidad en el trabajo, las condiciones laborales seguras y saludables, los salarios dignos, el tiempo de trabajo compatible con la vida personal, laboral y familiar de hombres y mujeres, los lugares de trabajo libres de violencia y acoso, la protección de la maternidad y el reconocimiento de padres y madres al tiempo para el cuidado y la crianza. Todo ello, vinculado al permanente diálogo social tripartito, con mano tendida de manera permanente a sindicatos y empresarios para fomentar la negociación colectiva.
• Controlar a las empresas que utilizan plataformas digitales para asegurar que respetan los derechos laborales de las personas a las que emplean en régimen asalariado.
• Crear mecanismos y políticas para integrar a los y las jóvenes expulsados del mundo educativo y laboral. En este marco, se impulsará legislación para reivindicar el derecho al primer empleo joven, estrategias de prácticas y formación dual y exenciones tributarias a las empresas que generen empleos formales para los y las jóvenes.
• Establecer políticas de becas de terminalidad educativa, para la formación y la profesionalización; y créditos para emprendimientos que generen trabajo para los y las jóvenes.
• Implementar políticas públicas para el sostenimiento simultáneo de las trayectorias educativas y laborales de las y los jóvenes, articulando necesidades y derechos.
• Implementar políticas públicas contra la discriminación y los estigmas que pesan sobre las y los jóvenes, así como contra las situaciones de segregación y exclusión que condicionan sus vidas, visibilizando diferentes modos de ser joven y reconociendo derechos y diversidades.
• Promover la economía social, garantizando créditos para maquinarias y herramientas, capacitación, seguimiento y acompañamiento. Fortalecer programa de microcréditos incorporando diferentes escalas y líneas de financiamiento, flexibilizando los métodos, para generar masividad y crear bancas de crédito local y regional con gobiernos locales.
• Generar obras públicas comunitarias emergentes que vinculen a trabajadoras y trabajadores desempleados.
• Establecer modelos de vinculación entre planes sociales y trabajo, facilitando que las personas beneficiarias de un plan se inserten en el mercado laboral formal.
• Reformar a profundidad el IESS en favor de las personas afiliadas: cumplir con el aporte estatal; transparentar los cálculos actuariales y tomar los correctivos necesarios; modernizar la gestión para lograr servicios oportunos y de calidad. Mejorar la cuantía y dignificar las prestaciones.

Democratización de la economía

• Fortalecer los mecanismos de protección de los consumidores, con políticas como la extensión de la protección a la transparencia de los contratos, así como la prohibición de las cláusulas abusivas y la proscripción de las cláusulas abusivas de arbitraje. El Estado deberá establecer mecanismos expeditos, eficientes y gratuitos para la resolución de conflictos derivados del abuso a los consumidores.
• Democratizar el acceso a los recursos financieros mediante un fortalecimiento de la banca pública y las finanzas populares como motor de la inversión nacional.
• Disminuir de manera generalizada las tasas de interés activas en el país, en todos sus segmentos, con especial énfasis en los créditos a las microempresas que desempeñan actividades productivas, en detrimento del crédito de consumo suntuario.
• Proteger a los sectores articulados a la economía popular y solidaria y fortalecer su posición en el mercado.
• A través del Senadi, divulgar las tecnologías en dominio público, es decir, las patentes vencidas o vigentes en otros países, pero que no son sujeto de protección en el Ecuador, para el fortalecimiento del sector tecnológico nacional.
• Apoyar a las mipyme y actores de la economía popular y solidaria en el uso de las herramientas de gestión del conocimiento, para que optimicen la tecnología divulgada.
• Poner a disposición del sector privado las herramientas de propiedad industrial, para contribuir a aumentar el valor agregado de los productos y servicios de las empresas ecuatorianas.
• Regular el manejo y el almacenamiento de la información digital de los usuarios de toda clase de servicios en el país. Para ello se prohibirá la venta o cesión de dichos datos a terceros, salvo consentimiento explícito y voluntario de las personas, el cual no podrá estar condicionado a la provisión del servicio.
• Respetando el derecho a la privacidad de la información, fortalecer los estándares de datos abiertos que reduzcan las barreras de entrada en las distintas industrias (conforme lo sugerido por los estándares internacionales), a través de mecanismos como la portabilidad de la información, centros de compensación de datos, interfaces de programación de aplicaciones para el intercambio de datos, etc.
• Garantizar el principio de neutralidad de la red establecido en el Código Ingenios, de manera que se salvaguarde la libre elección, la privacidad, la transparencia y la no discriminación en el acceso a la información por parte de los usuarios.
• Reformar el régimen de insolvencia para balancear las relaciones de poder entre deudores y acreedores, mediante un fortalecimiento de los mecanismos de reorganización empresarial, a la par que se sanciona a aquellas entidades financieras que hayan participado en préstamos predatorios. Este régimen debe establecer mecanismos especiales para las pymes.
• Reducir las comisiones bancarias y fomentar el comercio electrónico para reducir los costos de las transacciones.

