Recuperar la independencia de la Función Judicial y la Fiscalía; formación continúa de jueces y fiscales; impulsar reformas electorales y eliminar privilegios de cargos electos son algunas de las propuestas de acciones políticas que plantea el movimiento Revolución Ciudadana con su candidata a la Presidencia, Luisa González, que va por la lista 5 y enfrentará en el balotaje a Daniel Noboa el 15 de octubre próximo.

El apartado de las propuestas políticas, que en su mayoría están conectadas con las judiciales y electorales, se encuentra entre los numerales 142 al 149 y después del 179 al 187, y otros.

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Los expertos en materia política señalan que gran parte de los planteamientos les recuerdan la década del expresidente Rafael Correa. Detectan puntos acertados, pero también resaltan que hay ideas con vacíos y que no se justifican para el periodo corto de mandato. Esta administración duraría un año y medio.

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Con el 100 % de los votos válidos escrutados por el CNE, Luisa González obtiene el 33,61 % de la aceptación, lo que significa 3,3 millones de votos. EFE /José Jácome Foto: EFE

La politóloga Madeleine Molina indica que algunas de las propuestas de este plan de gobierno están orientadas a ganar la confianza de la ciudadanía. “Me recuerda mucho este plan a los diez años de Rafael Correa con matices de cambios, que se ajustan a la realidad actual y me recuerdan mucho a las políticas públicas y a la ejecución en varios poderes del Estado como la Función Judicial y Electoral. Este plan tiene mucha semejanza de la época de Correa, que no está mal. Están orientados a actuar en el momento de retomar el poder, a una nueva mirada”, opina Molina.

Mientras que el analista político Cristian Carpio sostiene que el documento recoge el “sentir de la ciudadanía” en cuanto a la garantía de la independencia de las funciones y que se doten de herramientas. Por ejemplo, el ítem 186 dice “impulsar la independencia judicial y pleno respeto a la misma, con apoyo constante a la formación permanente del personal de la administración de justicia y dotación suficiente para la digitalización completa de la misma”.

Sin embargo, indica que hay propuestas entre “contradictorias” y “peligrosas” como la de recuperar la independencia de la Función Judicial y Fiscalía; y establecer medidas para impedir la utilización de la justicia como un mecanismo de persecución política. “Queda en la subjetividad qué es recuperar la independencia judicial, habría una línea delgada en lo que sería injerencia e influencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales. Creo que eso tiene que ser muy escrutado y entender realmente qué se quiere hacer”, indica Carpio.

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Para Molina, la propuesta de impulsar un proceso reconstituyente para reinstitucionalizar el país “luego del fraude del referéndum inconstitucional de Lenín Moreno y las arbitrariedades del trujillato” no podrá realizarse. “Esto tiene sentido a largo plazo, pero no en un periodo corto. Hay más problemas por resolver que son inmediatos, pero un proceso reconstituyente no le veo la urgencia”, apunta Molina.

Con esto concuerda Carpio, quien agrega que esto quizás va enfocado a echar abajo la reelección indefinida. “Si es que se va por una vía de la Asamblea Nacional, entre debate y debate, debe transcurir al menos un año y tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional y esta podría objetar o mandarla a través de referéndum. Si queda en la laguna el entender cuáles son estos procesos reconstituyentes”, dice Carpio.

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El analista además hace énfasis en otro detalle como la creación de una Comisión de la Verdad sobre la violación a la Constitución y derechos humanos. “No se sabe si va a revisar los procesos legales porque puede ser una comisión que termine generando impunidad y que no sea una comisión que demuestre los procesos de forma clara, transparente y bajo la normativa legal”, dice Carpio.

En tanto, Molina aplaude la idea de la supresión de privilegios de cargos electos. La propuesta dice: “Eliminar tanto para los que gozan durante el ejercicio de sus funciones (dietas, prebendas, etc.) como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus mandatos (pensiones especiales), de manera que sus derechos sean como los del resto de los trabajadores”.

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“Esto es como un voto de confianza. Veo mucho la palabra ciudadanía, ciudadano y se busca transmitir eso, y veo que sí va de la mano con la ideología del partido”, remarca Molina.

La analista también destaca dos propuestas, las cuales considera positivas. Una es la incautación de bienes de activos ilícitos por actos de corrupción y delincuencia organizada para destinarlos a programas de desarrollo social. Y otra, que reforma al Código de la Democracia, sobre incorporar la paridad a los órganos directivos de los partidos y hacer obligatorias las primarias para acceder a presidir esos órganos.

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“La propuesta de primarias me parece excelente. Esto obliga a que los partidos alcen el nivel que tienen y el que no, se adapte. Que sean partidos con base, militantes, estructura”, enfatiza la politóloga Molina. (I)