Organizar mesas técnicas para identificar las necesidades de las cárceles y coordinar acciones interinstitucionales para elaborar un plan estratégico y de unidades de garantías penitenciarias para analizar la situación carcelaria del país fue el objetivo de una mesa de trabajo que convocó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a autoridades de las funciones Ejecutiva y Judicial.

A la cita realizada la mañana de este miércoles asistieron el presidente de la CNJ, Iván Saquicela; la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado; los cuatro vocales del CJ; el fiscal general subrogante Wilson Toainga; y los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

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Jueces nacionales penales y jueces de unidades de garantías penitenciarias también participaron en la cita convocada por el presidente de la Corte Nacional, quien dijo que este tipo de iniciativas sirven para profundizar en aspectos jurisdiccionales y normativos, así como reconocer la labor de los jueces penitenciarios.

“Estamos reunidos para coadyuvar a mejorar la situación de las cárceles del país y aportar a la seguridad ciudadana”, apuntó Saquicela, al tiempo que informó que luego de la plenaria con las autoridades y sus equipos técnicos se presentarán las conclusiones respectivas y una propuesta para reformar el Reglamento de Rehabilitación Social.

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Para Saquicela, uno de los nudos críticos es que hay un número escaso de jueces de garantías penitenciarias y esto conllevaría, a su decir, a que no puedan resolverse de forma oportuna los beneficios penitenciarios y se contribuya al hacinamiento carcelario en Ecuador.

Maldonado, por su parte, aseguró que el CJ ha comprometido su labor en el ámbito penitenciario y como muestra de ello explicó que en el 2019 otorgaron al país jueces de Garantías Penitenciarias, bajo el procedimiento de optimización de juezas y jueces. Recordó que desde la vigencia de la Constitución del 2008 no se había logrado entregar estos servidores judiciales, que actualmente se encuentran en las provincias de Cotopaxi, Guayas, Manabí y Azuay, donde se registra la población carcelaria más alta del país.

La vocal del CJ Maribel Barreno mencionó que esta instancia de gobierno del sector justicia ha realizado un estudio denominado Plan de Fortalecimiento e Implementación de las Unidades de Garantías Penitenciarias, con el que se busca analizar la carga procesal de cada juez.

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La propuesta de la Corte Nacional es realizar un diagnóstico general desde la visión de las diferentes instituciones y a partir de estas construir propuestas que permitan transformar el sistema carcelario del Ecuador.

Según la CNJ, las mesas de trabajo integradas por las autoridades y un equipo técnico abordarán tres ejes prioritarios: organización del sistema de rehabilitación social; el sistema de progresividad, penas no privativas de libertad y dispositivos de vigilancia electrónica; y el libro de ejecución establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Los acuerdos resultados de esta primera jornada serán parte de un documento que será entregado al presidente Guillermo Lasso y a las instituciones competentes, para que realicen el análisis respectivo. (I)