Desconcentrar los mercados

• Regular los acuerdos horizontales entre competidores de cada eslabón de la cadena de valor para evitar fijaciones de precios, reparto de mercados, etc.
• Transparentar y facilitar la comparación de precios y condiciones al implementar mecanismos unificados de presentación de ofertas, en especial en mercados oligopólicos.
• Regular las fusiones y adquisiciones de empresas tanto de tipo horizontal (en un mismo mercado) como de tipo vertical (en el mismo sector, pero en un eslabón diferente de la cadena de valor), para prevenir situaciones de excesiva concentración industrial, así como toda práctica que afecte negativamente el justo proceso de rivalidad entre empresas (como el reparto de mercados).
• Reforzar el rol de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, dotándola de los recursos necesarios para evitar que su margen de acción esté por debajo del poder que tienen los oligopolios que regula y controla.
• Auditar y, en los casos necesarios, detener y revertir los procesos de concesión, privatización y venta de activos públicos.

Fortalecer la dinámica industrial

• Sancionar todas las conductas anticompetitivas, tales como el abuso del poder de mercado, el comportamiento depredador, las prácticas colusorias, entre otras.
• Establecer las limitaciones correspondientes para que las empresas dominantes de un mercado particular no puedan operar en mercados adyacentes, sobre todo en aquellos casos que involucren monopolios naturales.
• Aplicar las normas del “Código ingenios” y todas las flexibilidades internacionales sobre derechos de propiedad intelectual, y otros derechos relacionados, para reducir los tiempos de apropiabilidad y aumentar el requisito de nivel inventivo que es sujeto de protección.
• Realizar un trabajo coordinado con las IES, los IPI y sector productivo, sobre el uso de limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual, la asimilación y desagregación tecnológica, y las estrategias de protección y uso del conocimiento generado en el desarrollo de sus actividades.
• Potenciar el “Banco de Ideas” para que incorpore recursos económicos y herramientas financieras para los emprendedores innovadores. El “Banco de Ideas” ofrecerá capital semilla y capital de riesgo, medios de pago y un fondo de garantías para las iniciativas innovadoras del país.

Comercio e inversión

• Reestructurar el comercio exterior, considerando el escenario internacional: fomentar las exportacines con criterios de sostenibilidad y respeto de los derechos y de la naturaleza, priorizar las importaciones adecuadas y pertinentes para impulsar el aparato productivo, buscando el doble efecto de incentivar la producción y el mercado interno.
• Trabajar en acuerdos comerciales para el buen vivir, quie partan de las necesidades sociales que debemos solventar, atendiendo a criterios de complementariedad y cooperación.
• Rechazar los Tratados de Libre Comercio con cláusulas de arbitraje inversionista-estado y los Tratados Bilaterals de Inversión clásicos para asegurar su adecuación a las disposiciones de la Constitución y su compatibilidad con los intereses y la soberanía nacional.
• Definir una agenda en la OMC que se alinee a los intereses de los países en desarrollo y proyectándola hacia el futuro, limitando las intenciones de las corporaciones transnacionales de avanzar en sus propuestas sobre propiedad intelectual, protección de inversiones.
• Retomar la participación del Ecuador en la OPEP y propender a la cartelización en otros ámbitos de producción de materias primas, para garantizar la defensa de los intereses de los países con poco peso en el mercado. (I)