El desarrollo de la era digital conllevó también al aumento de las denuncias por fraude financiero a quienes usan las redes sociales y la web para reclutar a las víctimas y estafarlas.

La estafa piramidal conocida como Big Money, que operaba desde Quevedo (en Los Ríos), es una muestra de cómo se divulgaban a través de internet los beneficios exorbitantes de un 90 % de interés tras ocho días de colocar el dinero.

Incluso, cuando se devolvía el capital se pedía a las víctimas que grabaran un video y lo subieran a la red social Facebook agradeciendo a Miguel Ángel Nazareno (conocido como Don Naza), cabecilla de esta plataforma que fue encontrado muerto el 14 de abril pasado en Quito.

La última operación de captación ilegal identificada se hacía conocer como Grupo Renacer (#GrupoRenacer) y utilizaba también la web como medio de difusión y para atraer a las personas y más coloquen dinero con el ofrecimiento de obtener un alto rendimiento de duplicar el capital que supuestamente se invertía.

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En internet circularon videos como uno en el que una persona con uniforme de policía agradecía a dos personas identificadas como “Don Dieguito” y “Don Marquitos” (quienes serían los líderes de esta organización) por el rendimiento ganado de $ 10.000 a cambio de haber colocado $ 5.000.

En ambas plataformas de captación hay policías y militares que entregaron su dinero a cambio de los réditos ofrecidos.

Uno de los argumentos es que invierten el dinero que captan en las bolsas de valores del mundo con la compra o venta de acciones o en la adquisición de criptomonedas a través de plataformas digitales intermediarias, pero todo es parte del engaño, ya que lo que hacen en realidad es dar la vuelta al mismo dinero que van captando.

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El número de denuncias de casos que se enmarcan dentro de los delitos informáticos se incrementó un 46 % entre 2019 y 2021.

Antes de la pandemia durante el 2019 se registraron 26.785, número que pasó a 27.322 en 2020 y 39.147 en 2021, según cifras de la Fiscalía General del Estado.

El aumento se registra desde el 2018 (con 23.637 casos respecto a los 22.261 del 2017), pero es más pronunciado a partir de la pandemia del COVID-19 cuando se dio un mayor uso de internet en medio de las restricciones de movilidad.

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Ángel Maridueña, economista y profesor de la Universidad Estatal de Milagro (Unemi), afirma que la pandemia ha profundizado la era digital, pero más allá de aquello el problema de fondo es el contexto actual con una economía estancada caracterizada por la falta de empleo.

“La necesidad hace que la gente busque alternativas de financiamiento o de dinero rápido sin medir las consecuencias. Hace falta más de concientización financiera, que existan campañas de estudio y adiestramiento de la población, no es posible que el sistema financiero pague hasta 10 % interanual y no estemos conscientes y creamos en ofrecimientos más allá del 90 % en el corto tiempo, es imposible que un sistema pueda ser perdurable en el tiempo con ese rendimiento”.

Hay once tipos de delitos informáticos identificados en el Código Orgánico Integral Penal, en algunos casos, unos llevan al cometimiento de los otros. Estos son la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, ataque a la integridad de sistemas informáticos, contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos, delitos contra la información pública reservada legalmente, falsificación y uso de documento falso, reemplazo de identificación de terminales móviles, reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles, revelación ilegal de base de datos, suplantación de identidad, transferencia electrónica de activo patrimonial y acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.

A estos se suma el de estafa, que cada vez más incluye el uso de redes sociales e internet para su cometimiento, según los casos denunciados.

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Del total, la estafa es el delito más denunciado. Solo en el 2021 se reportaron 24.050 casos, los que representaron el 60,5 % de los 39.147 delitos informáticos identificados por la Fiscalía durante el año pasado.

El número de estafas subió en las 24 provincias del país, tendencia que sigue en la actualidad con 4.454 casos desde enero hasta el 15 de marzo de este año de los 6.920 delitos informáticos registrados en ese mismo periodo.

El segundo más denunciado es la suplantación de identidad, que también hace uso de las herramientas digitales para la obtención de la información con 6.086 casos durante el 2021.

Desde enero hasta el 15 de marzo último ya se registran 1.170 delitos de suplantación de identidad en el país.

La apropiación fraudulenta por medios electrónicos registra 5.233 casos durante el 2021 y también el número aumentó de forma significativa en las 24 provincias del país. Mientras que entre enero y el 15 de marzo de este año ya se reportan 612 denuncias al respecto.

De falsificación y uso de documentos falsos se denunciaron 3.188 casos durante el 2021 y 589 entre enero y el 15 de marzo de este año.

Judy Tutivén, agente fiscal de la Fiscalía Provincial del Guayas, indica que el aumento responde a un mayor uso de las redes sociales, incluso para hacer negocios como comprar o vender, lo que expone a riesgos.

“Antes las redes sociales eran simplemente para conocer más personas o relacionarse, pero ahora son utilizadas para el comercio. Hay plataformas donde se realiza la compra y venta de artículos, al realizar este tipo de comercio ingresamos nuestra información de las tarjetas de crédito a páginas web donde quedan grabadas, ese es el problema y de allí el aumento de los delitos informáticos”, afirma.

