Las cámaras de videovigilancia son cada vez más comunes en casas y negocios privados de las ciudades del país. Con ellas se captan hechos delictivos, como el homicidio de la dueña de una farmacia ubicada en Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. El local permanece cerrado desde que ocurrió este crimen en enero pasado.

En los comercios de los alrededores, los que también tienen cámaras que enfocan al exterior e interior, hay zozobra por las extorsiones (vacunas) de parte de las bandas delictivas que operan en la zona. La asesinada justamente fue víctima de un supuesto extorsionador.

La videovigilancia indiscriminada

También hay amenazas con el fin de que no se entregue a las autoridades, de ser el caso, más videos de esta muerte violenta captada desde otros ángulos por el resto de cámaras.

Tras el fallecimiento de la propietaria de la farmacia las puertas enrollables o rejas del resto de los establecimientos comerciales se cierran después de la una de la tarde en esta bulliciosa esquina de la ciudad, justamente para evitar las extorsiones y amenazas.

“Yo no voy a entregar mis videos, si me piden diré que mi cámara estaba apagada. Uno expone la vida. Aquí llegaron a cobrarme vacunas. Fui a la policía y me dijeron que pague nomás si quiero estar tranquilo”, dice el dueño de uno de estos negocios.

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Las dos cámaras que hay en su local sí están operativas y conectadas a internet para ver lo que captan en tiempo real a través del celular. “Son solo para uso personal y por seguridad mía, aunque ya a los delincuentes no les importa nada, igual nos amenazan”, refiere este hombre que pide mantener la reserva de su nombre.

Una situación similar se vive en el sur de Guayaquil. El dueño de un almacén de repuestos recibió amenazas extorsivas y como se negó a pagar le colocaron una bomba en el mesón de su negocio, el 7 de enero pasado. El hecho fue captado en video.

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El presunto extorsionador envió también imágenes de los disparos que hizo a la fachada de la casa del dueño del almacén.

“En el que nos pasaron solo se ve el arma y los disparos contra la vivienda, no se ve quién dispara. Pedimos a nuestros vecinos que nos ayuden con sus cámaras para identificar al que nos amenaza, pero no quisieron ayudarnos”, afirma uno de los hijos del afectado.

Esta familia hizo finalmente un pago de 2.500 dólares a la banda delictiva que los extorsionaba. Desde entonces ya no han regresado, agrega el hombre.

Cámaras sujetas al techo de los establecimientos o colocadas desde las esquinas adentro de cajas metálicas o tras enrejados son comunes en casas y negocios de las zonas comerciales y populares como Monte Sinaí, Juan Montalvo, Esteros, Pradera, Mapasingue, Bastión Popular y Florida.

El penalista Julio César Cueva indica que los propietarios de estas cámaras están obligados a entregar los videos que capten si la Fiscalía General del Estado lo pide como parte de la investigación de los hechos delictivos.

“Estas imágenes grabadas de forma espontánea tienen valor probatorio y no hay una prohibición de tenerlas e instalarlas en las casas o negocios privados”.

El art. 471 del Código Orgánico Integral Penal indica que “no requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografía relacionadas a un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación social, por cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares en lugares públicos y de libre circulación...”.

“La gente está obligada a entregar los videos si el fiscal lo solicita bajo el principio de colaboración con la justicia. Si hay una negación, el fiscal puede pedir al juez el allanamiento para recoger evidencia y allí se pueden conseguir las imágenes”, afirma Cueva.

Los videos son parte de los procesos de investigación de robos, muertes violentas u otros hechos delictivos, pero el problema se centra en la calidad de estos, agrega.

“Son una herramienta para identificar a los responsables, pero la mayoría son de baja resolución y es muy difícil hacer la identificación humana de forma plena. La gente las coloca sobre todo como disuasión, pero se ha llegado a tal nivel de impunidad que a los delincuentes no les importa e igual cometen sus fechorías”, reconoce Cueva.

Hay casos de robos que no son denunciados a la Fiscalía, pero quedan captados en los videos de las cámaras privadas. Ocurre en una de las herraduras de la décima primera etapa de la Alborada, en el norte de Guayaquil. Las cámaras de una de las casas han captado robos de repuestos y accesorios de los vehículos estacionados.

