Jorge Yunda se mantiene en la alcaldía en medio de investigaciones previas, denuncias y un llamado a juicio por peculado con casi 100 días sin fecha para audiencia

Casi 100 días han pasado de que el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, llamó a juicio al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y trece personas más acusadas del delito de peculado ocurrido en la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19, realizada por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, y hasta el momento no se ha fijado audiencia de juzgamiento.

Yunda fue llamado a juicio en calidad de autor mediato del delito de peculado; mientras que como autores directos Lenín Mantilla, exsecretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), y Juan Alejandro Vinelli, gerente de la empresa Salumed S. A., con quien contrató la compra de pruebas el Municipio de Quito.

Los restantes once procesados, entre quienes están la exsecretaria de Salud del DMQ Ximena Abarca y la ex coordinadora técnica de la Secretaría de Salud Linda Guamán, fueron acusados por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, como coautores del delito de peculado.

El llamado a juicio fue emitido por Jhaya el 30 de abril pasado y quince días después, por sorteo, los jueces provinciales Wilson Lema, Fabián Fabara y Carlos Figueroa quedaron a cargo de la etapa de juicio. Para el 18 de junio último el Tribunal quedó sin uno de sus miembros, Carlos Figueroa, debido a que se excusaba de conocer la causa.

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En su excusa, Figueroa señaló que toda persona tiene el derecho a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente. La decisión se basa en que una de las causas de excusa referidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es que el juzgador sea cónyuge, pareja en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes.

Según Figueroa, su hija comparece como directora de Patrocinio de la Contraloría General del Estado al proceso penal que se le sigue por peculado a Yunda y eso genera una incompatibilidad con los principios constitucionales de imparcialidad, uniformidad y eficacia, que rigen la administración de justicia.

Aunque Nicolás Salas, abogado de Ximena Abarca, asegura tener los elementos documentales, periciales y testimoniales para comprobar en audiencia que su defendida es inocente del delito de peculado, a él sí le causan preocupación los tiempos que no solo se han tomado para el sorteo del Tribunal, sino también para definir una fecha en que se dé la audiencia de juzgamiento.

Ya se dio el sorteo del juez provincial que reemplazará a Figueroa y quedó en su lugar el juez Miguel Narváez, quien también se excusó. Este último ya conoció la causa Yunda por peculado, pues fue parte del Tribunal de Apelación que, en marzo pasado, con un voto de mayoría sustituyó la orden de prisión preventiva para Ximena Abarca y otras dos personas por la medida de presentación periódica.

Tras esta última excusa y nuevamente otro sorteo, la también jueza provincial Patlova Guerra será quien integre el Tribunal de Juicio que trate el caso que puede terminar en una sentencia de cárcel de diez a trece años, como lo define el artículo 278 del COIP, que habla del peculado.

Paralelamente a este llamado a juicio, que es el único caso que ha pasado de la fase preprocesal de investigación previa, Yunda también es investigado por otros delitos, por ejemplo, por la omisión de medidas de protección a personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, el cual habría ocurrido en las protestas de octubre del 2019 y por el que lo denunció en la Fiscalía el excandidato a prefecto de Pichincha Marcelo Hallo.

Además el alcalde Yunda es indagado de forma previa por el delito de delincuencia organizada relacionado a contratos de repavimentación con el Municipio de Quito y en el que se investiga la participación de otras seis personas, entre ellas, cuatro exgerentes de empresas públicas municipales y dos gerentes de las empresas privadas Geinco e Inmosolución.

El 15 de junio pasado, el excandidato a la alcaldía de Quito César Montúfar y el concejal Fernando Morales presentaron en la Fiscalía una denuncia por delitos como delincuencia organizada y peculado contra del alcalde Yunda, entonces gerentes de las empresas públicas Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y gerentes de las empresas Inmosolución y Geinco.

“A través de proyectos llevados adelante por las empresas de Agua Potable y Obras Públicas y a través de una triangulación, en la que se buscó evadir un sistema de contratación pública vía concurso y licitación, se transfirió a través de la figura de subcontratos a la empresa Geinco gran parte de proyectos, aproximadamente de $ 51 millones para la repavimentación de Quito y en obras de agua potable y alcantarillado”, dijo Montúfar.

La denuncia se dio luego que la Contraloría General del Estado (CGE) determinó que en la Epmaps hay indicios de responsabilidad por la contratación de un servicio de desinfección de instalaciones, así como por la adquisición de equipos de protección para sus más de 800 trabajadores. Se indagaba además una transferencia de $ 1,3 millones al exterior. La CGE también estableció irregularidades en un contrato de repavimentación de vías en Quito.

Ninguno de estos casos en los que Yunda aparece como persona sospechosa de haber participado en una ilicitud ha pasado a la fase procesal de instrucción fiscal, por lo que se mantienen en fase reservada de investigación previa. En esa misma fase está el caso por el delito de delincuencia organizada que se abrió el 1 de abril pasado contra su hijo Sebastián Yunda Yunda.

Esta investigación se inició por información recabada en los teléfonos encontrados en allanamientos a la vivienda de Jorge Yunda, los cuales fueron parte del proceso por peculado por irregularidades en la adquisición de pruebas PCR. Pericias evidenciaron comunicaciones y conversaciones por mensaje de WhatsApp entre Sebastián Yunda y funcionarios municipales y privados en los que se revelarían negociados, ubicación de personas en cargos municipales, así como otros ilícitos que relacionarían a temas del Municipio de Quito.

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Para Jorge Yunda su hijo es un mayor de edad que deberá responder por lo que haya cometido. El chatear con funcionarios que ya fueron separados del Municipio, por desobedecer sus órdenes de que no debían contestar a un familiar, fue calificado por Yunda como un “error gravísimo”.

A estos temas de carácter penal Jorge Yunda suma la denuncia por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente interpuesta, la tarde del domingo último, por Carolina Moreno, una de las ciudadanas que impulsó el proceso de remoción contra Yunda. Jessica Jaramillo fue otra de las integrantes del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito que planteó la salida de Yunda de la alcaldía.

Moreno, junto a su abogado Edison Burbano, denunció a Yunda en la Unidad de Flagrancia de Quito por incumplir la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de ratificar la remoción como alcalde y seguir ocupando ese cargo de alcalde del DMQ y seguir emitiendo actos administrativos.

La denuncia se presenta con base en el artículo 282 del COIP que habla del incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Carolina Moreno asegura que la resolución del TCE es última instancia al haberse tratado de un proceso de remoción conforme lo establece el Código de la Democracia.

Aunque no se conoce si Jorge Yunda es uno de los investigados, en la Fiscalía también se encuentra abierta una investigación previa por el delito de asociación ilícita debido a las irregularidades que se habrían detectado en los procesos de sorteo de la acción de protección y el pedido de medidas cautelares planteado por Yunda para evitar que se concrete su remoción como alcalde.

Por ese caso, el Consejo de la Judicatura suspendió a los jueces Belén Domínguez y Carlos Soto y a cuatro funcionarios judiciales que aparentemente intervinieron en los sorteos de las causas. Gabriela Beltrán, una de las servidoras judiciales suspendidas, aseguró que no tiene nada que ver en el caso, debido a que le falsificaron su firma y usaron ilegalmente sus claves institucionales. (I)