Hacer foto de la tarjeta de crédito o de la cédula de identidad para enviar los datos a través de WhatsApp es una práctica que se realiza para confirmar algún pago, lo que debe erradicarse, agrega.

“Si paso la foto de mi cédula y no hay el cuidado adecuado puede usarse para vender y como muestran mi identidad será más fácil de creer, la gente pagará el dinero en alguna cuenta bancaria y se da la estafa, que es lo que comúnmente sucede”.

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Lo mismo ocurre con los datos de las tarjetas de crédito o de débito. Esta información puede usarse en otras compras porque tienen el número, la fecha de expiración y el código de verificación, asevera Tutivén.

“Sí se puede determinar de forma fiable quién es el destinatario de este dinero porque habrá una cuenta bancaria con un nombre de acreedor, donde tendremos la dirección, su número de teléfono, la fecha que se hizo la transacción y el monto”, asegura la fiscal.

Las organizaciones delictivas son cada vez más eficaces y utilizan el desarrollo de la tecnología para cometer sus fechorías. Incluso, hay casos que dejan sin el servicio de telefonía móvil a la víctima, quien cree que no hay señal, para tramitar un nuevo número de celular con los mismos datos de la persona y solicitar la clave de la tarjeta de crédito o los códigos que llegan al número nuevo y se hacen compras o transferencias fraudulentas.

Hay vulnerabilidad en el país respecto a los delitos informáticos y las estafas, ya que las personas están ávidas de tener un mayor rédito económico. “En la estafa piramidal, por ejemplo, una persona simula un hecho falso que perjudica el patrimonio de la víctima con el fin de que esta última entregue una cantidad de dinero”, afirma Tutivén.

Las primeras personas que inician reciben esos ofrecimientos, pero el resto, la gran mayoría, ya no lo reciben y allí se originan los problemas. “Estas son temporales, no pueden durar mucho en el tiempo porque habrá una ocasión en el que las personas de abajo no tienen el rédito que les ofrecieron”.

Alfredo Velasco, director de Usuarios Digitales, dice que una clave primordial para no caer en las estafas piramidales es no dejarse llevar por el ofrecimiento de ganancias exorbitantes, como las que ofrecían las plataformas Big Money y la del Grupo Renacer. “Todo tiene que ir acorde a la ganancia que efectivamente esté dando a nivel internacional, para así proceder”, indica.

“Las personas reciben mensajes por WhatsApp en los que les ofrecen entrar a estos sistemas fraudulentos a cambio de recibir altos intereses y la gente procede a participar”, agrega.

El uso de la web se da desde apropiarse de bases de datos con los datos de las personas y sus números de teléfonos celulares para hacer estos ofrecimientos, lo que incurre en uno de los tipos de delitos informáticos, el de revelación ilegal de base de datos.

Maridueña afirma que una de las pautas para identificar estas estafas de tipo piramidal es que ofrecen ganancias por encima del interés que paga el sistema financiero regulado.

Más de un 10 % de interés anual genera dudas e incertidumbre acerca del retorno ofrecido, considerando que los tipos de interés que se pagan en Ecuador en cualquier institución financiera legalmente reconocida y regulada se ubican entre el 4 % (30 días plazo) y 8 % (a un año). Máximo 9 % interanual, en las cooperativas de ahorro y crédito puede variar uno o dos puntos porcentuales más”, asevera.

Otra clave es que no existe una mecanismo claro sobre cómo se pagarán los rendimientos y de dónde se obtiene esa ganancia. Y que la magnitud de personas que desean participar del proceso de inversión sugiere la existencia de comisiones por ingreso de nuevos miembros.

En el caso de Big Money, explica Maridueña, se escogió la figura tipo Ponzi, un esquema de estafa que atrae a depositantes o a los colocadores del dinero y que paga utilidades a los inversores iniciales con fondos de los más recientes y no fruto del rédito de la inversión que se divulga realizarán. De ahí que requieren atraer a más personas a través de la publicidad.

“Es un sistema que depende mucho del flujo de personas que ingresan. Al principio puede resultar efectiva la transacción y por ende el comentario y el efecto rebote positivo, pero después se ve afectado porque de alguna manera está contemplado para una pirámide con intervalos. Si pasa de ese intervalo y la gente no empieza a pagar se afecta la cadena, hay pocos flujos de dinero de la agencia hacia las personas y explota”.

La difusión es preponderante en estos procesos, ya que los primeros que depositan sí reciben el rendimiento ofrecido. Estos se convierten en los principales publicistas gratuitos de esta captación ilegal de dinero a través de sus perfiles sociales, viralizando videos y el boca a boca.

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La actividad se realiza sin ningún tipo de regulación, pues las únicas entidades que legalmente pueden captar dinero son las reconocidas por la Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria.