Alberto, dueño de la propiedad, afirma que sus cámaras grabaron en febrero del 2022 el momento cuando el empleado de un almacén de telas se llevó una maquinaria. “El dueño nos pidió que le ayudemos con el video. Él mismo le había dado las llaves y en las imágenes todo se ve de lejos, sí le entregamos, pero igual ni se denunció”.

Las cuatro cámaras que tiene las compró en 300 dólares. Solo paga el servicio de internet del hogar, ya que los dispositivos deben estar conectados a una red para ver en tiempo real.

La capacidad es de un terabyte, lo que permite grabar durante dos meses captando de forma continua las 24 horas. De ahí se borra y graba encima.

El ingeniero eléctrico y experto en videos Jesús Vega afirma que en el mercado nacional hay cámaras para colocar en el interior o exterior de los negocios y casas que cuestan desde 11 dólares cada una.

Estas son las más básicas, tienen una menor resolución de calidad y no poseen la función de conectarse a internet. La mayor parte de estas son las que se colocan en los negocios de las zonas populares de Guayaquil.

Requieren de un videograbador y de un disco de almacenamiento cuyos costos son de 40 y 50 dólares, en su orden, dice Vega.

Las cámaras que se instalan en casas o locales pueden ser análogas, inalámbricas o las que tienen la característica IP. Las primeras son las más económicas y básicas. “Las IP son más caras, pero tienen mejor resolución e imagen. Las inalámbricas no tienen cableado y se conectan a la red wifi doméstica”, asegura el especialista.

Las análogas, dice, graban las imágenes, tienen detección de movimiento y funcionan conectadas al videograbador con un disco duro que por lo general es de un terabyte de almacenamiento (que es mil gigas para que las cuatro cámaras graben durante un mes).

Las cámaras IP, en cambio, generan una señal digital y la grabación puede quedar almacenada en la nube con el uso de aplicaciones virtuales.

Un video sacó de la cárcel a un conductor acusado de lesionar a un motorizado en un siniestro de tránsito

Carlos (nombre protegido) conducía su camioneta por el sector de Las Esclusas, en el sur de Guayaquil, cuando cerca de las 17:00 de un día de enero del 2014 un motociclista intentó rebasarlo por el lado izquierdo a toda velocidad. Al hacerlo, el hombre de la moto chocó su rueda delantera contra el muro del carril de la Metrovía.

“El tipo perdió el control y cayó frente a mí. Todo fue tan rápido que no alcancé a frenar y solo sentí que las llantas del carro pasaron por encima de algo. Al frenar me di cuenta de que era el motorizado al que le había pasado dos ruedas”.

Carlos se bajó de la camioneta y se acercó al hombre tendido en la calle: “Las personas que se aglomeraron me dijeron que me vaya, que yo era inocente. Pero justamente porque era inocente decidí quedarme, no me fui”.

Sin embargo, fue detenido para investigaciones y pasó casi seis meses en la cárcel: “Pensé que me iban a liberar rápido, pero la familia del motorizado me acusó de ser el culpable del accidente, me pidió una indemnización de $ 40.000 y querían que me condenen a más de diez años de cárcel”.

Al observar este escenario, la hija de Carlos indagó si había más testigos del hecho y encontró una casa que tenía cámaras de seguridad justo en el área donde fue el accidente: “Yo tenía cuatro meses en la cárcel cuando nos enteramos de las cámaras porque en ese sector no había ojos de águila. Mi hija pidió el video y por suerte la familia no lo había borrado. Al principio no querían colaborar por desconfianza, pero mi hija les explicó y hasta les lloró y allí accedieron a darlo”.

En las imágenes se comprobaba que Carlos era inocente y que el siniestro de tránsito fue provocado por la imprudencia del motorizado.

“Al ver el video ellos (los familiares del lesionado) entendieron y llegamos a un acuerdo. Lo presentamos al juez y me liberaron. El chico lastimosamente quedó parapléjico”. (I)