Para identificar si la empresa que capta dinero es legal ingrese al portal de la Superintendencia de Bancos (https://www.superbancos.gob.ec/bancos/) o el de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (https://www.seps.gob.ec/) y observe el listado de las instituciones financieras reguladas por estos dos organismos.

Ambas entidades publicaron además el listado de entidades que no se encuentran registradas por lo que no están autorizadas para realizar la actividad de intermediación financiera.

En el catastro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) no están autorizadas un total de 93 entidades, lo que evidencia el alcance que tiene en el país el delito de la captación ilegal de dinero.

Estas tienen nombres relacionados con las finanzas como Financiera Ahorro y Crédito Metrópolis, Cooperativa Latacunga LTDA, Corporación Financiera 4 de octubre. Conozca el listado completo haciendo click aquí.

La Superintendencia de Bancos también publicó el listado de las entidades no reguladas por ese organismo de control. Hay un listado de las detectadas por año. Solo durante lo que va del 2022 ya suman once. Haga click aquí para que observe el listado completo.

La SB “tiene conocimiento que existen algunas empresas e instituciones que a través de diversos mecanismos como correos electrónicos, paginas web, hojas volantes, etc., gestionan y comercializan productos crediticios, de inversión, para empresarios, microempresarios, comerciantes, jubilados, agricultores, transportistas y empleados, a bajas tasas de interés, sin requerimiento de garantías y sin cumplimiento de requisitos adicionales mínimos”, indica el organismo.

La situación se complica cuando se desbarata la operación con la intervención de la policía y el sistema judicial, lo que es positivo ya que detiene más captaciones de dinero y alerta a la ciudadanía, pero por lo general la mayoría de los que invirtieron pierden finalmente el dinero ya que es imposible recuperarlo.

“Al no estar reguladas de manera formal no existen registros debidamente documentados para garantizar una cobertura por fraude financiero. Adicionalmente, una empresa que se dedica de forma ilegal a la intermediación financiera no participa de la cobertura de depósitos que ofrecen instituciones como el Banco Central del Ecuador, vía encajes bancarios, o la Corporación de Seguro de Depósitos (COSEDE). Por lo cual, no habría fondos para realizar la devolución”, añade Maridueña.

Hay estafas registradas en torno a la compra de criptomonedas, lo que configura el delito de estafa. “Hay personas que dan su dinero a otros para comprar criptomonedas, pero nunca las recibieron por lo que perdieron lo invertido. Como estas no son de curso legal en Ecuador no hay institución legalizada para la venta o compra de las mismas, entonces las víctimas tienen que confiar en otras personas que dicen tener acceso para adquirirlas y allí suceden las estafas”, dice Tutivén.

La mayor parte de las denuncias que involucran el uso de internet y que se enmarcan dentro de los delitos informáticos y las estafas no llegan al proceso de sentencia.

El 74 % de los casos registrados entre 2014 y el 15 de marzo de este año se quedaron en el proceso de indagación previa o quedaron archivados.

“Hay que denunciar y terminar el procedimiento legal. Muchas veces solo ponen la denuncia porque es necesario, ya que la tarjeta o la cédula puede ser usada en otros delitos, pero hasta allí dejan el proceso, ese es el problema de la aglomeración, sin resultado final”, asevera Tutivén.

Con el auge de la era digital cada vez más personas bancarizadas usan aplicaciones que están conectadas con sus tarjetas de crédito o débito para hacer compras. A través de una de estas herramientas que ya no está en el mercado se hicieron varias estafas durante el año pasado.

Una mujer recibió mensajes por un consumo de $ 4.171 de la compra de una refrigeradora y laptop el 21 de junio de 2021. La afectada se acercó con la policía al local de venta de electrodomésticos donde se estaba realizando la transacción comercial y se detuvo al hoy acusado.

La víctima tuvo el tiempo para llamar al banco, identificar el local donde se realizaba la compra y acudir porque antes del consumo aceptado se dieron dos intentos que fueron rechazados con 20 minutos de diferencia cada uno.

Además, tras autorizar el pago pues hubo demora ya que había que sacar el artefacto grande de dos puertas y transportarlo, lo que dio tiempo a la víctima de llegar.

El caso llegó a la audiencia de juzgamiento bajo el delito de apropiación fraudulenta por medios electrónicos y estafa, añade Tutivén. “La persona que quería realizar la estafa tenía todos los datos crediticios de la tarjeta de crédito de la víctima guardados en la aplicación que ya no existe justamente porque era insegura”.

El pago a través de esta aplicación, que usaban los clientes de uno de los principales bancos del país, era como escanear un código de barras con el que se autorizaba la compra. “El aplicativo ya no existe dentro del mercado, cuando cargabas el valor no aparecía ni el nombre ni la cédula de quien hacia el pago”, dice Tutivén.

El acusado recibió una sentencia condenatoria de siete años de cárcel, que es la condena máxima para un delito de estafa, pero fue una excepción ya que la mayoría de los casos no llegan a esta etapa.

De los 200.866 delitos informáticos y de estafa registrados entre 2014 y el 15 de marzo de este año, apenas 1.705 tuvieron una sentencia condenatoria. (I)